¿Qué acciones se han tomado desde el Ejecutivo y el Legislativo tras el derrame del petróleo?
El presidente Pedro Castillo cuestionó al Congreso por no investigar el caso Repsol, mientras que María del Carmen Alva sostiene que el Gobierno es el que no realizó acciones inmediatas tras la contaminación ambiental.
El Ejecutivo y el Legislativo parecen no tener una agenda común de trabajo. Este panorama se vio reflejado nuevamente con el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla a causa de la refinería La Pampilla, de la multinacional Repsol. Los poderes del Estado, en vez de coincidir en acciones de fiscalización en contra de la empresa privada, se dedicaron a criticarse ante la problemática de la contaminación ambiental.
Desde el Ejecutivo, el 20 de enero, la primera ministra, Mirtha Vásquez, tras suscribir el decreto que declara emergencia climática, anunció como acción inmediata el compromiso de la empresa Repsol para entregar canastas con productos básicos a los afectados con la contaminación. Dicha ayuda fue cuestionada desde el Parlamento por varios legisladores al considerar el comunicado como “una falta de respeto”.
Mientras eso sucedía, el presidente Pedro Castillo anunciaba que desde el Estado se tomarán “acciones penales, civiles y administrativas” hacia los responsables del derrame de petróleo en Ventanilla. Además, calificó esta negligencia como uno de los “ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar”.
Por su parte, desde el Congreso, por segunda vez consecutiva, los representantes de Repsol no se presentaron para explicar las causas de la contaminación. La primera citación de la sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia y Cambio Climático se programó para el jueves 20 de enero, y la otra, emitida por la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente, para el sábado 22 enero.
Otra acción del Congreso responde a que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, el último 19 de enero, solicitó formar una comisión investigadora por el derrame de petróleo en Ventanilla, pero en el pleno del 21 de diciembre no se discutió la medida solicitada por la también congresista de Avanza País.
Tras ello, el jefe de Estado increpó al Parlamento por no investigar el derrame de petróleo. “¿Han visto y han escuchado que el Congreso haya formado una comisión para investigar este caso? Tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero sí están atentos cuando designamos a una persona para que trabaje por el país, ahí sí, inmediatamente (forman) una comisión”, dijo el mandatario.
La respuesta fue inmediata, María del Carmen Alva, titular del Parlamento, utilizó su cuenta de Twitter para mencionar que “ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, es su Gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. ¡Es hora de trabajar!”. Su declaración era totalmente falsa, pues solo había presentado una moción para que se debata en el próximo pleno.
Nuevas acciones
Con el paso de las horas, la Marina y OEFA confirmaron un segundo derrame de petróleo frente a refinería La Pampilla de Repsol. Osinergmin reportó el vertimiento de 8 barriles de petróleo, el pasado 25 de enero
Si bien desde el Congreso ya no anunciaron otra medida de fiscalización, desde el Gobierno se confirmó nuevamente acciones legales contra Repsol, así como la paralización de actividades de la empresa de hidrocarburos en nuestro país.
El ministro de la Producción, Jorge Luis Pinto, adelantó el empadronamiento de pescadores formales e informales para la entrega de bonos. Según dijo, “ese empadronamiento ya está casi terminando y efectivamente hay muchos pescadores que no están formalizados, pero sí registrados, y no solo en Produce, sino en los organismos inscritos”.
Por su parte, el ministro del Ambiente indicó el último miércoles que la empresa Repsol podría recibir multas hasta por 30.000 UIT, equivalente a S/ 138 millones, por el desastre ecológico ocasionado y las negligencias.
