Oposición busca que sea el Congreso y no el Ejecutivo el que designe al Procurador General del Estado
Iniciativa presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) señala que Procurador debe ser elegido por votos en la Comisión Permanente. Propuesta sería viable, según expertos.
El proyecto de ley de la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, cuyo fin es brindarle mayor autonomía a la Procuraduría General del Estado, no es una novedad en el Parlamento, pues el último 10 de enero el congresista Héctor Acuña presentó una iniciativa legislativa con el mismo espíritu. Estos planteamientos que surgen desde algunos sectores de la oposición en el Parlamento buscan que sea el Poder Legislativo el encargado de elegir al Procurador General del Estado, facultad que por norma le compete al presidente de la República, quien recibe la recomendación del ministro de Justicia.
Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero expresó, en diálogo con La República, que esta iniciativa no es una novedad en el Parlamento, ya que anteriores congresos han planteado la necesidad de darle mayor autonomía a la Procuraduría: “Ya lo hemos visto en congresos pasados, en la Comisión de Constitución, cuando era presidente Luis Valdez, se aprobó un dictamen en ese sentido, fue lo que más avanzó y ya no pasó al Pleno por una falta de tiempo. Hasta ahí solo existían proyectos, uno de la entonces congresista Vilcatoma. (…) En este Congreso el primer proyecto presentado en ese sentido ha sido del congresista Héctor Acuña, el 10 de enero, con sus matices frente al proyecto de Chirinos”, declaró.
Sobre el fondo del proyecto, Ampuero señaló que está a favor de que no sea el Ejecutivo el que designe al Procurador, debido a que existen antecedentes de represalias contra exprocuradores por cumplir sus funciones: “Yo siempre he manifestado que una verdadera autonomía e independencia de esta institución pasa por cambiar su forma de elección de su máxima autoridad. (…) Esta forma de elección, según mi punto de vista, tiene que ser realizada por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público y transparente o también el Congreso de la República”, agregó.
En esta misma línea, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urviola indicó que le parece una iniciativa interesante y le gustaría que se debata abiertamente en el Pleno, pero considera que siempre es mejor generar reformas de manera integral: “Creo que en el escenario último que hemos tenido, que se ha caracterizado por un escenario de corrupción contante en los distintos niveles de la función pública, creo que es muy importante reforzar esa autonomía y aconsejan que este tema sea revisado. Es interesante la propuesta que hace la congresista Chirinos, pero creo que todas estas reformas que son necesarias deben ser parte de una reforma sistemática”, explicó.
Por otro lado, el exprocurador Julio Arbizu se mostró a favor de buscar la autonomía de la Procuraduría, pero no a través de un mecanismo en el cual sea el Congreso el encargado de elegir al Procurador: “La Procuraduría General del Estado y las Procuradurías Especializadas deberían ser autónomas y preservar un mínimo de independencia frente ante el poder político, pero que el proyecto lo presente la Sra. Chirinos, en especial este Congreso, lo que demuestra es un grado altísimo de oportunismo político. (…) Si ponemos a elegir a este Congreso, ya sabemos cuánto de cálculo político se filtra en estas elecciones. Estaríamos terminando de sepultar a una institución que tiene que ser autónoma”, declaró.
Foto: composición Jazmín Ceras
Proyecto de Patricia Chirinos
El último miércoles 26 de enero, la congresista Patricia Chirinos presentó un proyecto de ley para otorgar mayor autonomía a la Procuraduría General del Estado. La norma plantea la modificación de los artículos 39, 47, 91 inciso 2, 99, 101 y 154 inciso 7 de la Constitución Política para que el Procurador General del Estado sea elegido por el Congreso a propuesta de la Comisión Permanente.
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De acuerdo a la norma actual, el Procurador es designado por el presidente de la República, a propuesta de la o el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La iniciativa le quitaría esta facultad al Ejecutivo y pasaría a manos del Congreso. La justificación del proyecto señala que el objetivo es potenciar la autonomía de las Procuradurías Públicas y consolidar un modelo altamente especializado y técnico para la protección del interés público.
¿Un copamiento de poder de parte del Congreso?
Actualmente, el Poder Legislativo nombra a altos funcionarios como el Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros cargos de vital importancia para el país. Ante ello, le consultamos a los expertos si esta iniciativa puede generar que el Parlamento concentre el poder a través de estas medicaciones a la Constitución.
Al respecto, José Luis Ramos Salinas, sociólogo, analista político y docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, expresó que efectivamente el Congreso tiene entre sus prerrogativas hacer estos cambios, pero advierte que hay una lectura equivocada sobre lo que es la democracia y anticipa un espíritu de copamiento del poder de parte de un sector del Congreso de la República.
Crítica. Es ironía que Chirinos quiera ser la reserva moral. Foto: Congreso
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“Este Congreso tiene una idea bastante equivocada sobre lo que es la democracia, piensa que nuestro país es una democracia delegativa; es decir, que piensan que una vez elegidos puedan hacer lo que mejor les parezca. (…) No está funcionando como una institución que representa al país, sino funcionando en base a cálculos no tanto políticos, sino inmediatos que los lleven al copamiento del poder para beneficio del mismo”, expresó.
En esta línea, Julio Arbizu sostuvo que esta iniciativa de Avanza País abrirá un nuevo espacio de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: “Esto es un mensaje de guerra y la Sra. Chirinos representa eso, ella es una especie de kamikaze de las fuerzas más oscuras de la política peruana. (...) El Congreso debe entender que está legislando en favor del país y no de intereses particulares”, comentó.
Por su parte, Óscar Urviola consideró que esta iniciativa de Patricia Chirinos no genera un desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo: “El procurado es el defensor de los intereses del Estado, no del Ejecutivo o del Legislativo. Sería una mala interpretación (declarar su inconstitucionalidad) sobre lo que significa la Procuraduría, esta institución no es el defensor del presidente, así que ahí no se estaría afectando al equilibrio de poderes porque el Procurador no es el defensor del Ejecutivo. Más bien, se estaría garantizando que la elección sea producto de un debate plural”, declaró.
Mientras tanto, Katherine Ampuero resaltó que esta norma no podría ser declarada inconstitucional porque ya ha sido revisada antes en el Congreso y hay entidades como la Defensoría del Pueblo y la anterior gestión en el Ministerio de Justicia que se expresaron a favor: “No, absolutamente que no. El Ejecutivo tendría que justificar bien por qué presentaría esta demanda de inconstitucionalidad si el mismo Ministerio de Justicia, durante el Congreso pasado, dio su opinión favorable para garantizar esta autonomía e independencia”, finalizó.
