El papa Francisco suprime al Sodalicio de Vida Cristiana por incubar “un sistema sectario abusivo” y por falta de carisma original

Escribe Paola Ugaz.

Al día siguiente del inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, se oficializó la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana en una ceremonia conocida como la “intimación” es decir la entrega del documento firmado por el papa Francisco y sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio del que depende el Sodalicio a una autoridad sodálite, que en este caso será Enrique Elias Dupuy.

Según las fuentes, además del Sodalicio se suprimirá el brazo laico de laico de la organización, el Movimiento de Vida Cristiana, con sede en Estados Unidos, Filipinas, Ecuador, Colombia, Brasil, Italia, Chile y Costa Rica. Se suprime por vez primera en la iglesia católica a una organización en base al trabajo revelado por los periodistas en base a los testimonios de sus víctimas por falta de carisma original y por incubar “un sistema sectario abusivo”. 

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Si bien el documento de la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana fue firmado por el papa Francisco y Sor Simona Brambilla el 14 de enero pasado, el documento recién será “intimado” con los sodálites porque se esperaba tener la lista de bienes a nivel mundial de la organización y sus cuatro ramas, recuperar lo que está escondido en manos privadas y evaluar de ser el caso la reparación a los sobrevivientes. 

La grave enfermedad del papa Francisco y que casi acaba en su muerte a mediados de febrero, dio esperanza al Sodalicio y sus capitostes para superar su crisis terminal, y por esa razón, el exobispo de Piura y Tumbes y miembro de la generación fundacional del Sodalicio, José Antonio Eguren y otros, han intentado recurrir sin éxito a su expulsión decretada por el Dicasterio de Obispos que dirige el cardenal y exobispo de Chiclayo, Robert Prevost.  

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Felizmente, Francisco sobrevivió y ahora lo vemos circulando en silla de ruedas como señal a la feligresía que sigue vivito y rodando, mientras a la curia vaticana les señala que sus órdenes, es decir, la supresión del Sodalicio se deben de cumplir a rajatabla. Estas engloban además el nombramiento de comisario de monseñor Jordi Bertomeu del Sodalicio y sus ramas.

Veinticinco años después de la primera denuncia contra el Sodalicio realizada por el periodista José Enrique Escardó, una misión especial enviada por el Vaticano; obispo de Malta, Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, investigó lo que hizo en Perú y sobre la valoración de esas pesquisas se decidió la supresión del Sodalicio. 

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Otro de los hechos que movieron la balanza en contra del Sodalicio fueron las campañas de desprestigio y las demandas contra los religiosos que fueron identificados por el Sodalicio como enemigos de la organización: el cardenal Robert Prevost que firmó la salida de Eguren y los miembros de la misión especial, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.  A Bertomeu se le demandó en la fiscalía de Jesús María por el presunto delito de violación del secreto de oficio. Los denunciantes intentan negarle la condición diplomática que le ha reconocido el Estado peruano. 

Desde que en el Vaticano se conoció la dimensión del daño reputacional a la iglesia católica en Perú, empezaron las malas noticias para el Sodalicio: el 2 de abril del 2024 se le obligó a renunciar a uno de los poderes fácticos de Piura y muy amigo de Alan García: Jose Antonio Eguren. Desde ese momento hasta hoy pasaron cosas inimaginables como la expulsión del fundador Luis Fernando Figari y de la persona más poderosa de la organización: Jaime Baertl, también muy amigo de Alan García.

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De modo similar a los “Legionarios de Cristo” en México, el Sodalicio abusó de sus miembros y acumuló una fortuna en base al Concordato firmado entre Perú y el Vaticano en 1980. El tratado le permitió al sacerdote del Sodalicio, Jaime Baertl Gómez, construir una red financiera de negocios en donde hay nueve cementerios en todo el país, colegios, una universidad, empresas inmobiliarias, agroexportadoras, mineras y hasta una productora de teatro. Parte de la fortuna del Sodalicio calculada en mil millones de dólares en bienes está protegida en un fideicomiso de Acres investment del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según advirtió a fines de marzo el ex Procurador del caso Fujimori-Montesinos y abogado de exmiembros del Sodalicio, José Ugaz al Secretario de Estado, Pietro Parolin.

“Usaron el Concordato firmado entre Perú y el Vaticano para que el negocio de cementerios sea viable en connivencia con los obispos de Lurin, Carabayllo, Piura y Callao”.  También señala Ugaz que el Sodalicio “ha constituido cuatro empresas offshore, algunas operando como sociedad civil y canónica en los Estados Unidos desde la parroquia Holy Name, en Denver, Colorado, y que funcionarían bajo los nombres de. Providential INC, Foundation Santa Rosa y Christ in the City”.

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Francisco cumple sus promesas

“El mensaje para el Perú es que el tema de las víctimas del Sodalicio para Francisco no va a pasar impune. Es un mensaje directo del papa a las víctimas que el pontificie cumple sus promesas. A diferencia que en los casos de (Fernando) Karadima en Chile o (Marcial) Maciel en México en que no llego a concretarse en vida una sanción tan drástica”, dice a LA REPÚBLICA, el sociólogo y exministro José Luis Pérez Guadalupe, al tiempo que agrega, “se le dice al fundador (Luis Fernando Figari) que está vivo, que no hubo carisma. Lo que mal empieza, mal acaba y ese es el mensaje universal. Por más que tengas conexiones y dinero, si no hay carisma no tiene sentido la existencia de ninguna organización católica. Todo lo que fundó Figari también se cierra con ese argumento: no hay carisma”. 

“Reivindicación a las víctimas”

Para el primer denunciante, José Enrique Escardó, “la supresión del Sodalicio es un acto que significa una reivindicación a las víctimas y sobrevivientes en los ámbitos de la reparación (en especial para los que siguen siendo católicos o tienen esperanzas de que la Iglesia cambie) y la prevención. Sin embargo, en el campo de la justicia civil y penal aún falta hacer la conexión entre las medidas del Vaticano y los estados de los países donde el Sodalicio ha estado presente”. “No basta con una sanción de carácter sobrenatural y la esperanza de un castigo escatológico. Las víctimas y sobrevivientes esperamos que los mecanismos legales se activen y cumplan con su deber de permitir a cada afectado acceder a la justicia y lograr penas efectivas y proporcionales al daño realizado por cualquier persona que violente a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables”, explicó. 

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Para el periodista se debe entender el concepto de reparación, “no como una transacción económica, sino como un proceso de sanidad integral, ya que cada sobreviviente tiene afectaciones y necesidades distintas. El Estado peruano ha mostrado su peor rostro en el caso Sodalicio. No hay caso más vergonzoso en la historia de la justicia peruana”. 

En tanto, el excongresista y presidente de la comisión del Congreso que investigó al Sodalicio, Alberto de Belaúnde, dijo a LA REPUBLICA que “se trata de un momento histórico. Pienso en los sobrevivientes, denunciantes y sus familias, espero que este acto de justicia los ayude. Espero también que esto marque un nuevo capítulo en la manera cómo la Iglesia Católica enfrenta estos casos de abuso, que de ahora en adelante puedan reaccionar de forma oportuna y más empática”.

“La gran tarea pendiente sigue siendo la prevención y la respuesta rápida. Al enfrentar estos casos no debería de ser relevante el credo, la ideología o la condición económica de los involucrados. La impunidad hace mucho daño”, finalizó De Belaúnde.