Lorena Álvarez: las barreras que enfrentan las sobrevivientes de violencia para obtener justicia

Tras años de lucha, la periodista Lorena Alvarez logró obtener una respuesta de parte del sistema judicial a su acusación por agresión física contra el economista Juan Mendoza Pérez, su expareja. El martes 9 de noviembre, el 16° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima condenó a Mendoza Pérez a un año y ocho meses de prisión suspendida por el delito de lesiones leves.

Lorena, a pesar de la visibilidad y los recursos que ha podido poseer para llevar un proceso de denuncia de violencia de género, esperó más de cuatro años para que la justicia peruana le otorgue una sentencia a su agresor. En el caso de las mujeres que no tienen una pantalla de televisión o recursos suficientes para seguir hasta el final un proceso judicial, la lucha se puede hacer más cuesta arriba.

Edith Aiquipa, abogada y asesora legal de la organización Flora Tristán resalta que, a lo largo de su carrera, ha observado que las mujeres tienen dificultades y obstáculos cuando se animan a iniciar y darle seguimiento a un proceso judicial por abuso de género.

“En primer lugar, cuando una mujer decide denunciar existe una falta de información sobre sus derechos, como las medidas de protección que pueden solicitar, qué etapas tiene el proceso y cuánto duran cada uno de ellos. No hay una información adecuada”, señala Aiquipa.

Asimismo, la representante de la organización feminista señaló que hay un insuficiente número de defensores públicos (abogados del estado que brindan patrocinio gratuito) para los centros de la mujer o del Ministerio de Justicia. “Estos (...) tienen una elevada carga de casos, además, algunos de ellos no tienen enfoque de género (...) y dan información equivocada a la víctima”.

En cuanto a la asesoría y patrocinio legal, no todas las mujeres tienen el acceso a un ente privado que las oriente y tome su caso, como lo hace Flora Tristán. Esto, debido a que existe una alta demanda y los servicios particulares suelen tomar casos emblemáticos.

De la misma forma, el seguimiento de las denuncias también es un proceso difícil para las víctimas, ya que existe una alta carga procesal de los operadores de justicia (Policía, Fiscalía y juzgados). “Un proceso debería tardar dos meses y medio, eso es lo ideal, pero lo real es que duran normalmente un año. Y duran más si se complican con otros temas, como apelaciones a las medidas de protección por parte del denunciado o contra demandas a la víctima. Todo depende de la complejidad del caso”

Finalmente, la falta de apoyo psicológico que tienen las víctimas para darle seguimiento a su denuncia es también un problema, ya que a las situaciones de maltrato psicológico y económico, se le suma el desgaste emocional de seguir el proceso en un sistema judicial que muchas veces las revictimiza.

La organización Flora Tristán actualmente patrocina 65 casos de violencia de género o intrafamiliar. Además, en la atención de asesoría legal virtual que ofrece la organización, mencionan que, al día, llega por lo menos un caso y, como máximo, cinco o seis.

Durante la pandemia, las llamadas telefónicas a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se incrementaron en un 97%, según la Defensoría del Pueblo. En la misma línea, el ente público también informó que se redujo en un 72% las medidas de protección que se ofrecían a las víctimas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).