Fiscal cuenta cómo descubrieron mafia que cobraba por camas UCI en EsSalud
El fiscal Reynaldo Abia asegura que “era un secreto a voces”, aunque el primer caso que recibió fue en uno de los peores momentos de la segunda ola. A raíz de ello, comenzaron las averiguaciones.
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La denuncia del familiar de un paciente internado por COVID-19 fue el inicio para develar la existencia de Los Ángeles Negros, organización criminal acusada de cobrar dinero para permitir la hospitalización en camas UCI dentro de la Red Almenara de EsSalud.
El fiscal provincial anticorrupción Reynaldo Abia detalla que el primer caso que recibieron fue en el mes de marzo de este año, cuando el país experimentaba uno de los peores momentos de la segunda ola.
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En aquella ocasión, una persona llegó a la propia oficina del Ministerio Público para contar que le habían ofrecido una cama UCI a cambio del pago de una fuerte suma de dinero. Aunque el fiscal aduce que anteriormente ya había oído hablar de otros casos similares.
“Llegó una persona a denunciar directamente a mi despacho, incluso llorando porque su familiar estaba vivo y tratando de alcanzar la hospitalización en una cama UCI, pero lamentablemente no lo pudo acreditar. Entonces, empezamos a armar todo un equipo de inteligencia para verificar. Como lo vuelvo a repetir, era un secreto a voces que se decía en los pasillos entre las personas que atravesaban esta situación”, indicó Abia en entrevista con RPP.
El fiscal provincial asegura que cuando su equipo se encontraba indagando e informándose sobre los procedimientos médicos y administrativos de cómo se asignaban las camas UCI, se enteraron de una segunda denuncia muy similar a la anterior, la cual se realizó por los canales de EsSalud.
“Nosotros ya habíamos citado a algunos funcionarios de este hospital (Almenara), al director incluso ya lo habíamos llamado y se había pedido información a la alta dirección de EsSalud. Ellos sabían que estábamos investigando de forma reservada este primer caso y luego aparece este nuevo que era similar, pero la diferencia con este segundo caso es que había más evidencia”, señala Abia.
El segundo denunciante contó que su hermano estaba internado por COVID-19 en el Almenara, pero requería de ventilación asistida, por lo que, al empezar a averiguar, dos personas lo captaron para pedirle S/ 82.000 a cambio de una cama UCI.
El afectado no solo registró las conversaciones y negociaciones con los inescrupulosos, sino que además puso como condición que los pagos sean fraccionados y bancarizados, a fin de que sea una garantía de que entregó el dinero.
Gracias a que los pagos se canalizaron a través de agencias financieras, la Fiscalía pudo obtener evidencia de quienes estaban involucrados. En paralelo, el equipo anticorrupción realizaba trabajo de inteligencia, videovigilancia y seguimiento a estas personas para poderlas identificar.
“Es a partir de eso que empezamos a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante. Ahí ingresa el apoyo valiosísimo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo cual hacemos un barrido de todo el recorrido del dinero y empezamos a encontrar a las personas una por una, logrando vincular quiénes eran. Lamentablemente, han involucrado también a sus familiares”, señala el fiscal.
Hasta el momento, se ha detenido a nueve personas, aunque se investiga si hay médicos y más funcionarios de la Red Almenara que habrían participado en la organización criminal. El caso se investiga por presunto tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho activo, delitos que podrían castigarse hasta con ocho años de prisión efectiva.
