Defensoría del Pueblo en Bolivia registra 321 arrestados, 7 muertos y 23 heridos desde el inicio de las protestas
La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó su primer reporte preliminar sobre la conflictividad social, que abarca del 1 al 24 de mayo de 2026.
La República en GoogleLa Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó su primer reporte preliminar sobre la conflictividad social, correspondiente al periodo del 1 al 24 de mayo de 2026, lapso en el que se registraron marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos durante operativos policiales destinados a habilitar corredores humanitarios. Según el informe, los incidentes dejaron siete fallecidos, 23 heridos y 321 personas arrestadas, algunas de ellas aún pendientes de investigación por el Ministerio Público.
Cuatro de las muertes se produjeron porque las víctimas no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a los cierres: tres en el departamento de La Paz y uno en Potosí, incluido un niño de 12 años que falleció camino a un hospital.
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Los otros tres fallecidos participaron directamente en las movilizaciones: una mujer de 50 años en La Paz, un hombre de 71 años en El Alto y un joven de 23 años que murió por un "traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego" dentro de un operativo para instalar un corredor humanitario el 23 de mayo.
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La Fiscalía informó que aún se esperan pericias balísticas para determinar el origen del disparo, mientras que el Gobierno negó que las fuerzas estatales portaran armas letales durante los operativos.
Más de 300 arrestos en la crisis en Bolivia
En cuanto a los arrestos, 221 personas fueron liberadas y 89 fueron imputadas penalmente. De estas últimas, 43 podrán defenderse en libertad, 19 recibieron detención domiciliaria, 12 detención preventiva y cinco, medidas sustitutivas. Diez personas fueron sentenciadas a tres años de privación de libertad mediante un trámite abreviado, aunque se les otorgó perdón judicial con restricciones como la prohibición de portar material explosivo, acercarse a puntos de bloqueo y firmar periódicamente ante los juzgados.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enfatizó en X que "la conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social… hemos acompañado en terreno con acciones humanitarias, verificación de derechos humanos y gestiones para proteger la vida y el debido proceso".
Dentro del periodo analizado, la Policía antimotines y las Fuerzas Armadas realizaron operativos de desbloqueo en La Paz, Cochabamba y Oruro en el marco del Corredor Humanitario de las Banderas Blancas, en tanto la Defensoría desplegó labores humanitarias y de diálogo. Estas incluyeron la gestión de 40 toneladas de oxígeno medicinal hacia El Alto.
Pedido de cuidado a la prensa
La institución también emitió pronunciamientos en resguardo del trabajo de la prensa y colaboró con la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias para impulsar mesas de diálogo y monitoreo del uso de la fuerza, en busca de soluciones pacíficas a la confrontación.
El informe presenta las consecuencias de la persistencia de las protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, con al menos 70 puntos de bloqueo activos en seis de los nueve departamentos del país, y subraya la necesidad de coordinación institucional para garantizar derechos fundamentales y atender emergencias.
