Juan Santiváñez defendió a coronel de la PNP que integraría organización criminal: oficial hoy lidera división de la Policía
Antes de asumir como ministro del Interior, Santiváñez fue abogado del coronel PNP José Franco Martínez, acusado de integrar una organización criminal. Documentos judiciales contradicen sus declaraciones de que nunca defendió a policías vinculados a redes delictivas.
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Juan José Santiváñez está en contra de la detención preliminar en no fragrancia. Foto: composición LR
Apenas siete meses antes de que Juan José Santiváñez asuma el cargo de ministro del Interior, defendió al coronel PNP José Franco Martínez, acusado de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión, el sicariato y el tráfico de terrenos, de acuerdo con la información publicada en 'Hildebrandt en sus 13'. Pese a negar haber patrocinado a policías vinculados a mafias, documentos judiciales confirman su participación en la defensa del oficial, quien fue arrestado en un megaoperativo liderado por la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Lejos de ser un caso aislado, su trayectoria revela un patrón preocupante: ha defendido a generales y oficiales implicados en escándalos de corrupción, ejecuciones extrajudiciales y protección a redes criminales. Ahora, desde el Ministerio del Interior, sus decisiones parecen alinearse más con su pasado como defensor de policías cuestionados que con la promesa de combatir el crimen.
Juan Santiváñez fue abogado de policía vinculado a la extorsión
Franco Martínez, acusado de integrar la organización criminal “Los Intocables del Sur Este”, fue detenido en 2021 junto a otros 11 presuntos miembros de la banda, señalados por la Fiscalía como responsables de extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en distintos distritos de Lima. Su captura fue parte de un megaoperativo realizado por la Diviac, con la autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó 36 meses de prisión preventiva para el coronel.
Santiváñez asumió su defensa en la etapa de apelación, presentando un extenso documento de casi 500 páginas ante el Poder Judicial, donde argumentó la inocencia de su patrocinado y cuestionó los elementos de prueba reunidos por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada. Entre sus principales alegatos, sostuvo que no existían pruebas directas que vincularan a Franco Martínez con la estructura criminal y que las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces carecían de sustento suficiente. Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho rechazó el pedido de cese de prisión preventiva al considerar que los indicios en contra del oficial eran contundentes y que su permanencia en la cárcel era necesaria para garantizar el proceso judicial.
A pesar de este revés, la suerte de Franco Martínez cambió cuando su exabogado, Santiváñez, fue nombrado ministro del Interior en mayo de 2024. Desde su nuevo cargo, el ahora titular del sector respaldó una resolución de la Inspectoría General de la PNP que absolvió al oficial de las imputaciones, permitiendo su reintegración en la Policía Nacional. En un giro inesperado, Franco Martínez pasó de estar acusado de pertenecer a una organización criminal a ser jefe de una división encargada de combatir la delincuencia organizada en Lima.
El caso evidencia no solo la intervención directa de Santiváñez en la defensa de un oficial vinculado al crimen organizado, sino también el evidente conflicto de interés en sus decisiones como ministro. Su rol como abogado defensor de policías acusados de corrupción y su actuación en el Ministerio del Interior parecen responder a una misma estrategia: proteger a miembros de la institución policial involucrados en redes criminales y debilitar los esfuerzos judiciales en su contra.
