Política

Dina Boluarte habría pedido a la DINI reportarle sobre las personas que quieren desestabilizar su Gobierno, según H13

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, la presidenta Dina Boluarte habría instruido al jefe de la DINI para que supervise los movimientos de personas que podrían representar una amenaza para la estabilidad de su gobierno.

Según H13, nadie en la DINI quiere hacerse cargo del nuevo presupuesto tras los pedidos de Dina Boluarte. | Foto: Marco Cotrina / La República.
Según H13, nadie en la DINI quiere hacerse cargo del nuevo presupuesto tras los pedidos de Dina Boluarte. | Foto: Marco Cotrina / La República.

Los 30 millones de soles que recientemente el Ejecutivo aumentó al presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) no sería solo para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Según información publicada por el semanario Hildebrandt en sus trece, Dina Boluarte habría ordenado al jefe de la institución —el contralmirante (r) Luis García Barrionuevo— que le reporte los movimientos de las personas que quieren 'desestabilizar' su Gobierno.

Fuentes del semanario señalan que nadie dentro de la DINI quiere hacerse cargo oficialmente del dinero por este pedido. Y es que tras la transferencia de este nuevo monto, la entidad ahora tiene el doble de dinero que la Policía Nacional y su presupuesto actual sería de 103 millones de soles. Sin embargo, sus funciones se limitan solo a 'inteligencia estratégica'.

"Lo que ha pedido la presidenta está al límite de la ley y nadie quiere asumir la responsabilidad”, señala un informante de la DINI para Hildebrandt en sus trece. El semanario ha informado también que una parte de estos fondos se utilizará para la adquisición de servidores, computadoras y software, mientras que otra fracción se destinará a la compra de 'módulos' para los equipos Cellebrite, que la entidad ya adquirió al inicio de la gestión de Pedro Castillo por 1.2 millones de dólares.

Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022. Foto: difusión

Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022. Foto: difusión

"La gestión Boluarte está interesada en comprar 'módulos' para acceder a mensajes y llamadas de WhatsApp y Telegram", agrega uno de los informantes en la DINI del semanario. No obstante, estos 'módulos' son funciones adicionales para computadoras especializadas en espionaje y, a nivel internacional, la firma israelí Cellebrite tiene un prestigio rodeado de polémicas justamente relacionadas con temas de espionaje.

Uno de los personajes claves para este pedido de la mandataria, según el semanario, sería Iván Kamisaki Sotomayor, un capitán retirado de la PNP especializado en seguimiento y espionaje electrónico. Y que, desde marzo pasado, ocupa el cargo de jefe del Gabinete de Asesores de la DINI. Su relevancia estaría por su relación con la presidenta Dina Boluarte, con quien se habría reunido en varias ocasiones, incluyendo un encuentro de tres horas en abril tras su contratación.

PJ rechaza pedido de Boluarte para que se cierre investigación por caso Rolex 

El Poder Judicial ha desestimado la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para que se archive la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada al denominado 'caso Rolex'. La decisión se fundamenta en el rechazo al argumento de la defensa, que alegaba un supuesto vencimiento en el control de plazo. Como resultado, la mandataria continuará siendo investigada preliminarmente por el Ministerio Público.

En su fallo, el tribunal declaró infundada la solicitud de control de plazo presentada por la defensa de Boluarte. El documento oficial indica que la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otros en perjuicio del Estado seguirá su curso. Este proceso se inició cuando Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego se extendió a su mandato presidencial.

La investigación, que tiene una duración de 60 días, señala a Boluarte como presunta responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de documentos, ambos considerados como daños al Estado.