Justicia boliviana amplía por seis meses más la detención preventiva de Jeanine Áñez
Expresidenta interina pasará otro medio año más encarcelada por orden del juez segundo de Anticorrupción, Andrés Zabaleta. La imputada se considera “presa política”.
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La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, estará por lo menos un año en prisión luego de que, este martes 3 de julio, un juez extendiera la detención preventiva por seis meses más, a una semana de que la exmandataria complete cinco meses recluida en un penal en La Paz.
Áñez está acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración, en base a la denuncia de una exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda). A esas denuncias se han sumado otras por actos inconstitucionales durante su mandato.
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El Gobierno boliviano investiga la recepción de armas, munición de guerra y gases lacrimógenos bajo su mandato, procedentes de Ecuador y si se usaron en los conflictos sociales de 2019.
La decisión de que pase medio año más encarcelada fue adoptada por el juez segundo de Anticorrupción, Andrés Zabaleta. En este caso, por un nuevo juicio ordinario, impulsado por el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la presidencia del Senado, en el que se le imputan a Áñez decisiones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes cuando asumió la presidencia.
La exmandataria transitoria (2019-2020) fue aprehendida el 6 de marzo en su residencia en el departamento amazónico del Beni y es acusada de sedición y terrorismo en el marco del caso conocido como “golpe de Estado” durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.
Dos semanas atrás, la exsenadora de centro derecha solicitó una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar que se encuentra detenida “por una decisión política” del actual Gobierno.
La imputada asegura que no cometió “ningún delito”, y que su detención y múltiples causas judiciales se deben a una “persecución” política. Además de Jeanine Áñez fueron encarcelados dos de sus ministros.
A fines de 2019, Bolivia vivió una etapa de convulsión social, después de que la oposición denunciara que el entonces presidente, Evo Morales, cometió fraude electoral para asegurarse un cuarto mandato.
Los conflictos derivaron en la renuncia de Evo Morales, tras 14 años en el poder, y su posterior exilio a México. La administración del presidente izquierdista Luis Arce, delfín político de Morales, maneja el discurso de que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, mientras que la oposición señala que se produjo una rebelión popular contra los planes de Morales de pretender gobernar hasta 2025.
Con información de AFP.
