Jorge Aragón: “Puede caer la democracia y no veo en la sociedad y las élites un mínimo para evitarlo”

El politólogo Jorge Aragón reflexiona sobre lo que viene este nuevo año en nuestra política, en especial en el Gobierno y el Congreso. Hace poco publicó, con su colega Diego Sánchez, La ilegitimidad del poder político en el Perú, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), trabajo que recoge información del 2022 y da luces sobre la situación actual.

—Ha estudiado la ilegitimidad del poder en el Perú reciente. ¿Qué halló, principalmente?

—Cuando se percibe legitimidad, se reconoce una condición de quienes tienen el poder: experiencia, conocimiento, algo que justifique. Los peruanos, al evaluar a los políticos, casi nada les justifica su posición de poder. Lo otro se refiere a qué ofrecen al colectivo. También se percibe que los políticos acá no piensan sino en el beneficio propio y de allegados. El poder político en el Perú carece de legitimidad desde los gobernados, hay desconexión, pero el poder no desaparece y hay consecuencias: sin posibilidad de violencia, no se cumplen normas y se ejerce el poder con más violencia para compensar la poca legitimidad.

—Desde su indagación el 2022, hay cambios. ¿Qué sigue?

—No puede cambiar de un año a otro esta condición de un poder político que carece de legitimidad. Se han exacerbado tendencias. La respuesta del Estado a la protesta social no fue diálogo, sino violencia, porque su legitimidad estaba cuestionada. Se profundiza aún más la desconexión entre quienes gobiernan y gobernados. El poder político aparece más deslegitimado frente a los ciudadanos.

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—Boluarte es la presidenta del Perú más impopular de las últimas décadas. ¿Por qué?

—No sorprende que tenga tan baja aprobación. La conexión con este Gobierno y la sensación de que enfrenta los problemas del país y escucha a la población son mínimos. Y una parte del país siente traición. Con todos los problemas del Gobierno de Pedro Castillo, fue votado por buena cantidad de peruanos y ella ha sido ruptura total con ese buscar un Gobierno y Presidencia diferentes.

—¿Llegará al 2026?

—Por ahora, más que la movilización, la pueden complicar los desacuerdos en su grupo de poder. Vimos algo con lo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la fiscal Patricia Benavides. Están los defensores a ultranza de ella y de la caída de la JNJ y están el Gobierno y los menos decididos a esto. Lo que puede poner en juego la permanencia de Boluarte es una fractura en ese grupo que está gobernando.

—¿Qué debe hacer Boluarte para mejorar su aceptación?

—Bien complicado. Han pasado tanto tiempo y tantas cosas que lo único que podría ponerla en situación diferente es hacer lo que no quiere: dejar el gobierno y llamar a elecciones.

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—¿Cómo se explica el agravamiento del desprestigio del Congreso en los últimos años?

—No es solo un Congreso que no está a la altura de las necesidades del país, sino que defiende intereses excesivamente particulares y llega a un nivel de corrupción antes impensable, como los recortes de sueldo. Todo eso el Congreso lo ha normalizado. Y es torpe: en un difícil momento económico, se dan más dinero.

—¿Continuará así el 2024?

—Creo que no cambiará en lo fundamental, en cómo ha venido operando. Tal vez no quedan muchos otros intereses particulares… Puede desacomodarlos una situación en que ya no estén de acuerdo casi todos. Lo de la JNJ fue particular: algunos vieron que ya era demasiado.

—A pesar del gran rechazo al Ejecutivo y Legislativo, las marchas ciudadanas no son tan grandes como antes. ¿Por qué?

—Toda movilización es costosa: las personas necesitan dejar de trabajar e interrumpir flujos económicos. No se puede hacer de modo ilimitado. Lo que consumió la movilización hasta inicios del 2023 ha debilitado a los grupos que protestaban. Además, el Gobierno ha sido eficaz en generar temor: varios dicen ‘si protestas, te matan’. Asimismo, también hay desconexión entre liderazgos y la sociedad.

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—¿Es posible un adelanto de elecciones?

—Como posible, sí, porque este Gobierno es otra oportunidad perdida y no hay gestión a la altura de lo que se necesita. El problema es que, por el lado de quienes tienen la condición de hacer posible eso, hay voluntad de no ceder. Allí sí están alineados y se les va la energía, no en gobernar para el país.

—¿Quiénes tienen mayor legitimidad en el Perú?

—Las iglesias, algunos colectivos sociales de alcance muy corto. Tenemos un problema de base: faltan acuerdos mínimos.

—¿Cómo entiende la ‘caviarización’ del debate en el país?

—Busca ser peyorativo a una agenda progresista. Es una crítica arropada en lo contradictorio de tener buenas condiciones de vida y creer que es necesaria la igualdad o la idea de que medran del Estado. No se puede sostener que el país ha estado dominado por una élite progresista viendo la realidad en lo económico, cultural, mediático… Es un despropósito absoluto.

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—¿Cómo ve al fujimorismo, ahora con Fujimori liberado?

—Este año puede moverse la perspectiva de unas próximas elecciones y el fujimorismo no ha perdido la pretensión de llegar al Gobierno. Creo que será el año de la decisión de cómo perfilarse de cara a la próxima elección, su cálculo político. Fujimori suelto es una incógnita: es un activo y un pasivo, tendrán que pensar cómo dosificar.

—Si por ilegitimidad crece el poder con violencia, ¿estamos camino a una dictadura?

—Históricamente ha pasado. Es una posibilidad que estos caminos de la crisis desemboquen en una salida autoritaria. ¿De qué tipo? ¿Y quién? No es claro. Me preocupa la continuidad de la democracia y no veo en la sociedad y las élites un acuerdo mínimo para evitar que se pierda.

—¿Qué otras salidas?

—Una fuerza que cierre la fragmentación y elecciones antes del 2026. Son muchos condicionantes a alinearse para una perspectiva positiva. Es importante no seguir retrocediendo.