Ricardo Rojas recibió pagos para detener a los denunciantes de Racso Miró Quesada
Dice la Fiscalía. Un colaborador eficaz y un testigo protegido acusan al fiscal de Lima sur de recibir pagos de hasta 5 mil dólares por abrir proceso y lograr una orden de detención contra los vecinos de Lurín que denunciaron el tráfico de terrenos.
“... El fiscal Ricardo Rojas apoyó en el caso seguido contra María Isabel Flores Sales, Rosa Flores Oropeza, Karina Becerra Rodríguez y otros, quienes fueron denunciados por el delito de usurpación por parte de Racso Miró Quesada. (...) El fiscal Ricardo Rojas se comprometió a realizar las gestiones para que el Juzgado Mixto de Lurín dicte detección contra estas personas”.
“Por este caso se le pagó 5.000 dólares. El pago se entregó en dos partes, la primera de ellas fue cuando se emitió la formalización de la denuncia y la segunda parte cuando se dictó la prisión preventiva. Recuerdo que el primer pago fue de 2.500 dólares y el segundo, 2.500 dólares. Esto fue en febrero del 2013″.
Esta es parte de la declaración que el colaborador eficaz Nº 10101-2019 brindó el 19 de octubre del 2021 a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Sur.
Es uno de los cuatro casos en que el fiscal Rojas habría recibido pagos ilícitos de los abogados Willington Ojeda Guerra y Max Enrique Pacheco Acero para que favorezca los intereses del grupo inmobiliario de los empresarios Racso Gerardo Miró Quesada Vegas y Ricardo Valderrama Cueva, entre los años 2012 y 2014.
De acuerdo con las investigaciones, los referidos abogados captaron inicialmente al asistente en función fiscal José Luis Corcuera Bocanegra, a quien cada cierto tiempo le entregaban 100 soles por agilizar algunos trámites. Posteriormente, a través de Corcuera, Enrique Pacheco entra en contacto con el fiscal Rojas para lograr que se archive la denuncia que el año 2010 había presentado el ciudadano Santiago Corbacho Montesinos contra sus exsocios Racso Miró Quesada y Ricardo Valderrama, caso conocido como El Mirador.
El fiscal Rojas solicitó la suma de 5.000 dólares para emitir la resolución de archivo. Asimismo, para favorecer el resultado, les entrega a los abogados el pliego de preguntas que debían responder los investigados, de tal manera que estos no acudían al despacho fiscal y solo enviaban el pliego interrogatorio desarrollado, con su firma y huella.
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Los pagos, dice el colaborador, los entregaba Willington Ojeda, en montos de 500 a 600 dólares en forma directa al fiscal o, en otras ocasiones, a su asistente de confianza José Corcuera, en la misma oficina del despacho fiscal. El 16 de abril del 2016 se archivó el caso.
Ese fue el primer caso que Rojas trabajó para Miró Quesada y su socio. El segundo fue el de las vecinas y un regidor de Lurín que constantemente organizaban a la población y denunciaban ante la prensa la usurpación de terrenos.
Siendo que, a su vez, los vecinos de Lurín presentaron otra denuncia contra Racso Miró Quesada, los abogados volvieron a realizar otro trato con el fiscal y nuevo pago de 5.000 dólares. “Al igual que en el caso anterior, el fiscal entregaba a través de su asistente una memoria USB con el pliego de preguntas, con la finalidad de que mejoren los términos de su declaración y además eviten acudir al despacho”, precisa la fiscalía.
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Rojas también apoyó a los abogados. En diciembre del 2012, en Punta Negra, Willington Ojeda fue intervenido por la policía cuando se encontraba conduciendo en estado de ebriedad y sin brevete. Al ser intervenido opuso resistencia y faltó el respeto a los policías.
Willington Ojeda llamó al abogado Enrique Pacheco y este al fiscal Rojas, que se encontraba de turno. Ningún fiscal se constituyó a la comisaría de Punta Negra y, al cabo de las 24 horas, el abogado tuvo que ser liberado. La policía presentó los cargos y, al caer el proceso en manos de Rojas, el abogado se acogió al principio de oportunidad y pagó una reparación civil simbólica, con lo que se evitó cualquier antecedente negativo.
Ya entrados en confianza, el fiscal Rojas habría ofrecido su asesoría para coordinar con el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, entonces juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Lima Sur, para que dicte una sentencia absolutoria en la denuncia sobre la compraventa de 60 hectáreas de tierras a la municipalidad de San Bartolo.
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“Las coordinaciones ejecutadas para obtener dicho fin estuvieron a cargo de la abogada Liliana Campos Aspajo, quien en representación de Ricardo Valderrama se encargó de culminar dichas negociaciones, llegándose a pagar al fiscal cuestionado la suma de 30.000 dólares, aproximadamente”, acusa la fiscalía superior anticorrupción.
El testigo protegido con clave de reserva de identidad 3-2021 corroboró, en una declaración ofrecida el 19 de noviembre del 2021, que el fiscal recibió pagos de 5.000 dólares en varios aportes para favorecer en diversos casos a Racso Miró Quesada.
Hay otra investigación del año 2016
El fiscal Ricardo Rojas fue detenido el 18 de abril como parte de una investigación que desde setiembre del 2021 realiza la fiscalía superior de Lima Sur sobre el presunto pagos de sobornos.
Sin bien la detención se produjo por el apoyo que habría brindado a Racso Miró Quesada y su socio, entre los años 2012 y 2014, se investigan otros pagos que habría recibido el año 2016 de una organización de traficantes de terrenos en Pachacámac.
Rojas fue fiscal de lavado de activos de Lima, entre el 2014 y 2015. En enero del 2015 inició la investigación a Nadine Heredia y la PNP que hoy está en juicio público.
