Las medidas de América Latina ante el alza del petróleo por la guerra en Irán
Panorama. Una de las fuentes más codiciadas y fluctuantes es ahora el epicentro de un debate sobre seguridad energética y sostenibilidad económica. Esto enfrenta a la región a un desafío: cómo equilibrar la dependencia de las importaciones de crudo con estrategias internas de producción y contención.
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El impacto de la guerra en Irán no es un fenómeno distante para América Latina. La tensión geopolítica en Oriente Medio desencadenó un repunte sostenido del precio del petróleo, que superó los 100 dólares por barril, lo que alteró los equilibrios económicos globales y presionó de manera constante y con fuerza a las economías emergentes.
Frente a este escenario, los gobiernos desplegaron un abanico de medidas que combinaron subsidios, ajustes fiscales y reformas energéticas. Sin embargo, la respuesta no fue uniforme: mientras algunos países intentaron contener los precios, otros optaron por trasladar parcialmente el costo al consumidor o aprovechar el contexto como oportunidad fiscal.
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“El impacto puede ser importante, pero no va a ser uniforme. En América Latina, el mismo shock petrolero puede traducirse en más inflación, más presión sobre las cuentas públicas o una combinación de ambas cosas, dependiendo de cómo cada país administre los precios internos”, analizó para Bloomberg el economista Jonathan Fortun.
Una de las pocas naciones no afectadas es Venezuela, que, por ahora, no presenta un aumento. De hecho, el costo de este combustible sigue siendo el mismo, el tercero más bajo a nivel mundial, según Global Petrol Prices. Este escenario fue previsto por el economista Pedro Palma, quien, en entrevista con Deutsche Welle (DW), señaló que “no se estima que se produzca un efecto inflacionario”.
Apoyo y control
La situación cambia en países como México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la intervención directa en los costos de los combustibles, manteniendo acuerdos con gasolineros para que el diésel no supere los 28 pesos por litro.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que esta medida se da en “beneficio de la economía”.
Por su parte, Brasil redujo impuestos federales como el PIS y el COFINS al diésel y aplicó medidas fiscales para compensar el alza de precios, con el objetivo de reducir el precio en las estaciones de servicio hasta en 0,64 reales (US$0,13) por litro.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, señaló en una conferencia de prensa que el gigante sudamericano “es uno de los países menos afectados por una crisis geopolítica que no se originó aquí”. Aunque France 24 precisó que Brasilia depende significativamente del 30% del combustible utilizado, el cual proviene del exterior.
Uruguay adoptó un enfoque más moderado, implementando ajustes en los precios de los carburantes, pero de forma gradual y controlada. Desde abril, se autorizó un incremento de aproximadamente el 7% en las tarifas de la gasolina y el gasoil. La medida fue diseñada para no trasladar por completo el aumento internacional a los consumidores locales.
Además, la nación modificó la periodicidad de los ajustes, pasando de una actualización bimestral a mensual para poder seguir más de cerca las fluctuaciones. También se implementaron instrumentos de crédito blando para sectores vulnerables, como el agro, que son los más afectados por el aumento de los costos energéticos.
Acciones radicales en la región
En Chile, la administración de José Antonio Kast modificó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Como resultado, el precio aumentó con subidas de alrededor de 372 pesos por litro en gasolina de 93 octanos y 580 pesos por litro en diésel.
El Gobierno justificó la medida en el contexto de una fuerte alza internacional del petróleo y una “estrechez fiscal” del Estado, argumentando que el costo de amortiguar el impacto mediante subsidios era insostenible.
En la misma línea, Argentina decidió suspender el incremento del impuesto a la combustión previsto para abril, con el objetivo de mitigar el efecto en los consumidores nacionales, según informó la Secretaría de Energía. Además, implementó una actualización en la que elevó el límite máximo de oxígeno permitido en el crudo a 5,6%.
Esta modificación otorgará mayor flexibilidad a las refinerías para ajustar la composición de los combustibles.
Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, reveló que en el país el hidrocarburo “es caro debido a una gran participación de impuestos internamente en el número final y porque estamos acostumbrados a que la energía es regalada”.
Eliminación de ayudas estatales
Mientras tanto, en Bolivia, la situación es más compleja debido a la reducción de sus reservas gasíferas. Al igual que Paraguay y Perú, el país altiplánico no aplicó medidas de ayuda, como subsidios u otras políticas de control. De hecho, La Paz había eliminado el apoyo a los carburantes en busca de un aumento fiscal.
En el caso específico de la nación peruana, el economista Armando Mendoza advierte para La República que el país “actualmente consumen el equivalente a 300.000 barriles diarios de combustible y la producción de petróleo representa escasamente el 10% de esa cantidad. En el Perú se producen 30.000 barriles de crudos a diario y esa producción es realmente una producción muy marginal”.
Ecuador, que también eliminó el subsidio al diésel, implementó un sistema de bandas que permite un ajuste de hasta un 5% al alza o un 10% a la baja, dependiendo de los precios internacionales. José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía ecuatoriano, advirtió que, en el contexto actual, la capacidad de trasladar ese costo al consumidor se ve limitada, lo que podría generar un impacto fiscal significativo.
En el caso de Colombia, la circunstancia es distinta: redujo progresivamente el valor de la gasolina en los últimos meses, pero el Ejecutivo alertó que si internacionalmente del combustible sigue aumentando, el precio interno deberá ajustarse.
Este escenario puso al gobierno ante grandes dificultades, ya que su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles se enfrenta ahora a las presiones derivadas de la alza global de los importes.
La reacción de Centroamérica
El Salvador es una excepción al mantener un costo significativamente bajo. Esta estabilidad responde al control de precios energéticos.
Por otro lado, Guatemala implementará desde el 1 de mayo un subsidio temporal a las fuentes de energía, financiado con fondos existentes en el presupuesto nacional. Mientras tanto, Costa Rica optó por ajustar la tasa, como sugirió la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), aunque no añadió medidas de asistencias.
En Honduras, la administración mantiene un subsidio parcial, absorbiendo alrededor del 50% del incremento.
Panorama desalentador
Pese a todas estas medidas implementadas por los diversos gobiernos y administraciones, Mendoza advierte que la figura no es sencilla. Ya sea el hecho de los subsidios o la no intervención del Estado en los precios, la ciudadanía termina siendo la afectada por una suba que no parece tener calma debido a la continuidad de la guerra en Irán.
“No hay solución perfecta. No hay aquí una solución gratuita. El tema de los subsidios para proteger a los sectores más necesitados, con menores recursos frente al impacto económico de las fuentes de combustibles, es válido, pero tiene sus alcances. No puede ser una medida permanente porque, además, introduce una distorsión en el mercado de los combustibles”, asegura el economista.
Además, detalla que cuando se dan estos apoyos “eso no es dinero gratis, está pagando el Estado. Es decir, al final quienes terminan pagando son los demás contribuyentes”.
