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Jueza impide a Elon Musk y DOGE acceder temporalmente a datos personales del Seguro Social en EEUU

Una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso del equipo DOGE, vinculado a Elon Musk, a la base de datos de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos.

El acceso del equipo DOGE a datos de la Administración del Seguro Social ha sido suspendido tras un fallo de la jueza Ellen Hollander. Foto: Composición LR
El acceso del equipo DOGE a datos de la Administración del Seguro Social ha sido suspendido tras un fallo de la jueza Ellen Hollander. Foto: Composición LR

El acceso del equipo DOGE a los datos confidenciales de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha sido suspendido tras un fallo de la jueza federal Ellen Hollander en Maryland. La medida surge después de que organizaciones de trabajadores y defensores de la privacidad denunciaran que este grupo estaba accediendo a información personal sin justificación suficiente. Según el fallo, el equipo de Elon Musk habría realizado una búsqueda indiscriminada en los sistemas gubernamentales con el argumento de combatir el fraude, según informó AP News.

La decisión judicial también ordena la eliminación de cualquier información personal que DOGE haya recopilado hasta el momento. Sin embargo, la jueza permitió que el equipo acceda a datos anonimizados, siempre que sus miembros pasen por un proceso de verificación y capacitación. Este revés judicial genera dudas sobre el futuro de DOGE y su estrategia de monitoreo en agencias gubernamentales.

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¿Por qué bloquearon el acceso de DOGE a los datos personales en la SSA?

El equipo DOGE, una iniciativa liderada por Elon Musk para combatir presuntas irregularidades en el gasto público, obtuvo acceso privilegiado a los sistemas de la SSA con la finalidad de detectar fraudes en el programa de Seguridad Social de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza federal Ellen Hollander determinó que las acciones del grupo se basaban en meras sospechas y no en pruebas concretas de fraude masivo.

Los demandantes, entre ellos sindicatos y la organización Democracy Forward, argumentaron que DOGE ponía en riesgo la seguridad de los datos personales de millones de ciudadanos. Además, señalaron que el acceso a esta información se otorgó sin los protocolos adecuados, lo que podría haber permitido filtraciones o un uso indebido de datos confidenciales. Pese a la defensa del gobierno, que sostuvo que los empleados de DOGE contaban con autorización bajo la ley de privacidad federal, el tribunal consideró que la intervención del equipo era excesiva y violaba derechos fundamentales.

DOGE y la postura de Elon Musk sobre el Seguro Social

Elon Musk ha sido un crítico constante del sistema de Seguridad Social en Estados Unidos, calificándolo en diversas ocasiones como un “esquema piramidal” que genera un gasto desproporcionado al gobierno. Desde su llegada a la administración, ha impulsado medidas de control que buscan reducir lo que él considera un abuso de recursos públicos. DOGE, una de sus principales estrategias, se ha centrado en investigar presuntas irregularidades en agencias gubernamentales, incluyendo la SSA, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Sin embargo, sus métodos han sido objeto de controversia. Según documentos judiciales, el equipo DOGE presionó a la SSA para obtener acceso inmediato a los sistemas de datos, algo que normalmente requiere procedimientos estrictos. Exfuncionarios de la agencia describieron el proceso como una intervención agresiva que no respetó los protocolos establecidos. Esto ha generado preocupaciones sobre el alcance de las acciones de Musk en otras instituciones gubernamentales.

Otras demandas en contra de DOGE

El fallo en contra de DOGE no es el único revés legal que enfrenta el equipo de Elon Musk. En los últimos meses, la iniciativa ha sido objeto de múltiples demandas por parte de organizaciones y empleados gubernamentales que consideran que su intervención excede los límites legales. Hasta la fecha, se han presentado al menos dos docenas de litigios contra el grupo, lo que ha puesto en duda la legalidad de su accionar dentro de las instituciones federales.

Recientemente, otro juez en Maryland determinó que la eliminación de ciertas funciones dentro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de DOGE podría ser inconstitucional. Aunque algunos tribunales han cuestionado la legalidad de las acciones del equipo, no todos han considerado que los riesgos sean lo suficientemente urgentes como para ordenar su suspensión total.

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