Ultrajada durante 11 horas y agredida con descargas eléctricas en sus genitales
Magdalena fue torturada por soldados de la Armada de México para que confesara su nexo con narcotraficantes. Era inocente. Su caso es condenado por ONGs de DD. HH.
Sucedió rápido. Ni siquiera le dio tiempo para protegerse. Esa noche del 10 de mayo de 2013, nueve soldados de la Armada de México irrumpieron en la casa de Magdalena Saavedra (52), ubicada en San Luis Potosí, y la torturaron de manera salvaje.
Taparon su cabeza con una bolsa de plástico, la golpearon, la electrocutaron varias veces —incluso le pusieron descargas eléctricas en su vagina— y la violaron en grupo, durante once horas, “de manera contranatura”.
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¿Su objetivo? Inculparla de ser operadora financiera del Cártel del Golfo, uno de los grupos criminales más antiguos y poderosos de México .
Y, con ello, imponerle cargos de posesión de armas, narcotráfico y operación con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, Magdalena Saavedra era inocente.
Ella ha sido una víctima más de la feroz “técnica de investigación” que en México es frecuente: casi la mitad de los presos mexicanos asegura haber sufrido tortura, según reveló esta semana el diario El Universal, donde el caso de Magdalena cobró resonancia.
Su agresores llevaban la cara cubierta con pasamontañas y nunca le mostraron una orden judicial ni le explicaron los motivos de la atroz diligencia.
“La sangre me corría por las piernas”, le dijo al diario El País de España en noviembre de 2018.
Vejación y condena en México
La tortura contra Magdalena Saavedra fue denunciada por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una organización de México dedicada a la defensa de los derechos humanos.
El caso, condenado también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI), es una muestra más de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recriminó a México en mayo de 2019, reseña El Universal.
“[Hay] una muy alta incidencia de tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación, durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.
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De manera arbitraria, Magdalena Saavedra permaneció en la cárcel durante cinco años. Logró una sentencia absolutoria en noviembre de 2018.
A su salida, la comisión de derechos humanos de la Secretaría de la Marina le ofreció una indemnización de casi 5 mil dólares, aunque los rechazó, según precisó a El País.
Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura es un delito que solo pueden cometer los Estados y el cual supone producir a un ser humano daños graves, físicos o sicológicos, tratos crueles e inhumanos.
“En México, mucha de la tortura la cometen los ministerios públicos en las fiscalías”, dijo a El Universal Natalia Pérez Cordero, investigadora de Derechos Humanos en la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
“La ley marca la creación de fiscalías especializadas para los casos de tortura. Tienen que ser independientes, para que los ministerios públicos que investigan a otros servidores públicos no tengan vicios ni haya ninguna autoridad o superior que les pida hacer algo que vaya contra su investigación”.
Descargas eléctricas en los genitales
“Me trataron peor que a los animales, hasta que me desmayé. Me desperté por los golpes, por las patadas. Me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que era pura grava".
“Allí empezó la tortura fuerte, los toques eléctricos. Me desnudaron completamente, me sentaron en una silla, me abrieron de piernas y me metieron el aparato dentro. Es algo indescriptible”.
La voz de Magdalena Saavedra, madre de tres niños, se quebró cuando narró este sangriento episodio al diario de México.
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“Cuando me violaban de forma anal, me dijeron que si no firmaba unos documentos que me daban iban a ir con mi hija, le iban a hacer lo mismo [que a mí] y la iban a matar”, agregó.
Desde que fue absuelta en México, ella tiene disociaciones y no puede trabajar.
“Esa gente malvada... Los que me hicieron esto ya deberían estar encerrados. Yo ya debería tener un pago del daño. Saber que esa gente está inmune me genera una frustración y un coraje enorme, pero no pienso quitar el dedo del renglón.
“Si lo que estoy haciendo sirve para que una sola mujer no tenga que pasar por lo que pasé yo, ya estoy bien pagada”, apuntilló.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024