Buenas noticias para los inmigrantes en EEUU: este estado aprueba ley que limita las políticas de Trump contra indocumentados
Dicho estado se mantiene firme frente a las políticas de Trump, impulsando una defensa de los derechos civiles que busca reducir el miedo en la comunidad inmigrante y fortalecer sus aportes a la economía.
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La Cámara de Representantes de Colorado aprobó una nueva legislación que refuerza las protecciones para los inmigrantes en el estado. Esta normativa restringe aún más la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, lo que contrasta con las políticas restrictivas impulsadas por el presidente Donald Trump. La ley, identificada como SB25-276 y denominada Ley de Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio, está a la espera de la firma del gobernador demócrata Jared Polis para su implementación.
Las senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas demócratas, impulsaron la nueva medida que modifica la ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado, creada en 2013, la cual otorga licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.
La modificación de ley que limita las políticas del presidente Trump en Colorado
La SB25-276 especifica que, para obtener documentos de identidad estatales, los inmigrantes ya no requieren presentar una declaración jurada indicando que califican para regularizar su situación. Además, prohíbe que sigan encarceladas los inmigrantes que fueron arrestados por su estado migratorio. Asimismo, permite a los indocumentados solicitar la nulidad de declaración de culpabilidad por delitos menores solo si, al momento de hacerlo, no recibieron asesoría legal de sus derechos o de las consecuencias de declararse como culpable.
Sin embargo, en caso de crímenes federales o si una orden judicial lo establezca, la SB25-276 aclara que sí habrá cooperación con las autoridades federales. “Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor”, sostuvo la representante Velasco en un comunicado, asegurando que el estado toma medidas para fortalecerse en relación al intercambio de datos personales. "reafirmamos nuestras protecciones existentes para garantizar el debido proceso para todos, independientemente de su estatus migratorio”, añadió.
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Colorado hace frente a las políticas de Trump con las 'ciudades santuario'
Colorado forma parte de los estados que poseen una 'ciudad santuario', las cuales protegen a los inmigrantes de las políticas de Trump. Anteriormente, el presidente de EEUU culpabilizó a estas ciudades de interferir en el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Por ello, el gobernador Polis, el fiscal estatal Phil Weiser y el alcalde de Denver, Mike Johnston, están involucrados en una demanda presentada el viernes pasado por el gobierno de Trump en un tribunal de Denver, en contra de las denominadas "políticas santuario" en Colorado.
El Departamento de Justicia también interpuso demandas similares contra Chicago y Rochester, en Nueva York. Asimismo, el gobierno federal argumenta que las "políticas santuario" de Colorado favorecieron al 'Tren de Aragua' en la invasión de apartamentos en Aurora, Denver.
Frente a ello, funcionarios de Colorado, entre ellos Mike Coffman, republicano y alcalde de Aurora, admitieron la presencia de pandilleros, pero rechazaron tanto la idea de que estos se hayan apoderado de "amplias zonas de la ciudad" como la afirmación de que no haya habido colaboración con ICE.
Posturas sobre la ley SB 25-276 que protege inmigrantes en Colorado
Las opiniones sobre el SB 25-276 son variadas. Por su parte, la legisladora Elizabeth Velasco afirmó que el objetivo de aprobar esta ley es disminuir el miedo que los inmigrantes enfrentan en su vida diaria. Según Velasco, existe un ambiente de inseguridad gracias a las políticas federales, lo que provoca que muchas familias teman enviar a sus hijos a la escuela o ir a trabajar.
Por otro lado, el republicano Jarvis Caldwell presentó una enmienda para invalidar el proyecto en caso de que el estado perdiera fondos federales. La propuesta fue rechazada con 41 votos en contra y 22 a favor, lo que demuestra el compromiso de la mayoría legislativa con la defensa de los derechos civiles.
