Caso Andrea Vidal: Policía Nacional del Perú confirma que atentado fue un "homicidio por encargo"

Continúan las revelaciones en el caso de Andrea Vidal, exempleada de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, asesinada y vinculada a una presunta red de prostitución dirigida por su exjefe, Jorge Torres Saravia. Según el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor, el atentado en el que se vio involucrada la exempleada del Congreso de la República fue un “homicidio por encargo”. Información que ya había sido adelantada en publicaciones previas del diario La República.

"Se encontraron 62 cartuchos percutidos en la escena del crimen. Participaron 5 motocicletas y una estructura conformada por 3 vehículos, que formaron parte del desarrollo del operativo hasta culminar en el suceso que cobró la vida de estas dos personas. (...) Además, intervinieron 3 armas de fuego, al menos según los casquillos hallados en la escena. Y ya se había registrado un evento previo en el que se empezó a vislumbrar la implicación de algunos personajes. (...) Se trata de un homicidio por encargo. (...) Las autoridades directamente involucradas informarán en su momento sobre los detalles y confirmarán si el objetivo fue Andrea Vidal", declaró Arriola a RPP.

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Asimismo, el general Arriola no descartó que este crimen esté relacionado con la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento y confirmó que existen sospechosos vinculados al ataque: "Sí, hay hipótesis de campo (sobre posibles autores del delito); (...) no podría adelantar (si se relaciona con la red de prostitución del Congreso). Es preciso tener mucho cuidado con las hipótesis, porque se incluyen entre ellas algunos de los posibles implicados", señaló el jefe de la PNP.

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La División de Homicidios de la PNP ya confirmaba que asesinato de Vidal fue por encargo

Anteriormente, una investigación de La República develó que, según fuentes de la División de Homicidios de la PNP, la posibilidad de que Andrea Vidal haya sido el objetivo del atentado realizado en el distrito de La Victoria era la más certera manejada dentro de la investigación.

“Primero que todo, tenemos la convicción de que se trata de un crimen por encargo. Los indicios que hemos recopilado hasta el momento, así lo indican. Estos mismos indicios señalan que Andrea Vidal, y no el taxista José Vargas, encaja con el perfil de objetivo que tenían los sicarios. Por la cantidad de disparos, por el curso de los proyectiles y por la ubicación de las víctimas, entre otros elementos. (...) Sí, el caso de Andrea Vidal es un crimen por encargo. Por la forma cómo los sicarios atacaron el vehículo, y por la trayectoria de los proyectiles, no hay duda de que la abogada era a quien buscaban eliminar”, señalaron en su momento las fuentes consultadas a este medio.

PNP apunta a trabajadores del Congreso en relación con la muerte de Andrea Vidal

Otra de las hipótesis que maneja la PNP es que funcionarios vinculados al Congreso podrían haber estado implicados en la muerte de la exasesora de Jorge Torres Saravia. Según informa el semanario 'Hildebrandt en sus Trece', la PNP logró acceder al teléfono personal de Vidal, lo que abre la posibilidad de que en los próximos días aparezcan nuevos nombres relacionados con figuras políticas.

Fuentes de la División de Homicidios sostienen que la hipótesis de un crimen pasional ha perdido fuerza, ya que Rodrigo Falcón, considerado el enamorado de Vidal, no contaría con los medios necesarios para coordinar un ataque que involucró al menos a seis sicarios y varios vehículos. Un agente involucrado en la investigación comentó al semanario que, aunque Falcón figura entre los sospechosos, tampoco se descarta la participación de individuos vinculados al Congreso.

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El semanario revela que se ha interrogado a empleados del Congreso vinculados a la Oficina Legal y Constitucional y se ha iniciado una investigación contra el congresista Alejandro Soto Reyes por supuestos delitos de negociación incompatible, mientras se investiga si las trabajadoras de Torres habrían ofrecido servicios sexuales a Soto y a otros parlamentarios a cambio de beneficios laborales. Además, durante los interrogatorios, los funcionarios se mostraron sorprendidos al descubrir que la Fiscalía también había comenzado a investigar a dos trabajadoras que no pertenecen a dicha oficina, lo que sugiere que el número de servidoras públicas bajo sospecha podría ser mayor de lo planteado inicialmente.