Rafael Vela: “Se está conspirando directamente contra la independencia de las fiscalías y del Poder Judicial”
El fiscal y coordinador del equipo especial Lava Jato habla tras su suspensión por más de 8 meses por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Para una mayoría de la opinión pública, hay una locomotora de la impunidad a toda marcha. Desde hace meses atrás, las garantías constitucionales de independencia de poderes y de lucha anticorrupción son víctimas de ataques sistemáticos por parte de autoridades de la Fiscalía de la Nación (FdN)y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP). Rafael Vela, uno de los fiscales más relevantes en los casos de corrupción, acaba de recibir el impacto de un proceso sancionador exprés en su contra. La República conversó con él sobre este y otros sucesos.
—Finalmente, lo sancionaron y fueron elegidos los fiscales Wilfredo Avellaneda y Marena Mendoza como encargados de su despacho. ¿Qué opina al respecto?
—Era lo que se esperaba dentro de la estrategia conjunta de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe de la ANC, (Antonio) Fernández Jerí, de generar un vacío de poder y designar personas de su íntima confianza. Yo soy fiscal superior titular del sistema de lucha contra el lavado de activos y, por esa razón, no han designado a otro fiscal superior titular en mi posición. Solo han encargado a mi adjunta, la doctora Briceño, en las coordinaciones. Esa es atribución de la FdN. Sin embargo, llama la atención que no se designe a alguno de los otros dos fiscales superiores titulares en el despacho de lavado de activos. Debe ser por una cuestión de confianza, porque se trata de un fiscal superior provisional en el cargo.
—¿Qué está en juego?
—Sin duda, la continuidad de los casos más emblemáticos relacionados con lavado de activos y el equipo especial Lava Jato. Además de la sostenibilidad de una garantía fundamental en la administración de justicia que es la autonomía fiscal, lo que los hace más vulnerables a las presiones externas o cualquier tipo de transversalidad por parte de la política.
—Llama la atención la centralización de varios casos complejos en la fiscal Marena Mendoza.
—Efectivamente, la doctora Mendoza me reemplazó mientras duraba una licencia médica hace una semana. También lo hizo el doctor Rebaza. Sin duda, son cargos de confianza de la fiscal de la Nación. Pero no hay que olvidar que los fiscales del despacho han decidido quedarse a defender sus casos y su autonomía. Por tanto, cualquier designación debería contemporizar estas circunstancias en las que, sin duda, los fiscales no van a permitir ningún tipo de intromisión.
—Hemos notado que las acciones en contra de su despacho, como contra otros, han estado de alguna manera sincronizados entre el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Control y ciertos fiscales cercanos a la fiscal Benavides. ¿Sospecha algo al respecto?
—No me compete aseverar conjeturas. Pero hay algunos hechos objetivos. El día de ayer, la organización del evento en donde, de manera sincronizada, se me notificó de mi resolución de sanción estuvo a cargo del despacho de derechos humanos liderado por la fiscal Mendoza. Sorpresivamente, la fiscal Benavides tomó la palabra y lanzó un discurso de orden con claras alusiones a mi caso y otros a los cuales también se les ha abierto procesos disciplinarios.
—En caso de que no procedan sus recursos de revisión por parte de otras instancias en el Poder Judicial y deba reincorporarse en sus funciones pasados los 8 meses, ¿cómo ve la relación entre la jefa titular de su institución y su despacho?
—Los fiscales trabajamos para la institución. En mi caso, soy fiscal superior titular con más de 10 años en la institución. Mi relación no es directamente con la fiscal de la Nación, sino con la institución. Ella tiene la función de designar a los coordinadores y es en ese nivel como nos hemos conducido, con el objetivo de proteger el desarrollo de los casos complejos del despacho a mi cargo.
—Dijo en una entrevista que ella lo engañó. ¿Podría explicar por qué?
—Su apoyo público hacia mí fue falso. Ella verbalmente me manifestó su apoyo y que debía salir a defender mi honor. Quedamos en tener una reunión que, dicho sea de paso, nunca más tuvimos. Sin duda, fue un apoyo falso que se manifestó, además, en un silencio cómplice ante los abusos constantes del órgano de control interno, los cuales no solo violaban el debido proceso, sino que tenían un comportamiento de acoso permanente. Eso mereció incluso la atención de la CIDH que me concedió una medida cautelar. La señora Benavides también conoce todo ello. Curiosamente, la CIDH también le concedió una medida cautelar a favor de ella. Nada de ello la persuadió de tener una conducta proactiva de defensa de un subordinado, sino una persona protegida por el sistema de derechos humanos, al igual que ella.
—Están inaplicando una medida supranacional. Están actuando de manera ilegal.
—Por supuesto que la ANC y la Fiscalía de la Nación están desconociendo la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sienta un grave precedente respecto al ejercicio de la libertad de expresión que tienen todos los operadores de justicia, tanto jueces como fiscales. Claramente, esto puede determinar una presentación concreta de un caso contra el Estado peruano precisamente que pueda determinar la competencia contenciosa de la CIDH.
—Pueden sancionar a los responsables.
—Esas conductas abusivas pueden determinar sanciones administrativas y penales contra la Fiscalía de la Nación, la ANC del MP y todos los fiscales que han intervenido en este caso.
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—¿Cómo queda el Estado del derecho en el Perú ante estos abusos?
—Queda expuesto a una demanda de la Corte IDH que puede activar toda su competencia contenciosa. Finalmente, con estas acciones el Estado peruano infracciona los derechos fundamentales de un operador de justicia y lo materializa a través del desconocimiento de los funcionarios públicos que actúan violando medidas cautelares. Estamos en un momento de impunidad. Es un asunto de carácter temporal y cíclico.
—¿Qué mecanismos está presentando para defenderse?
—Ya se ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial, en la que se incluye la medida cautelar de la CIDH a mi favor. Estamos a la expectativa de que el PJ se pronuncie sobre una medida cautelar que hemos solicitado para anular los efectos de esta sanción como del proceso administrativo que la generó, que consideramos abusivos, arbitrarios y flagrantes. Tenemos el optimismo de que el PJ reconocerá los derechos fundamentales, el ordenamiento internacional sobre la independencia y autonomía de los operadores de justicia, y el ejercicio de la libertad de opinión. Esperamos que el PJ se pronuncie con prontitud.
—Sin duda, todo genera suspicacias. En la audiencia de apelación no se dejó entrar a periodistas.
—Se trató de una decisión que es opaca y que va en contra de las garantías de publicidad que aplica en los procesos penales. Es una paradoja, porque el mismo jefe de la ANC, Fernandez Jerí, es un asiduo asistente a los medios de prensa adelantando opinión.
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—¿Por qué debería preocupar esta sanción a la ciudadanía?
—Porque representa una intromisión en la autonomía fiscal no solo en el caso Lava Jato, que está en etapa final, sino que favorece a la impunidad en el país. Se sientan graves precedentes no solo para mí, sino para cualquier otro fiscal que pretenda investigar al poder.
“Estemos atentos a los hostigamientos”
—La fiscal de su despacho Geovana Mori alertó, en una entrevista en RPP, de que también han removido al juez Torres, quien lideraba su proceso de amparo. ¿Insiste en su optimismo?
—Es un hecho notorio dentro de todas las circunstancias atípicas de la tramitación de las sanciones disciplinarias en contra de fiscalías que investigan casos complejos y de personajes ligados al poder político. Recuerde que el fiscal que reabrió mi proceso lo hizo ni a las 24 horas de haber asumido su cargo. En lo que dice el juez, que ya había calificado y admitido la medida cautelar, fue notificado sorpresivamente de una sanción administrativa disciplinaria que lo impide ejercer por 30 días.
—Pero el juez ya estaba evaluando la cautelar.
—Exacto. Es en ese contexto que el juez ya había admitido a evaluación la medida cautelar y que con la sanción se le imposibilita que pueda pronunciarse sobre este tema, en el que apresuraron el proceso en mi contra y, finalmente, me sancionaron.
—Hay sincronía en las acciones. El optimismo tiene muy poca tierra para florecer.
—Creo que estas cosas hacen ver, válidamente, que hay una concertación entre todos estos hechos para permitir que se materialice el abuso de esta suspensión. Sin embargo, déjeme decirle que han colocado a otro juez que ya está en funciones. Yo respeto la independencia judicial. Siempre tengo la expectativa de que ante la urgencia de esta tutela judicial, el colegiado pueda pronunciarse sin temores. No obstante, también estemos atentos de que cualquier fallo judicial que pueda ser eventualmente contrario a los intereses de la FdN, por lo que estamos presenciando, es sujeto a hostigamiento. Vemos que inmediatamente los jueces son procesados por delito de prevaricato. Hay una concertación contra las fiscalías de casos de corrupción emblemáticos. Estamos viviendo ese momento que conspira directamente contra la independencia de las fiscalías y del Poder Judicial.
