Muy malas noticias para inmigrantes en EEUU: Senado de este estado aprobó proyecto de ley que permite reforzar al ICE con oficiales locales

En un paso legislativo que podría tener amplias repercusiones para las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, el Senado de un estado aprobó el controvertido proyecto de ley SB 8, el cual obligaría a los sheriffs de condados con más de 100.000 habitantes a firmar acuerdos de cooperación con ICE (Inmigración y Control de Aduanas). La votación se definió por líneas partidarias, con 20 votos republicanos a favor y 11 demócratas en contra.

El SB 8 busca reforzar las operaciones migratorias federales en territorio estatal, permitiendo que agentes locales asuman funciones de control migratorio que, tradicionalmente, recaen exclusivamente en personal federal. Esta medida se enmarca en un paquete legislativo más amplio impulsado por líderes conservadores, en sintonía con las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump y respaldadas por el actual gobernador.

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SB 8: ¿en qué estado de Estados Unidos permitirían reforzar al ICE con oficiales locales?

La legislación fue promovida en el estado de Texas, donde el control fronterizo y la seguridad interior ocupan un lugar central en la agenda política del partido gobernante. El senador republicano Charles Schwertner, autor del proyecto de ley, explicó que la propuesta responde a un llamado de los votantes texanos que exigen mayor rigor en la aplicación de las normas migratorias, según informó The Dallas Morning News.

Bajo este nuevo esquema, los sheriffs de condados populosos deberán firmar contratos conocidos como acuerdos 287(g), los cuales permiten a ciertas agencias locales colaborar con ICE en la identificación, detención y entrega de personas sin estatus migratorio regular. Hasta el 31 de marzo, al menos 46 agencias policiales texanas ya mantenían algún tipo de convenio con la autoridad federal migratoria.

Esta iniciativa se ha presentado como un mecanismo para identificar a inmigrantes indocumentados que enfrentan cargos penales, priorizando su procesamiento y eventual deportación. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos legisladores han advertido que esta clase de normativas puede agravar la tensión entre comunidades y autoridades.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 8 en Texas?

El texto legislativo aprobado por el Senado texano contempla las siguientes disposiciones clave:

• Obliga a los sheriffs de condados con más de 100.000 habitantes a firmar acuerdos de colaboración con ICE bajo el programa 287(g).
• Permite que agentes locales asuman funciones federales en temas migratorios, como interrogar y arrestar a personas por presuntas violaciones a la ley migratoria.
• Autoriza el uso del modelo de Fuerza de Tarea, mediante el cual policías en patrullaje rutinario pueden actuar en calidad de agentes migratorios.
• Establece un programa de subvenciones estatales para ayudar a condados con menos de un millón de habitantes a financiar los costos operativos de estos convenios.
• Asigna $1,4 millones del presupuesto estatal hasta 2027 para poner en marcha el programa de asistencia económica desde la oficina del contralor estatal.

Posturas de los partidarios y opositores del proyecto de ley SB 8 en Texas

Los defensores del SB 8, como el vicegobernador Dan Patrick, aseguran que la medida busca evitar la liberación de inmigrantes considerados peligrosos y fortalecer el cumplimiento de las leyes federales en Texas. Argumentan que es una responsabilidad compartida entre el gobierno estatal y el federal garantizar que personas con antecedentes penales no queden libres en las calles.

Por el contrario, los críticos del proyecto, encabezados por senadores demócratas como José Menéndez y Sarah Eckhardt, afirman que se trata de un mandato no financiado que impone una carga económica sobre los gobiernos locales. También alertan sobre posibles casos de perfilamiento racial, el deterioro de la confianza entre la policía y las comunidades latinas, y una reducción en la cooperación ciudadana para investigar delitos.

Eckhardt subrayó que el gobierno federal no reembolsa a los condados por los costos que genera el programa, mientras que ya se han destinado más de $11 mil millones a Operation Lone Star, la estrategia migratoria de Abbott. Además, cuestionó que los fondos estatales apenas cubren una parte del gasto y dejan a los contribuyentes locales con el grueso del impacto económico.

La iniciativa aún debe ser discutida en la Cámara de Representantes estatal antes de llegar al escritorio del gobernador. Si se aprueba en su forma actual, Texas consolidaría su posición como uno de los estados con políticas más estrictas en materia migratoria dentro de Estados Unidos.