Exministro Víctor Zamora podría ser inhabilitado por 10 años: Comisión Permanente aprobó informe final de la SAC
La resolución de la Comisión Permanente contra Víctor Zamora se basa en la acusación de omisión y demora en la compra de oxígeno y pruebas rápidas, lo que contribuyó a la pérdida de vidas en la pandemia, según el informe presentado.
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La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado hoy el informe final que establece la sanción de inhabilitación por un período de diez años para el exministro Víctor Zamora, debido a la violación constitucional del artículo 9 de la Constitución. Tras recibir el respaldo de 20 votos a favor y 2 en contra, se decide proceder con la acusación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales durante su mandato para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en la nación. Estos delitos específicos están contemplados en el artículo 377 del Código Penal.
María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y Jorge Montoya, congresista encargado del caso, fundamentaron el informe que señala a Zamora de obstaculizar la adquisición de oxígeno medicinal y de no adherirse al Decreto de Urgencia 028-2020 para la compra de más de un millón de pruebas rápidas, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su eficacia.
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Según Montoya, estas acciones contribuyeron significativamente a la pérdida de vidas durante la pandemia, infringiendo el derecho fundamental a la vida. El informe también apunta a deficiencias en la gestión de oxígeno medicinal, crucial para tratar a los pacientes de COVID-19.
La sesión final de aprobación también determinó que María Acuña y Jorge Montoya formarán parte de la Subcomisión Acusadora, que llevará el caso ante el Pleno del Congreso para una acusación constitucional formal.
El exministro Zamora y su abogado tuvieron la oportunidad de defenderse virtualmente, disponiendo de 30 minutos para su alegato de defensa. La resolución de este caso podría marcar un precedente significativo en la responsabilidad y gestión gubernamental durante emergencias sanitarias en Perú.
Ahora depende de la Junta de Portavoces agendar este informe final a la sesión del Pleno; no obstante, también va a depender del exministro de Salud y de su abogado continuar con este proceso debido a que si no se presentan este informe podría ser archivado tal cual sucedió con el caso de Roberto Vieira.
Congreso archivó denuncia constitucional contra Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias
El Congreso archivó la denuncia constitucional contra el excongresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias, según una solicitud de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso. La razón expuesta por Acuña fue que el plazo de antejuicio político en el caso de Vieira había expirado el 30 de septiembre de este año.
De acuerdo con la Constitución, los altos funcionarios pueden ser procesados bajo este régimen hasta cinco años después de dejar el cargo. Durante ese periodo, el Congreso evalúa las acusaciones para determinar si hubo infracciones a la Carta Magna o posibles delitos.
El mandato de Vieira como congresista concluyó el 30 de septiembre de 2019, coincidiendo con la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra. Así, el plazo de cinco años se cumplió este lunes pasado.
Las denuncias contra Vieira consistían en dos casos acumulados. La primera, presentada en marzo de 2019 por Richard Arce, excongresista de Nuevo Perú, se basaba en un reportaje de Panorama e incluía acusaciones de violación de artículos de la Constitución, presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. La segunda denuncia, formulada el 3 de junio de 2019 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también se refería a un supuesto tráfico de influencias en perjuicio del Estado.
