Torres: “Qué pena que consideren que el TC no tiene control concentrado de la constitucionalidad de las leyes”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, lamentó que existan abogados que consideren que el Tribunal Constitucional no tiene el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. A través de su cuenta en Twitter, el titular del Minjusdh explicó que el TC tiene el rol supremo de interpretar la Constitución Política del Perú.

“Qué pena que en el Perú existan abogadas y abogados que consideren que el TC no tiene el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y que niegan su rol de supremo intérprete de la Constitución. Esto revela la calidad de la educación en la universidad peruana”, escribió en su Twitter.

El TC tiene el principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto de la carta magna en general y de los derechos constitucionales en particular.

Proceso de evaluación del Tribunal Constitucional

Las inscripciones para participar en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) empezaron el último este lunes 18 de octubre. En esta etapa, los postulantes deberán presentar una carpeta con información que acredite los requisitos formales exigidos por el reglamento. El plazo culmina el lunes 25 de octubre.

Posteriormente, los congresistas José María Balcazar (Perú Libre), Jorge Montoya (Renovación Popular) y Adriana Tudela (Avanza País), integrantes de la comisión especial encargada de la selección de los magistrados del TC, procederá a evaluar las carpetas de los postulantes durante dos semanas. Será el 3 de noviembre que se anunciará la relación de los participantes que cumplen con los requisitos formales.

¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional?

El reglamento señala que pueden participar las personas nacidas en Perú, que ejerzan su ciudadanía y mayores de 45 años. Asimismo, haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

Adicionalmente, deberán contar con una reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral, como también poseer una probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional.