Política

Congreso declara improcedente denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas

El debate de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales obtuvo 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. La denuncia constitucional fue presentada en el marco de las protestas contra de Dina Boluarte cuyo saldo dejó cerca de 70 fallecidos

La CIDH presentó un informe final sobre las protestas en el que menciona que se registraron ejecuciones extrajudiciales. Foto: composición LR.as protestas.
La CIDH presentó un informe final sobre las protestas en el que menciona que se registraron ejecuciones extrajudiciales. Foto: composición LR.as protestas.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en el marco de las protestas que se registraron en el interior país, las mismas que han desencadenado más de 70 fallecidos. La iniciativa que recomendaba archivar el proceso contra la jefa de Estado contó con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

La improcendencia de la denuncia también alcanzó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como al exministro del Interior, César Cervantes y a Pedro Angulo, exprimer ministro de Dina Boluarte.

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Fue la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) con el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, quienes impulsaron la denuncia contra Boluarte, Otárola y los exministros.

El documento que ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales detallaba que, desde que Dina Boluarte designó a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros, el pasado 4 de enero, diversos grupos anunciaron movilizaciones en Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.

Mientras que un sector del país se movilizaba contra el Gobierno de Boluarte, el 10 de enero, las comunidades aymaras y quechuas de la región de Puno, al igual que diferentes organizaciones sociales también anunciaron protestas en Puno y Juliaca. No obstante, el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas dejó un saldo de 17 fallecidos, entre ellos, una menor de edad a causa de la represión.

La denuncia constitucional expone, además, que con la designación de Vicente Romero Fernández en el cargo de ministro del Interior (14 de enero de 2023) también se evidenció una represión policial.

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