Modificación de la ley de colaboración eficaz beneficiaría a Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori
La República se comunicó con expertos para analizar los alcances del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, el cual establece cuestionables cambios a la figura de la colaboración eficaz. Especialistas anticipan un posible intento de encubrimiento y penalización de los fiscales.
Existen escenarios donde los extremos confluyen. Para Perú Libre y Fuerza Popular –enmarcados en una tregua entre la oposición y el oficialismo–, el momento y lugar de concurrencia fue la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en la que se aprobó el dictamen de un proyecto que busca la modificatoria de la ley de colaboración eficaz, con el que se propone la penalización de fiscales que filtren el contenido de los testimonios de los colaboradores y a los periodistas que la difundan. A pesar de verse enfrentados en diversas ocasiones, en esta oportunidad, Waldemar Cerrón y Hernando Guerra García unificaron criterios para –cada uno por su lado– presionar para la aprobación del dictamen que afectaría esta herramienta de la lucha contra la corrupción.
Para el abogado penalista Andy Carrión, los grandes beneficiados de esta modificatoria a la ley de colaboración eficaz serían Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. El primero afronta, actualmente, una investigación fiscal por crimen organizado, al ser presuntamente la cabeza de Los Dinámicos del Centro. La segunda, por su parte, está comprometida en un caso de lavado de activos y es investigada por los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial del 2011.
“El Sr. Vladimir Cerrón está investigado por muchos casos, obviamente que no le conviene que la prensa filtre sus informaciones y de Keiko Fujimori también, porque ella está involucrada en un tema de lavado de activos y es evidente que no le conviene que se filtre lo que digan algunos colaboradores eficaces, como (Giancarlo) Bertini, quien acaba de llegar y es quien quiere someterse también a este procedimiento de colaboración para afianzar más la hipótesis de la Fiscalía”, precisa en diálogo con La República.
PUEDES VER: Ministerio Público: De aprobarse la modificación de la colaboración eficaz, favorecería la impunidad
Giancarlo Bertini Vivanco es un empresario que se encontraba prófugo desde el 2018 y que acaba de regresar al país –desde Italia– para someterse a la colaboración eficaz. Su retorno se produce a inicios de febrero, solo semanas antes de que se geste la aprobación del cuestionado dictamen en la Comisión de Justicia. La finalidad sería que no pueda conocerse de manera pública lo que él vaya a informar como parte del proceso de colaboración.
Ante ello, Andy Carrión afirma que ni Perú Libre ni Fuerza Popular son los más idóneos para liderar una modificatoria de la ley de colaboración eficaz: “Así que Fuerza Popular y Perú Libre son los menos idóneos para poder proponer esta ley. Si habría que buscar un calificativo para esta norma, sería una norma de encubrimiento para ocultar las investigaciones para que ellos no estén expuestos ante la prensa”.
Por su parte, el abogado penalista Claudio Cajina indica que la ley está concebida y pensaba para ser cumplida y obligatoria. Advierte que si el Código Procesal Penal establece que las investigaciones son reservadas, la disposición debe de ser cumplida: “El hecho de que se permita que se filtre información, ya sea de los testigos o de los colaboradores eficaces, eso es un incumplimiento flagrante a esa disposición”.
En cuanto al dictamen aprobado en la Comisión de Justicia, el experto considera que la modificación tiene “un tufillo revanchista” y que es desmedido pedir cárcel para un fiscal: “Ahora, de allí a pedir prisión para los fiscales que filtren información, hay una distancia grande. Yo creo que pareciese haber un tufillo revanchista de algunos políticos, porque ciertamente las filtraciones han tenido un carácter político. Esa norma que están aprobando tiene un tufillo revanchista, que resulta al final de todo absolutamente desproporcionada. Creo que hay otras medidas que se podrían tomar contra aquellos que incumplan esa disposición y que pueden ir desde amonestaciones, procesos disciplinarios o hasta destituciones, pero de ahí a pretender meter a la cárcel a fiscales creo que no”.
Entre las modificaciones planteadas, se señala que se debe sancionar con prisión a los funcionarios públicos –como procuradores, fiscales y jueces– que filtren el contenido de los colaboradores eficaces. Esto implica identificarlos o filtrar el contenido de sus declaraciones.
Por su parte, este último domingo 20 de febrero, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento en donde dio a conocer la posición en contra de la institución y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre el tema: “De aprobarse la modificación de la colaboración eficaz, favorecería a la impunidad”, expresan. El tema –tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia– será debatida en el Pleno, a la espera de su aprobación.
Advierten que no sería una modificación necesaria
En la opinión de Andy Carrión, la modificación planteada a la ley de colaboración eficaz no sería necesaria porque ya se contempla una sanción para los fiscales que filtren información. Argumenta que es una realidad que –en el pasado– ha existido una filtración de información desde el Ministerio Público hacia la prensa, pero advierte que el problema recae en que no se ha podido identificar a los autores de este desvío de información. Aclara que no solo los fiscales tienen acceso a los documentos, sino también las partes investigadas. También resalta la inviolabilidad del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.
“Las filtraciones de información ya son sancionadas de por sí. ¿Necesitamos una ley adicional para que se sancione a los fiscales? Yo creo que no, porque lo que se está tratando de hacer con esta norma es penalizar una inconducta de un fiscal cuando ya existe una norma para regular eso. (…) Esta norma está por demás porque no solo afecta al fiscal, sino a la prensa. Los periodistas siempre tienen el derecho a la reserva de sus fuentes, así como nosotros los abogados tenemos la reserva del abogado-cliente”, explica.
En opinión de Claudio Cajina, el proyecto, antes de ser aprobado en el Pleno, debería ser analizado por los expertos de la comunidad jurídica: “Espero que el debate sea público. Además del debate en el Pleno, creo que se debe generar un debate en la comunidad jurídica y hay expertos que deben ser convocados e invitados para explicar este intento de modificatoria. Y lo más recomendable es que la academia se pronuncie sobre proyectos de este tipo”, concluye.
