Pandora Papers: diputados chilenos anuncian acusación constitucional contra Sebastián Piñera
Los diputados opositores buscan que sea votada en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, y de prosperar, puede conllevar la destitución del mandatario chileno a seis semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Diputados chilenos de oposición anunciaron este martes 5 de octubre que presentarán una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, vinculado, según revelaciones de los Papeles de Pandora, en la venta de la minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos.
“Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó a la prensa en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.
La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos, y de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial.
“Es una acusación basada en una mentira, únicamente fundada en razones políticas, electorales de corto plazo que hacen pedazos la idea de una democracia”, respondió Jaime Bellolio, ministro vocero de la Presidencia.
La Cámara Baja votará la admisibilidad de la acusación, para lo cual, la oposición contaría con los votos de la mitad más uno de los 155 miembros necesarios para aprobarla. Luego pasaría al Senado —donde las fuerzas políticas están más equilibradas— que actuará como jurado y donde se requiere el voto de los dos tercios de los 43 senadores, según información del Congreso.
Piñera se encuentra en el centro de la polémica luego de que una investigación de los medios chilenos LaBot y CIPER, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), lo vincularon a la venta en 2010 de la minera Dominga a través de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Délano —un íntimo amigo del mandatario— por 152 millones de dólares, y que gran parte de la operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas.
Asimismo, se incluyó una polémica cláusula que supeditaba el último pago del negocio a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, decisión que recae en la figura del presidente chileno.
“Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad (que obliga a los funcionarios públicos tener un desempeño honesto y leal) y también por comprometer gravemente el honor de la patria”, agregó Naranjo.
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Piñera rechazó toda acusación y posible conflicto de interés tras confirmar que todos sus activos fueron puestos bajo un fideicomiso ciego desde su primera presidencia (2010-2014) y que fue sobreseído de cualquier delito luego de que la justicia investigó los hechos en 2017.
Mientras el Ministerio Público anunció que analiza los hechos, el Servicio de Impuestos Internos informó que está “recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente”.
Los diputados presentarán la acusación constitucional la próxima semana y pretenden que sea votada en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
