Política

Guerra entre fiscales al interior del Ministerio Público

Por los ascensos. El sistema de fiscalías de delitos de corrupción y las de lavado de activos se atacan por el control de los casos. Unas y otras utilizan las investigaciones para obtener beneficios extraprocesales o afectar la credibilidad y honorabilidad de los que consideran rivales.

El dato. El conflicto entre los fiscales amenaza el avance de los procesos en trámite, pues genera una desconfianza en toda la institución. Foto: composición La República/ difusión
El dato. El conflicto entre los fiscales amenaza el avance de los procesos en trámite, pues genera una desconfianza en toda la institución. Foto: composición La República/ difusión

El Ministerio Público se encuentra inmerso en una guerra civil por el poder, los ascensos a supremos, la supervivencia de los fiscales y el control de la Fiscalía de la Nación.

Las batallas más visibles se desarrollan entre los fiscales de las especializadas de delitos de corrupción y lavado de activos. Pero no son los únicos. Otros, dentro y fuera de la institución, se mueven en la sombra.

Cada bando tiene algo de razón y sinrazón. Buenos deseos y aspiraciones. Malas prácticas. El fiscal provincial para casos de corrupción Reynaldo Abia dice que se trata de egos, recelos y errores que los encuentra desunidos.

Motivos justos

Para entender el conflicto, hay que explicar los motivos que mueve a unos y otros: los ascensos a fiscal supremo titular y, por tanto, la posibilidad de ser el futuro fiscal de la Nación.

Hoy hay tres vacantes para fiscal supremo titular, luego de la destitución de Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El 9 de diciembre del 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a concurso para elegir a dos nuevos fiscales supremos titulares. El concurso está planificado para terminar en mayo del 2022, pero podría llevar más tiempo.

El tercer cupo se ocuparía en un concurso que se convocaría a mediados del 2023. El asunto es que hay muchos aspirantes.

Uno de esos aspirantes es el fiscal superior titular Rafael Ernesto Vela Barba. En su condición de coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del Equipo Especial Lava Jato, hasta hace unos meses, era fijo para ascender, pero la demora en los juicios y la falta de condenas le hace perder puntos.

En medios judiciales se comenta que la Junta no quiso poner a concurso la tercera plaza vacante para esperarlo. Para que un fiscal superior titular pueda ascender a supremo necesita un mínimo de diez años de servicio. Vela Barba fue nombrado fiscal superior titular el 26 de julio del 2013, por lo que recién cumplirá con ese requisito en julio del 2023.

Otro serio aspirante en crecimiento es el fiscal superior titular Omar Tello Rosales, a partir del buen trabajo que desarrolla como coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la corrupción.

Tello Rosales fue nombrado fiscal superior titular el 25 de abril del 2013. Es decir, al igual que Vela, estará apto el 2023. A diferencia de Vela, Tello sí puede mostrar condenadas por delitos de corrupción. Así las cosas, Vela tendría el respaldo mediático y Tello, resultados visibles que mostrar a sus evaluadores.

Pero ellos no son los únicos candidatos. En el actual concurso hay 21 candidatos fiscales, muchos de los cuales lo volverán a intentar el 2023. De allí que el conflicto se ha extendido a los actuales candidatos, como la fiscal superior y actual fiscal suprema provisional María Isabel Sokolich Alva.

Los falsos WhatsApp de Sokolich con Omar Tello no son casuales ni tienen afán de limpieza. Se busca afectar su honorabilidad y la posibilidad, pues dicha fiscal es seria candidata a ascender y ser la siguiente fiscal de la Nación, al restablecerse la Junta de Fiscales Supremos.

Un allanamiento

Bajo este contexto, el 8 de enero del 2022, la fiscalía para casos de corrupción allanó el departamento de Janet Talavera, exgerente de comunicaciones del Ministerio Público y actual asesora de comunicaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

El caso se hizo conocido luego de que Pedro Salinas, cuya casa en Mala también fue allanada, acusó al Sodalicio de estar detrás de la decisión fiscal.

La verdad es que la diligencia se realizó en una investigación a cargo del fiscal Reynaldo Abia sobre un contrato de Media Training con la empresa consultora CHISAC, el 2017, en la gestión de Pablo Sánchez. La denuncia inicial comprendió a Pablo Sánchez. La Fiscalía de la Nación archivó respecto de él y la indagación se realiza contra los funcionarios de menor jerarquía.

Para la incautación de equipos de computo, la Fiscalía tiene un software que le permite buscar palabras claves. Eso se hizo con los equipos de Talavera. Esa misma mañana, alguien alertó a Rafael Vela de que su nombre habría sido uno de los que se buscó en los equipos de cómputo. El despacho de Abia lo desmiente.

La República sabe de buena fuente que Rafael Vela llamó al despacho de la fiscal de la Nación para quejarse, amenazó con salir a la prensa y responsabilizar a Zoraida Ávalos. Le contestaron que ella se encontraba de licencia y que en ese momento su lugar lo ocupaba Pablo Sánchez.

El ex fiscal de la Nación también se sintió afectado. Pablo Sánchez lo atribuyó a funcionarios y fiscales que trabajan con la doctora Ávalos que no quieren que ella deje el cargo, para continuar en sus puestos.

En una situación normal, ese allanamiento no debió darse. Abia ha aclarado que él considera que en la lucha contra la corrupción no puede haber intocables. Le pareció adecuado allanar el departamento de una exfuncionario del Ministerio Público. Todos los días se realizan allanamientos contra gente común y no pasa nada.

Colaboración eficaz

Vela se quedó incómodo. La oportunidad de contraatacar, dicen las fuentes, le llegó semanas después. En febrero, el abogado César Nakazaki lo llamó para coordinar la colaboración de Karelim López.

En diciembre, la fiscal Luz Taquire comenzó una investigación reservada a López y otros personajes del entorno del presidente Pedro Castillo por lavado de activos.

A pesar de tratarse de una investigación secreta, López se enteró. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero Nakazaki decidió que era el momento de convertirse en colaboradora eficaz, pese a que asegura no ha cometido ningún delito.

En el Ministerio Público dicen que eso resultó perfecto para los intereses de Vela. El caso Lava Jato ya no le da para mantenerse en el escenario público por más tiempo. Necesita un nuevo caso, para nuevas medidas cautelares, prisiones preventivas y filtraciones a la prensa.

Un proceso al actual presidente es perfecto para el lucimiento de los fiscales. Coincidentemente, la aspirante a colaboradora mencionó a Zoraida Ávalos y Omar Tello. No los señala en actos ilícitos, pero fue suficiente para devolver el golpe. Lo que Karelim dice ni siquiera es posible de probar. En una situación normal, señalan los fiscales, eso no se habría incluido en el acta. Pero se incluyó y se le dio publicidad.

Es más, las fiscalías de lavado de activos han permitido que Nakazaki diga que los fiscales anticorrupción se negaron a acoger a López como colaboradora, que luego filtraron su declaración y son los responsables de las amenazas que recibió.

Karelim López

Oportunidad. Karelim López, una colaboradora sin delitos. Foto: difusión

La fiscal Karla Zecenarro le ha pedido a la fiscal Taquire que aclare al abogado. Ella se enteró de la declaración por la prensa. Nunca hubo una comunicación a otras fiscalías antes del 25 de febrero. Pero el equipo de Vela guarda silencio. Eso afecta la credibilidad de los fiscales anticorrupción.

Por eso ha vuelto a tomar relevancia el celular incautado a Janet Talavera. Allí habría comunicaciones con Rafael Vela durante el último proceso electoral. Se habla de intercambio de borradores de proyectos de resoluciones electorales. Eso sí se podría probar.

“Hay que dejar de lado los recelos y trabajar unidos”

“Se vive un ambiente de desconfianza y recelos. Los fiscales no confiamos unos en otros y eso lo aprovechan las personas que quieren ver al Ministerio Público desunido. Necesitamos un liderazgo que unifique a la institución. Puede haberse cometido errores, pero ven fantasmas y en su miedo filtran declaraciones sin pruebas o comunicaciones privadas que solo aumenta la desconfianza. Hay que confiar y trabajar juntos”, señala el fiscal Reynaldo Abia.

Abia fue el único fiscal que quiso declarar para esta nota. La República solicitó, a través de la oficina de prensa, entrevistar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. No obtuvimos respuesta. El fiscal Omar Tello está de licencia por un tema personal.

Jurado

Memoria. Janet Talavera niega la existencia de un intercambio de proyectos con el fiscal Vela. Solo hay mensajes privados con periodistas, dice.

Elecciones. La historia que circula dice que Vela habría revisado los proyectos de resoluciones del JNE. “Eso no pasa por mis manos”, insiste Talavera, “no podía compartirlos con él ni con nadie”.