Duro golpe a Trump: inmigrantes en este estado no podrán ser arrestados ni deportados tras decisión de juez sobre la ley migratoria
La ley SB 4-C, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, establece sanciones severas para inmigrantes indocumentados, aumentando preocupaciones sobre derechos civiles y supervisión en la detención.
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El juez general James Uthmeier ha optado por suspender temporalmente los arrestos de inmigrantes en Florida, una acción que podría alterar significativamente la aplicación de la ley migratoria en el estado. De acuerdo con un informe de Fox News, esta determinación surgió tras una evaluación de la implementación de la normativa estatal, donde se detectaron irregularidades en los procedimientos establecidos.
Esta ley, avalada por el gobernador Ron DeSantis, había permitido que agentes de la Patrulla de Carreteras del estado trabajaran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas sospechosas de estar en el país sin la debida documentación.
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Juez en Florida suspende arresto de inmigrantes
El tribunal de Florida dictó la suspensión temporal de los arrestos bajo la ley migratoria del estado, argumentando que las autoridades estatales no estaban cumpliendo con los protocolos legales establecidos para la detención de inmigrantes. De acuerdo con Fox News, la decisión garantizaría los derechos civiles durante el proceso de aplicación de la ley. El fallo se produce tras un aumento significativo en las detenciones de inmigrantes sin la debida supervisión, un fenómeno común bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
El gobernador Ron DeSantis, quien ha sido un firme defensor de políticas más estrictas, expresó su desacuerdo con la suspensión. Sin embargo, el juez dejó claro que el estado no podía continuar con la implementación de la ley hasta que se resolviera la cuestión jurídica en torno a su legalidad.
Arresto de Juan Carlos López Gómez
El caso que desató la controversia sobre la ley fue el arresto erróneo de Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense detenido por error bajo la sospecha de ser un inmigrante indocumentado. Según informes, la detención ocurrió cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida confundieron a López Gómez con un inmigrante ilegal.
El arresto de López Gómez, originario de Georgia, fue un factor determinante en la decisión judicial, ya que reflejó los riesgos de una aplicación demasiado amplia de la ley, que podría llevar a la detención de ciudadanos estadounidenses o personas sin antecedentes penales. La intervención judicial fue vista como una medida necesaria para corregir los posibles abusos en la ejecución de la ley de inmigración en el estado.
SB-4C: ley migratoria en Forida
La ley SB 4-C, promulgada en Florida en febrero de 2025 por el gobernador Ron DeSantis, establece sanciones penales severas para inmigrantes indocumentados que ingresen o reingresen al estado sin pasar por inspección migratoria. Los adultos no autorizados que cometan esta infracción enfrentan una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión.
Las penas aumentan con reincidencias: un segundo delito conlleva una pena mínima de un año y un día, y un tercer delito, dos años. Además, la ley prohíbe que los acusados accedan a programas alternativos al arresto y requiere que las agencias de seguridad informen a las autoridades federales sobre las detenciones, incluyendo datos biométricos. En casos de delitos capitales cometidos por inmigrantes indocumentados, la ley impone la pena de muerte obligatoria, sin considerar circunstancias atenuantes.
¿Cuáles son las nuevas leyes migratorias en Florida para 2025?
En 2025, Florida implementó dos leyes migratorias significativas: la SB 4-C y la SB 2-C, firmadas por el gobernador Ron DeSantis. La SB 4-C introduce penas más severas para los inmigrantes indocumentados, incluyendo una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión para aquellos que ingresen ilegalmente al estado.
Además, establece que los extranjeros no autorizados condenados por delitos capitales, como asesinato en primer grado o abuso sexual infantil, serán sentenciados a pena de muerte obligatoria, sin considerar circunstancias atenuantes. Por otro lado, la SB 2-C refuerza la colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), creando una junta estatal de control migratorio y asignando $298 millones para financiar la aplicación de estas leyes
