Securitas no quiere que informen sobre caso de su presidente
Inaceptable. Directora legal de la compañía amenaza con acciones legales contra este diario y las fuentes que facilitaron documentos que involucran al presidente de la multinacional de seguridad.
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La representación peruana de la corporación multinacional de seguridad Securitas advirtió a La República que iniciará acciones legales contra sus fuentes de información y sus periodistas si continúan publicando reportajes de investigación sobre el presidente de la compañía para la región, el portugués Jorge Morais Couto.
En una comunicación suscrita por la directora legal y riesgos de Securitas del Perú, Alessandra López de Castilla Reátegui, sostiene que la cobertura del caso de Couto es un asunto privado y no público, y que las fuentes que filtraron documentos del expediente a los periodistas han vulnerado la ley porque se trata de material “reservado”.
Securitas se refiere al incidente que protagonizó Jorge Morais Couto cuando llegó al aeropuerto Jorge Chávez el 15 de octubre de 2019 con un pasaporte vencido. Couto recurrió a uno de los directivos de Securitas del Perú para que hablara con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
No le permitieron pasar, aunque le dieron la facilidad de que contactara con la embajada de Portugal para que le expidiera un “pasaporte de emergencia”. La “emergencia” de Couto era que tenía programada la mañana de ese día una junta de accionistas, sin embargo, no contaba con permiso para labores empresariales, ya que entró al país como turista.
El fiscal Carlos Nivín Valdiviezo recogió el testimonio de Jorge Morais Couto, quien admitió que llegó al país con pasaporte caduco, y que le permitieron que lo socorriera el cónsul de Portugal. Couto recibió un “pasaporte de emergencia” sin haber salido del aeropuerto.
La República obtuvo copia del acta de la junta de accionistas de Securitas del Perú donde, sospechosamente, aparecía la firma de Couto en una hora en la que estaba todavía en el aeropuerto, y consignó el número del pasaporte caduco, no con el que le había entregado el cónsul.
El interés de este periódico por el caso se debe a que Securitas del Perú es una empresa registrada como proveedora del Estado. Además, presta sus servicios a Lima Airport Partners (LAP), dotando de seguridad al aeropuerto Jorge Chávez.
Por añadidura, durante la investigación fiscal fueron citados funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Por lo tanto, es un caso de interés público, no privado, como pretende Securitas.
En lo que representa una amenaza a las fuentes periodísticas de La República, la directora legal de Securitas señala que contempla emprender acciones legales contra las fuentes que filtraron al diario documentación del caso: “Obligándonos a evaluar en este punto las acciones disciplinarias contra aquellos, y las penales que correspondan por el acto de entrega de documentación reservada (delitos contra la intimidad, delitos de corrupción, etc.)”.
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“La denuncia (contra Couto) fue planteada por un particular que mantiene un conflicto privado con la empresa”, apunta López de Romaña. Sin embargo, la investigación de este diario está relacionada a la forma cómo Couto ingresó al país, empezando por el hecho de que llegó con el pasaporte caduco, como él mismo lo aceptó. No se refiere a los problemas de Securitas con otras personas.
El verdadero propósito de la carta de la directora legal de Securitas del Perú es silenciar una investigación que involucra a servidores y funcionarios que siguen laborando en Migraciones, razón que explica por qué la entidad pública no denunció a Couto y el procurador del mismo organismo tampoco apeló el archivamiento del caso por parte del fiscal Carlos Nivín, pese a las inobjetables evidencias.
“En caso de advertirse la continuidad en la publicación de información parcializada e imprecisa, nos reservamos el derecho de interponer las acciones legales correspondientes (…) relacionadas con los delitos contra el honor (difamación y/o calumnia, la fe pública (falsedad genérica) y la correcta gestión de la administración pública (cohecho, tráfico de influencias, etc.), amenaza la directora legal de Securitas, pasando por alto que desde el primer reportaje (26.5.2022), la empresa fue consultada y se consignó su versión, salvo la última vez que evitó responder.
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La República ha consultado con gremios periodísticos sobre la carta de Securitas y la consideraron inaceptable. Este diario seguirá investigando.
Sustento en el expediente fiscal
La información sobre el caso de Jorge Morais Couto se fundamenta en los actuados del caso que estuvo a cargo del fiscal Carlos Nivín Valdiviezo, que consignan las declaraciones del presidente de Securitas y de funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Además, se hicieron consultas a la misma empresa de seguridad desde el primer momento.
Por lo que La República rechaza la afirmación de la directora legal de Securitas del Perú: “Agradeceremos se abstengan de informar asuntos que sean imprecisos y tendenciosos, que escapan a su función como periodistas”. La función periodística comprende asuntos de interés público, como este caso lo amerita.“En caso de continuar con sus publicaciones (…), nos reservamos el derecho de interponer acciones legales”.
Fundador y jefe de la Unidad de Investigación. Estudió en la UNMSM, ha culminado una Maestría en su especialidad y enseña Periodismo de Investigación en la UPC. Es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Es corresponsal del diario argentino Clarín y de la revista mexicana Proceso.
