Exdirectores ejecutivos de la APCl alertan sobre los peligros de la ley anti ONG y aseguran que es inconstitucional

Distintos exdirectores ejecutivos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) se pronunciaron sobre la ley anti ONG promulgada por el Congreso de la República. Los exdirigentes de la APCI calificaron la ley como inconstitucional y carente de rigor técnico. Asimismo, aseguraron que su aprobación presenta un vicio claro, ya que la APCI fiscaliza adecuadamente los fondos de cooperación que ingresan al país, sin que haya cuestionamientos por parte de la Contraloría.

Los firmantes también advirtieron que la norma podría restringir el financiamiento de actividades informativas en procesos electorales y lamentaron que no se consultara a expertos en su redacción. Además, denunciaron que la sobrecarga administrativa desnaturalizaría la función de la APCI, afectando la captación de cooperación internacional. Finalmente, alertaron sobre el impacto negativo que la medida podría tener en la imagen internacional del Perú.

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"Existen numerosas otras observaciones al proyecto de ley que ameritan una cuidadosa revisión constitucional y legal, así como un análisis técnico basado en las mejores prácticas internacionales. Estamos convencidos de que, a través de una discusión concertada sobre todas estas dimensiones, avanzaremos hacia el objetivo final de fortalecer la eficacia, la supervisión y la fiscalización de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), respetando el marco constitucional y legal, el debido proceso y los valores fundamentales que compartimos con las naciones amigas que solidariamente aportan sus recursos para promover el desarrollo socioeconómico del Perú", señala el comunicado.

Este pronunciamiento fue firmado por José Antonio González Norris, Agustín Haya de la Torre, Juan Velit Granda, Luis Olivera Cárdenas, Félix Grandez Moreno y Oscar Schiappa-Pietra Cubas, todos exdirectores de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

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"La ley genera confusión y desinformación"

Luis Olivera, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y exdirector ejecutivo de la APCI, declaró para La República y aseguró que la ley presenta vicios de inconstitucionalidad que comprometen la organización y el funcionamiento de las ONG nacionales.

"El Tribunal Constitucional ya ha abordado algunos de estos temas. Es razonable que el Estado peruano supervise el uso de fondos públicos, pero cuando se trata de fondos privados, la situación es diferente. La intención de esta ley parece ser ampliar la rendición de cuentas de manera excesiva e injustificada", señaló.

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Además, mencionó que la ley carece de precisión al no definir de manera clara qué se entiende por "organización social" en su redacción.

"Un tema que no logramos incluir en el comunicado, pero que me parece relevante, es la creación de un registro para organizaciones sociales beneficiarias de donaciones. La ley menciona esto sin definir con claridad qué se entiende por 'organización social'. En el Perú, existen asociaciones sin fines de lucro y empresas con fines de lucro, pero el concepto de 'organización social' no tiene un reconocimiento jurídico claro. Esto genera confusión y desinformación", finalizó.

¿Qué dice la medida anti ONG aprobada por el Congreso?

Con el respaldo de 81 votos, el bloque fujimorista y sus aliados aprobaron en el Pleno una legislación dirigida a controlar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus actividades. En contraste, solo 16 congresistas votaron en contra de esta iniciativa, mientras que 4 optaron por la abstención.

Las bancadas que impulsaron y respaldaron esta ley incluyen a Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, todos ellos alineados con la coalición que domina el Congreso y respalda el gobierno de Dina Boluarte. En el lado opuesto, los únicos grupos parlamentarios que rechazaron la propuesta fueron Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, pertenecientes a la izquierda política.

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La norma aprobada se basa en un dictamen presentado por Auristela Obando, presidenta fujimorista de la Comisión de Relaciones Exteriores. Su contenido otorga mayores facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), permitiéndole supervisar los fondos extranjeros que reciben las ONG. Además, establece que su Consejo Directivo estará compuesto por representantes del Ejecutivo, lo que amplía el control gubernamental sobre esta entidad.

La ley considera infracciones graves el financiamiento de actividades que puedan ser interpretadas como contrarias al orden público, la seguridad ciudadana y la estabilidad nacional, lo que abre la puerta a la persecución de organizaciones que apoyan manifestaciones o movilizaciones. Asimismo, penaliza el respaldo legal de las ONG a procesos administrativos y judiciales contra el Estado, limitando la asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos. Entre las sanciones contempladas se incluyen multas de hasta 500 UIT y la cancelación del registro de aquellas ONG que sean señaladas.

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