España sanciona a Airbnb con más de 70 millones de dólares por anuncios de viviendas turísticas sin licencia
Además de la multa principal, Airbnb deberá retirar los anuncios ilegales y hacer pública la sanción, mientras la empresa planea recurrir esta decisión en los tribunales.
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El Ministerio de Consumo de España impuso una multa de 64 millones de euros (unos 75 millones de dólares) a la plataforma Airbnb por permitir la publicación de viviendas turísticas sin licencia en su portal, pese a que la normativa española exige este requisito.
La sanción fue confirmada por el despacho que dirige Pablo Bustinduy y responde a la detección de 65.122 anuncios irregulares, algunos de ellos con números de registro inexistentes o incorrectos. Según la autoridad, la penalidad equivale a seis veces el beneficio ilícito que la empresa habría obtenido desde que fue advertida hasta que retiró los avisos cuestionados.
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De acuerdo con el Ministerio, el expediente sancionador acreditó que la compañía, con sede en San Francisco, Estados Unidos, no adoptó medidas eficaces para impedir que propietarios sin autorización legal ofrecieran sus inmuebles como alquileres turísticos. La resolución administrativa “deviene firme y agota la vía administrativa”, luego de que se resolviera el recurso de alzada presentado ante el propio ministro de Consumo, consolidando así la mayor sanción aplicada en España contra una plataforma de este tipo.
"Vamos a seguir actuando con total determinación"
Bustinduy reafirmó que el Gobierno mantendrá una actuación “con total determinación” frente a las infracciones detectadas en el sector del alquiler turístico y advirtió que en España “se va a cumplir la ley”, sin excepciones para grandes corporaciones. En una rueda de prensa en Madrid, el titular sostuvo que ninguna empresa, “poderosa que sea”, puede sostener un modelo de negocio al margen legal.
El titular precisó que la resolución contra Airbnb incluye dos sanciones accesorias, además de la multa principal. Estas medidas obligan a la plataforma a corregir los incumplimientos constatados, retirando los contenidos ilícitos de su portal, y a hacer pública la sanción impuesta, como parte de las acciones orientadas a garantizar la transparencia y el respeto de la normativa de consumo.
Airbnb resalta acciones contradictorias
Desde la compañía, un portavoz señaló a la AFP que Airbnb considera que las actuaciones del Ministerio de Consumo son contrarias a la legislación aplicable en España y confirmó que la empresa recurrirá la sanción ante los tribunales. Las infracciones fueron detectadas en 65.122 anuncios, en un proceso que se inició en octubre de 2024, cuando la Dirección General de Consumo notificó la existencia de publicidad ilícita. Ante la falta de respuesta, en diciembre se abrió un expediente sancionador que derivó en sucesivos recursos de la multinacional.
Según el Ministerio, esos recursos fueron rechazados tanto en sede administrativa como por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó la posición del Gobierno en dos ocasiones.
A finales de julio, la plataforma retiró los anuncios cuestionados. Además, Consumo impuso dos sanciones leves de 10.000 euros cada una: una por no informar si los anfitriones eran profesionales o particulares, y otra por obstrucción y negativa a facilitar información durante la investigación, al no atender los requerimientos oficiales.
