Donald Trump: conoce cómo se están aplicando las medidas para rastrear inmigrantes este 2025 en EE. UU
Las políticas migratorias de Trump han generado controversia en EE. UU. entre defensores de derechos humanos y quienes apoyan un mayor control fronterizo. Conoce cómo se están aplicando las medidas para rastrear a inmigrantes indocumentados
La República en GoogleDesde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias con medidas que buscan identificar y monitorear a los inmigrantes indocumentados en EE. UU. Entre estas acciones, destaca la creación de un registro obligatorio, el uso de tecnología avanzada para el rastreo y el reforzamiento de centros de detención en lugares estratégicos.
El último domingo de febrero, una redada en Los Ángeles, ciudad santuario que restringe la cooperación con los esfuerzos de los funcionarios federales de inmigración para llevar a cabo detenciones, fue captada en video por un grupo de activistas que usaron megáfonos para alertar que había agentes de ICE fuera de una residencia.
El objetivo de estas iniciativas es controlar la migración irregular y fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado las estrategias por considerarlas represivas y discriminatorias.
¿Cómo se están aplicando las medidas para rastrear inmigrantes en Estados Unidos?
Recientemente, la administración de Donald Trump ha implementado un sistema de identificación que obliga a los inmigrantes sin estatus legal a inscribirse en un registro nacional. A partir de los 14 años, los extranjeros indocumentados deben proporcionar datos personales, huellas dactilares y actualizar su ubicación periódicamente.
El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones severas, incluyendo multas de hasta $5,000 y penas de cárcel de hasta seis meses. Además, se ha reportado el uso de inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos para rastrear a quienes no hayan cumplido con esta obligación.
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Sin embargo, Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, comentó para CNN que no ve “argumento legal” para facilitar la deportación masiva ni la nueva política impulsada por Trump. “Eso está por verse (el imponer sanciones). Pero la verdad no veo argumento legal para que lo puedan lograr. Anticipo que pronto puede haber litigaciones en contra de esto”, sentenció Uribe.
Las redadas en lugares de trabajo, iglesias y escuelas
Otra de las estrategias más agresivas del gobierno de Trump ha sido la reactivación de redadas en lugares de trabajo para detectar y arrestar a inmigrantes sin documentos. Las autoridades han reforzado los operativos en sectores con alta presencia de empleados extranjeros, como la construcción, la agricultura y los servicios de limpieza. Empresas que contraten a personas sin autorización legal enfrentan sanciones económicas severas y, en algunos casos, cargos penales.
Lo que más inquieta a la comunidad migrante es la posibilidad de que estos operativos se extiendan a espacios tradicionalmente considerados seguros, como iglesias y escuelas. Hasta el momento, el gobierno no ha confirmado oficialmente si planea redadas en estos lugares, pero abogados y activistas han advertido que la incertidumbre genera temor y paraliza a muchas familias. En algunas ciudades, grupos religiosos y organizaciones comunitarias han tomado medidas preventivas para proteger a quienes buscan refugio en sus instalaciones.
La comunidad migrante enfrenta un escenario desafiante en 2025, con normativas que buscan limitar su permanencia en el país. Foto: Composición LR
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La “visa dorada”: la alternativa para evitar la deportación
A la par de las medidas restrictivas, el gobierno ha lanzado la “visa dorada”, un programa que permite a los extranjeros obtener residencia legal a cambio de una inversión mínima de $5 millones en proyectos dentro de EE. UU. Esta política está dirigida a empresarios y personas con alto poder adquisitivo que deseen establecerse en el país sin enfrentar procesos migratorios complejos.
La implementación de este sistema ha sido interpretada como una estrategia económica para atraer capital extranjero. Sin embargo, críticos señalan que se trata de una medida elitista que beneficia a los más ricos, mientras que miles de inmigrantes sin recursos enfrentan deportaciones y un estricto monitoreo gubernamental.
