Vizcarra dice no temer perder la inmunidad presidencial

Diego Quispe

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07 Jul 2020 | 5:32 h
Versión. En Tumbes, adonde llegó con ventiladores, Vizcarra dijo que el Congreso busca que ley sea declarada inconstitucional. Foto: SEPRES
Versión. En Tumbes, adonde llegó con ventiladores, Vizcarra dijo que el Congreso busca que ley sea declarada inconstitucional. Foto: SEPRES

Reacciones. Mandatario cree que objetivo del Congreso es estancar esta reforma. En la Mesa Directiva niegan haber actuado con imprudencia, pero no aclaran por qué modificaron la Constitución de manera express.

No es la primera vez que el Congreso altera la esencia de un proyecto que el Ejecutivo desea someter a referéndum. En 2018, el presidente Martín Vizcarra propuso una consulta popular por la bicameralidad.

Sin embargo, las modificaciones de la Comisión de Constitución, dirigida entonces por la fujimorista Rosa Bartra, maquillaron la iniciativa original para incluir la reelección congresal. El Gobierno se percató de la maniobra e invocó a la ciudadanía a votar en contra. Al final, la bicameralidad fue rechazada.

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El presidente Vizcarra rememoró esta situación ayer en su visita a Tumbes, porque considera que lo mismo podría estar pasando con el dictamen sobre inmunidad, aprobado por el Congreso el último domingo.

Ese día el mandatario anunció un referéndum para retirarles el fuero a los congresistas. Horas después el Pleno aprobó eliminar la inmunidad para ellos en delitos comunes y en caso del presidente por ilícitos contra la administración pública. El proyecto también dejó sin protección al defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y sin antejuicio a los ministros.

“Yo no tengo ningún temor de que quiten la inmunidad presidencial porque siempre he obrado con transparencia”, dijo, y luego acusó.

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“Nos quieren tomar el pelo y que la eliminación de la inmunidad se caiga. Lo han distorsionado de tal manera que seguro alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarlo sin efecto. Y si la dejamos sin efecto, pasará que la inmunidad parlamentaria va a continuar”, advirtió.

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De esa manera, se repetirá lo sucedido hace dos años con la bicameralidad, pero esta vez con la inmunidad: producto de la adulteración de una iniciativa de ley, podría ser dejada sin efecto por la población con un referéndum o una demanda ante el TC. En ambos escenarios, si el proyecto del Congreso es rechazado, los legisladores conservarán su fuero. Por eso, el presidente considera que la decisión del Parlamento, en el fondo, “es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria”.

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Minutos antes, el premier Vicente Zeballos había expresado que la decisión del Congreso fue irracional y un acto de revancha por la posible convocatoria a un referéndum por esta reforma política. No obstante, anunció que buscará acercarse a los congresistas “para que acudan a una revisión de su grave y delicada decisión”. Por tanto, mañana Zeballos se reunirá con el presidente del Congreso, Manuel Merino, en vista de que el proyecto aún falta ser ratificado en un pleno de la segunda legislatura con 87 votos.

Faltan argumentos

Por la tarde, la Mesa Directiva del Parlamento, mediante conferencia de prensa, respondió al presidente. «No vamos a pisar el palito a las declaraciones nerviosas que da el Ejecutivo», manifestó Merino.

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Mientras que el vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, insistió en que el dictamen sobre la inmunidad aprobado el domingo sí tuvo discusión previa en la Comisión de Constitución. «No hubo ningún tipo de imprudencia (al aprobar el dictamen)... Los invito a que vean los videos, las actas y los audios de las sesiones», alegó.

Su colega Guillermo Aliaga agregó que la «premura» para agilizar la aprobación de ese proyecto fue por excepción.

La sentencia del TC marcó un precedente

La sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 sobre la cuestión de confianza precisa que los proyectos que modifican la Constitución no pueden exonerarse de trámite de comisión. Y el último domingo, el Congreso hizo eso con la inmunidad parlamentaria. «Introdujeron una cláusula para protegerse de las acusaciones por delitos en el ejercicio de sus funciones, pero permiten que al presidente lo acusen por delitos contra la administración pública», criticó el analista político Martín Tanaka.

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