Dina Boluarte sobre ONG de derechos humanos: "Desestabilizan las democracias de las naciones"
La presidenta Dina Boluarte tuvo fuertes calificativos contra las ONG's financiadas con recursos internacionales, indicando que favorecen a los criminales y dejan a la PNP y Fuerzas Armadas desprotegidas.
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En el marco del cumplimiento de su agenda, la presidenta Dina Boluarte brindó declaraciones polémicas en cuanto a la función que cumplirían las organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro de los países, indicando que priorizan los derechos de los criminales por encima de las instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
"No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio de orden. Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin convertirse en una excusa para el caos o la impunidad”, precisó.
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Asimismo, criticó que se habría visto que en diversos países se tergiversó el trabajo de las ONG con la finalidad de justificar agendas que estropearían la seguridad, desestabilizarían las democracias y debilitarían la soberanía de las naciones.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente polémica sobre el papel de las ONG en la defensa de los derechos humanos y su influencia en las políticas nacionales. Algunos sectores cuestionan la legitimidad de ciertas organizaciones que, según ellos, promueven agendas que podrían ir en detrimento de la seguridad y estabilidad de los Estados. Por otro lado, defensores de las ONG argumentan que estas entidades desempeñan un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en contextos donde los gobiernos pueden ser responsables de abusos o negligencias.
Es importante destacar que, según un informe de Amnistía Internacional, la presidenta Boluarte podría ser responsable penalmente por las muertes ocurridas durante las protestas en su gobierno ocurridas a fines de 2022 e inicios de 2023, debido a órdenes que dio contra los manifestantes.
Lo dicho por Boluarte reflejan la compleja interacción entre el gobierno peruano, las ONG y la comunidad internacional en torno a la protección y promoción de los derechos humanos en el Perú.
El informe de la ONG Amnistía Internacional que Dina Boluarte critica
Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado "¿Quién disparó la orden?", en el que señaló que la presidenta Dina Boluarte podría tener responsabilidad penal en las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El informe destaca que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Boluarte estuvo informada desde el inicio sobre la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden contra los manifestantes. A pesar de ello, no tomó medidas efectivas para prevenir o detener la violencia. Además, AI señala que la presidenta promovió a funcionarios que desempeñaron roles clave durante las operaciones represivas.
Entre las evidencias presentadas, se incluyen comunicaciones entre Boluarte y los comandantes de la policía y el ejército, así como planes internos de la policía que contenían órdenes vagas como "eliminar obstáculos humanos". Estas acciones sugieren que la presidenta pudo haber actuado como "autora mediata" de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
El informe también menciona que, en 29 reuniones del Consejo de Ministros entre el 12 de diciembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023, Boluarte no condenó en ningún momento los actos de violencia cometidos por la policía y las fuerzas armadas. Además, en solo una ocasión, el 19 de diciembre de 2022, envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando informes urgentes sobre la muerte de una persona en las protestas en Chala, Arequipa.
En respuesta al informe, el gobierno peruano ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y políticamente sesgadas. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, afirmó que las acusaciones de AI son "impropias e inconsistentes" y que el gobierno niega en principio cualquier responsabilidad atribuida a la presidenta.
