Migrantes que crucen ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México podrían terminar en lista de vigilancia de terroristas
La nueva medida migratoria de Trump dificulta el proceso de asilo, ya que amenaza con cargos penales y deportaciones para quienes tengan vínculos con organizaciones criminales consideradas "terroristas".
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En un esfuerzo por combatir la migración ilegal y el terrorismo, la DEA de Estados Unidos implementó una nueva política que podría tener implicaciones significativas para los migrantes que cruzan la frontera sur del país. Según informes recientes, aquellos que paguen a cárteles mexicanos para ingresar ilegalmente a EE. UU. podrían ser añadidos a una lista de vigilancia de terroristas. La decisión se produce después de que el Departamento de Estado designara a 6 cárteles mexicanos y 2 pandillas sudamericanas como "organizaciones terroristas internacionales".
Los defensores de los derechos humanos advierten sobre las posibles injusticias y violaciones a los derechos de los migrantes a raíz de las medidas del gobierno de Trump. Un representante de Human Rights Watch comentó: "Criminalizar a los migrantes por intentar escapar de la violencia y la pobreza es inhumano. Esta política no aborda las causas fundamentales de la migración y solo sirve para castigar a quienes ya están sufriendo".
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¿Cómo afecta esta medida a los migrantes que buscan asilo en EE. UU.?
La inclusión de migrantes en listas de vigilancia de terroristas podría complicar aún más el proceso para aquellos que buscan asilo en EE. UU.. Según la nueva política, cualquier individuo que haya proporcionado apoyo material a organizaciones designadas como terroristas podría enfrentar cargos penales y ser deportado sin la posibilidad de presentar una solicitud de asilo. Esto representa un cambio drástico en la política migratoria estadounidense y podría disuadir a muchos de intentar cruzar la frontera de manera ilegal.
Tras la nueva normativa de Trump, el proceso se complica para los que buscan asilarse en Estados Unidos. Foto: Composición LR.
Un portavoz de la DEA declaró: "Los migrantes que financian a cárteles están, intencionalmente o no, apoyando actividades terroristas. No podemos permitir que esto continúe". Esta postura refleja la línea dura adoptada por la administración actual en relación con la migración ilegal y el terrorismo.
Los grupos criminales declarados "terroristas" por Trump
El 19 de febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. ejecutó la orden del presidente Donald Trump, incluyendo a 8 grupos criminales de América Latina en la lista de "terroristas". Esta acción prohíbe cualquier tipo de apoyo a estos grupos y facilita la deportación de los miembros sospechosos. Los seis cárteles mexicanos incluidos son: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó: "Estas organizaciones criminales representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Su designación como terroristas nos permite enfrentarlas con todo el peso de la ley".
En su reacción a la medida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que "si el objetivo detrás de la decisión es profundizar en las investigaciones sobre el lavado de dinero y la presencia de organizaciones criminales dentro de Estados Unidos, la medida sería aceptable". Sin embargo, expresó una preocupación que ha persistido en la sociedad mexicana desde que Trump sugirió declarar a los cárteles como "terroristas": "Lo que no aceptamos es la violación a nuestra soberanía", señaló Sheinbaum.
Las políticas migratorias de Trump
Desde su retorno al poder, Donald Trump implementó mdidas a fin de reducir el número de migrantes en Estados Unidos. Entre las que más resonaron se encuentran:
- Suspensión del parole: No se aceptan nuevas solicitudes y quienes ya lo tenían podrían perderlo.
- Revocación del TPS para haitianos y venezolanos: Esta medida podría afectar a miles que recibieron protección temporal.
- Refuerzo de controles fronterizos: Se firmó un memorándum que permite a 600 funcionarios del Departamento de Estado actuar como oficiales de inmigración.
Estas restricciones han avivado el debate sobre la política migratoria en EE. UU., con defensores argumentando que se refuerza la seguridad, mientras que los críticos afirman que las medidas perjudican a miles de familias que buscan estabilidad en el país.
