Presidente de la CIDH: “Estamos viendo un espacio preocupante, de incidencia hacia quien defiende DDHH”

-El Estado peruano solo ha cumplido plenamente con una de las 36 recomendaciones que le hizo la CIDH en su informe sobre la situación de derechos humanos durante las protestas sociales. Y en varias no cumplió nada. ¿Qué mensaje envía con esa actitud?

La Comisión, al evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes, usa una metodología muy clara para ver por donde el Estado puede ir respondiendo, pero también acompaña en lo que hace falta. Es decir, las evaluaciones o los seguimientos que hace la Comisión, o la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones, no es para determinar una calificación solamente, aunque metodológicamente ayude, sino es para observar el impacto de lo que está ocurriendo con un determinado informe de fondo, de país, temático. Y, claro, los informes de fondo también sirven para ver si el caso va a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero el afán es de poder ayudar en la situación de los derechos humanos en ese país, no de descalificar al Estado. O sea, la calificación del cumplimiento de las recomendaciones no es determinante para el diálogo.

-¿Por qué no habrá cumplido? ¿El Estado no pidió la ayuda de la Comisión?

Es muy difícil que yo le responda por qué, pues está en el espacio de decisión de los Estados y la implementación de los estándares de derechos humanos. A nosotros, lo que sí nos toca, es hacer recomendaciones que puedan cumplirse claramente, que sean medibles, digamos, en su cumplimiento. Lo que nos toca es tener la consideración sobre las recomendaciones de la sociedad civil, entender lo que está pasando en la situación del país y lanzar las recomendaciones a los Estados sin dejarlos solos, sino acompañarlos en su cumplimiento.

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-Los familiares de las víctimas de las protestas demandan acceso a la justicia. Son dos años y ha habido muchas trabas. Se acaban de cambiar a los fiscales que estaban viendo estos casos y temen que eso haga todo más lento, y ahora tendrán problemas para seguir con sus abogados por la ley llamada anti-ONG que se acaba de promulgar. ¿Cómo ven ese caso?

-Además de ver los casos particulares sobre los que la Comisión se pronunciará en su momento, de manera general nosotros estamos viendo un espacio fuerte, preocupante, de incidencia hacia quien defiende derechos humanos y hacia las organizaciones de la sociedad civil a través de la cancelación de registros, a través del no reconocimiento de su personalidad jurídica, a través del uso de la legislación para reconducir apoyos económicos, a través del amedrentamiento para que no puedan llevar casos. Esto es una preocupación que tenemos, pero que está cruzada en la región y creo que la Comisión lo que ha hecho y tiene que hacer es ver y atender cada caso particular. No creo que se pueda generalizar, sino que puede encontrar una vía específica por la cual se está pretendiendo disminuir la eficacia de la defensa de los derechos humanos, pero en cada caso lo dirá con oportunidad, con prestancia, con claridad, como lo ha ido haciendo durante todo el tiempo con respecto a los países.

-Se ha convocado a una audiencia para el 22 de mayo en el que la ong Demus debe participar sobre el caso de las esterilizaciones forzadas, pero ellos han señalado que lo impide la ley anti-ONG ¿Cómo queda la defensa de las víctimas?

-Quien va a tener periodo de audiencias en Guatemala es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí va a revisar los casos. Entonces eso sería parte del trabajo de la Corte. A la Comisión le corresponde ir a las audiencias a llevar la voz también de lo que ha hecho para mandar un informe de fondo y advertir las violaciones a los derechos humanos.

-El informe anual de la CIDH reconoce ciertas acciones positivas como alguna normativa contra discriminación, pero en líneas generales ¿cómo ve los avances del Estado?

Nosotros siempre saludamos lo que ha pasado, usted ha dicho algunos ejemplos. El informe anual en caso de Perú es extenso porque no solamente se reconocen los avances que, de manera general, se ha dado en las distintas temáticas, también lo que está impactando en la situación de los derechos humanos y que vemos con preocupación, usted ya dijo el ejemplo en la institucionalidad democrática y en lo que se ha pronunciado la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sobre el tema de la memoria, verdad y la justicia, por esta ley retroactiva para dejar en la impunidad graves violaciones a derechos humanos. Además, también en el capítulo quinto sobre el informe de la visita por las protestas de 2022, hay un seguimiento de las recomendaciones. Perú merece la atención de manera muy fuerte en el informe de 2024 con pronunciamientos que dan la bienvenida a política del Estado que ha sido benéfica para los derechos humanos.

-En varias audiencias, representantes de las víctimas han pedido que se incluya a Perú en el capítulo donde están Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no han considerado hacerlo…

Pues la Comisión hace una evaluación muy puntual de los países y de sus circunstancias para incorporarlos al capítulo 4B como marca el reglamento en su artículo 59. El reglamento es muy claro de qué criterios  y qué caminos debe seguir la Comisión Interamericana para esa inclusión. Yo le diría que hay un análisis muy serio, muy destacado, con mucha información de lo que vemos y de por qué un país se incluye o no en ese capítulo.

-Porque si en el informe han advertido injerencia del Congreso en varias instituciones lo que pone en peligro del Estado de Derecho y la democracia, como la persecución del año pasado a la Junta Nacional de Justicia, y la ley de impunidad ¿Por qué no ha merecido un llamado más fuerte?

El llamado sí ha estado, en los ejemplos que usted ha dado, la Comisión ha empleado todos sus mecanismos. No necesariamente el que no esté un país en el capítulo 4B implica que la Comisión esté dándole una nota de un compromiso absoluto con los derechos. Más bien, lo que tenemos que ver es lo que se está haciendo en cada una de las circunstancias. Y cada uno de los temas, como ha sucedido con Perú, ha merecido una opinión y el monitoreo y la supervisión de la Comisión Interamericana.

¿Habrá algún pronunciamiento adicional por la promulgación de la ley anti-ONG?

Estamos en el análisis de todo. Créanme que todo merece la consideración de la Comisión Interamericana. Y hay elementos que todavía estamos perfilando y por eso no ha salido la comunicación, pero estamos en ello.