Dina Boluarte, López Aliaga y Keiko Fujimori se unen en cacería contra las ONG
La persecución comenzó a mitad del 2024, cuando Fuerza Popular impulsó un dictamen que persigue el financiamiento de las ONG. Con la controversia por USAID, a ese coro se han sumado Renovación Popular y el Gobierno.
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En junio de 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida entonces por el fujimorista Alejandro Aguinaga, quien es procesado judicialmente por esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, promovió un proyecto de ley para perseguir el financiamiento y las actividades de las ONG.
El dictamen busca que, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se pueda fiscalizar e incluso denunciar a estas organizaciones ante el Ministerio Público y aplicar sanciones que van desde la multa, la suspensión y la cancelación. Se trata de una arremetida que fue observada con preocupación por 16 embajadas de países de Europa, Oceanía y Norteamérica.
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La norma todavía no ha sido debatida en el Pleno del Congreso porque se habría estado esperando que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, ya que la administración de Joe Biden, a través de la embajadora estadounidense en Perú, Stephenie Syptak-Ramnath, expresó su rechazo al proyecto.
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En una entrevista radial, la diplomática estadounidense defendió el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que destina anualmente más de 60 millones de dólares para apoyar a las ONG en Perú. "Necesitamos una prensa libre y también una sociedad civil fuerte, porque el Gobierno no puede hacerlo todo. Este financiamiento no implica injerencia, sino que permite a los peruanos definir sus propias leyes y garantizar la transparencia", señaló.
El cambio en la administración estadounidense beneficiaría a sectores que buscan restringir la labor de las ONG en el país. Con la llegada de Trump, se confirmó el retiro del apoyo de la USAID a Perú, una decisión que no solo afecta a la sociedad civil, sino que también ha sido utilizada por la presidenta Dina Boluarte y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como argumento en sus ataques a estas organizaciones.
La presidenta Dina Boluarte también trató esta semana de deslegitimar el trabajo de las ONG, alegando que solo se preocupan por el derecho de los criminales y dejan desprotegidos a instituciones como la PNP y el Ejército. Cabe recordar, que la mandataria fue acusada por la ONG Amnistía Internacional de tener responsabilidad penal en las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
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En el informe titulado "¿Quién disparó la orden?", se destaca que como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Boluarte supo desde un inicio sobre la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden contra los manifestantes, y que a pesar de ellos, no tomó medidas efectivas para prevenir o detener la violencia que dejó más de 50 muertes a nivel nacional.
Por su parte, Rafael López Aliaga arremetió en diversos medios de comunicación contra las ONG, especialmente contra la ONG Manuela Ramos, que trabaja a favor de los derechos de las mujeres violentadas. De acuerdo con el burgomaestre, del dinero total aportado por la agencia estadounidense USAID, más de un millón de dólares habría sido malgastado por la ONG. Sin embargo, la acusación pública no fue sustentada con documentos o pruebas. Al respecto, esta organización respondió indicando que iniciará las acciones legales correspondientes y recalcó que cada año informa a la APCI sobre la ejecución de su financiamiento.
Partido de Rafael López Aliga busca crear comisión para investigar aportes de USAID
El alcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular reveló que su bancada está promoviendo la creación de una nueva comisión que busque investigar los aportes de USAID, pues según indicó, los millones de dólares entregados a las organizaciones gubernamentales habrían sido malgastados.
El documento fue presentado por el despacho de la congresista Patricia Chirinos y cuenta con el respaldo de otros seis miembros de su bancada. La moción busca que se cree un grupo de trabajo multipartidario para investigar e identificar a beneficiarios de USAID desde el 2015 hasta la actualidad.
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Al respecto, la congresista no agrupada Flor Pablo, en una entrevista para Canal N, cuestionó la eventual creación de una comisión que indague sobre USAID en el Congreso. "¿Para qué (sirven)? para llenarse de asesores y seguir engrosando la planilla de sus bancadas", precisó.
Asimismo, recalcó que López Aliaga crea comisiones en torno a la coyuntura y enfatizó que no hubo el mismo interés de investigación relacionado con las muertes de peruanos asesinados por el Gobierno en Ayacucho y Puno.
