Sin sistema de cuidados, la igualdad de género sigue fuera del mercado laboral

El Perú ha registrado avances sostenidos en materia de igualdad de género durante las últimas décadas; sin embargo, las brechas estructurales entre mujeres y hombres siguen profundamente arraigadas en la economía, la política y la vida cotidiana. Así lo confirma el informe “Perú: Brechas de Género 2025. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que ofrece una radiografía integral del país a partir de indicadores oficiales, encuestas nacionales y series históricas.

De acuerdo con el documento, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) —que mide las pérdidas en desarrollo humano atribuibles a la desigualdad entre mujeres y hombres— se ubicó en 0,319 en 2024. Aunque este resultado refleja una mejora respecto a décadas anteriores, el valor aún evidencia rezagos importantes en salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral, dimensiones estrechamente vinculadas al desempeño económico del país.

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Indicadores que revelan la desigualdad de género

El IDG se construye a partir de cinco indicadores agrupados en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En el primer caso, se consideran la tasa de mortalidad materna y la fecundidad adolescente; en empoderamiento, la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento y el nivel educativo alcanzado; y en mercado laboral, la tasa de participación económica.

Si bien el índice utiliza una metodología internacional desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), su aplicación en el caso peruano presenta limitaciones. Así lo advirtió Tamia Lavado, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien señaló que algunos indicadores no capturan variables clave para explicar la desigualdad estructural.

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“En salud reproductiva se mide mortalidad materna y fecundidad adolescente, pero no el acceso a anticonceptivos ni a educación sexual integral, que son determinantes fundamentales”, explicó a La República.

En 2024, la tasa de mortalidad materna alcanzó 56 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que la fecundidad adolescente fue de 40 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Para Lavado, estas cifras no pueden analizarse aisladamente.

“No se puede medir fecundidad adolescente sin evaluar si las adolescentes tienen herramientas para decidir. En el Perú, el acceso a métodos anticonceptivos y a educación sexual integral es limitado y, además, ha habido retrocesos en el enfoque de género en la educación”, advirtió.

La economista sostuvo que, si bien el uso de un índice internacional permite comparaciones entre países, también debería adaptarse al contexto nacional. “Agregar variables permitiría contar con un índice que refleje de manera más fiel la realidad del Perú, que hoy no está completamente capturada”, añadió.

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“Aún persisten desigualdades importantes que limitan el desarrollo pleno de las mujeres, con efectos directos sobre su calidad de vida y también sobre el bienestar y el potencial productivo de la sociedad en su conjunto”, resumió Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Mercado laboral sigue excluyendo a las mujeres

Uno de los principales focos de desigualdad se encuentra en el mercado laboral. Según el INEI, en 2024 la tasa de participación económica de las mujeres fue de 61,6%, frente al 78,2% de los hombres, una brecha de 16,6 puntos porcentuales que se mantiene de forma estructural en el tiempo.

Para Lavado, estas brechas reflejan la ausencia de políticas públicas efectivas. “Las diferencias de alrededor de 20% en la tasa de actividad entre hombres y mujeres son persistentes. El problema es que se siguen midiendo indicadores sin una política progresiva que permita explicar a qué se atribuyen los cambios entre un año y otro”, señaló.

Las diferencias persisten tanto en el ámbito urbano como rural en 2024. En las ciudades, la participación femenina fue de 59,5%, mientras que la masculina alcanzó 76,5%; en las zonas rurales, donde la brecha es menor, la participación fue de 73,8% en mujeres frente a 86,8% en hombres.

En el área rural, la situación es aún más compleja: aunque la tasa de actividad de las mujeres alcanza el 73,8%, muchas de ellas enfrentan condiciones de pobreza y una sobrecarga de trabajo, al combinar labores productivas con esa trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que implica una doble o incluso triple jornada.

A ello se suma una mayor exposición de las mujeres a la informalidad laboral y a empleos de menor productividad. Lavado explicó que esta desigualdad también se expresa en la distribución por categoría ocupacional y rama de actividad. “Las mujeres siguen concentradas en comercio y servicios, sectores caracterizados por informalidad y baja productividad, tanto en el sector informal como en empleos formales sin derechos laborales”, indicó.

En ese sentido, cuestionó que el análisis laboral se limite a la tasa de participación. “No se está midiendo el acceso a empleo no precario ni la calidad del trabajo. Esto puede dar una falsa sensación de avance, similar a cuando parece mejorar el acceso a salud laboral no porque los empleadores cumplan, sino porque se amplía el SIS”, explicó.

Maita advirtió que estas brechas no se presentan de manera homogénea en el país. “El análisis nacional oculta fuertes disparidades regionales. Cajamarca, Huancavelica y Amazonas concentran las mayores brechas de género, mientras que Moquegua, Ica y Lima Metropolitana–Callao muestran los menores niveles de desigualdad”, señaló, en referencia al Índice Regional de Brechas de Género (IRBG) elaborado por el IPE.

Uso del tiempo y trabajo no remunerado

El uso del tiempo es uno de los factores clave que explican la desigual inserción económica de las mujeres. En 2024, las mujeres dedicaron en promedio 39 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres destinaron 15 horas, es decir, más del doble.

Lavado destacó que la reciente Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024 constituye un avance significativo, al actualizar información que no se renovaba desde 2010. “Permite relacionar de manera directa el menor tiempo que las mujeres dedican al trabajo remunerado con la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado”, explicó.

No obstante, cuestionó que el informe no incorpore una desagregación clave: las responsabilidades de cuidado. A diferencia de ediciones anteriores, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024 sí permite analizar en una misma fuente las horas destinadas al trabajo de cuidado y los ingresos laborales, algo que no ocurría en 2010, cuando solo se podía identificar el tiempo dedicado a estas tareas, pero no su impacto en los ingresos.

“Se sigue comparando hombre-mujer y luego se desagrega por área, edad u otras características, pero no por tenencia de hijos ni cuidado de personas adultas mayores o con discapacidad. La ENUT 2024 es una encuesta completa, pero no está siendo bien aprovechada. Esa es la variable más importante y no está”, sostuvo.

Esta omisión, advirtió, impide visibilizar penalidades ampliamente documentadas en la literatura económica. “Sabemos que una mujer con hijos enfrenta mayores desventajas laborales y salariales. Sin esa división básica, el análisis no refleja la magnitud real de la brecha”, agregó.

El informe del INEI subraya que el trabajo no remunerado constituye un subsidio oculto a la economía, sostenido mayoritariamente por las mujeres, pero no reconocido en las estadísticas tradicionales de producción. En realidad, esta función es crucial, ya que permite que la Remuneración Mínima Vital (RMV) se mantenga baja, porque se asume que en todos los hogares siempre habrá alguien que cocinará, lavará y organizará de manera gratuita.

De este modo, a duras penas se contabilizan lo justo y necesario para adquirir productos, pero ¿quién transforma esos productos comprados en productos finales listos para el consumo? Si se incluyera el trabajo doméstico no remunerado, la RMV debería al menos duplicarse.

Persiste brecha salarial de género

Las brechas también se reflejan en los ingresos laborales. En 2024, el ingreso promedio mensual de las mujeres fue de S/1.494,0, frente a S/1.765,9 en los hombres, lo que confirma la persistencia de una brecha salarial de género a nivel nacional. Esta diferencia se mantiene incluso cuando se considera el ingreso promedio general, que alcanzó S/1.965,7.

Lavado señaló que estas diferencias tienden a ampliarse a lo largo del ciclo de vida, un patrón que no queda claramente reflejado en el informe. “Al inicio, la brecha es menor, pero se va ampliando conforme aparecen responsabilidades familiares y de cuidado. Ese proceso no está bien ejemplificado, pese a que la información existe”, indicó.

Ahora bien, la economista advirtió que la persistencia de la brecha salarial no responde a la ausencia de normas, sino a fallas en su implementación. “Ya existe la Ley de Igualdad Salarial (Ley 30709), pero no se está aplicando de manera efectiva”, señaló.

Tamia explicó que el propio Estado incumplió uno de los pasos clave para evaluar el impacto de esta norma: la recolección de información salarial en el sector público. Este incumplimiento resulta especialmente grave si se considera que los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública obligan a todas las entidades de los tres niveles de gobierno a producir y gestionar información estadística desagregada por sexo —incluidos registros administrativos y salariales— como condición básica para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con enfoque de género

“Todas las entidades —ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas— estaban obligadas a registrar los salarios de hombres y mujeres por puesto, de manera anónima, para medir la brecha dentro del propio Estado. Eso no se hizo”, indicó. “Sin esos datos, ¿cómo se puede medir si se cumple el principio de igual remuneración por igual trabajo, incluso dentro del Estado? Ahí se evidencia que no hay voluntad política”, añadió.

Para Lavado, esta limitación explica por qué la reducción de la brecha salarial no puede abordarse de forma aislada. “Más allá de las leyes, el problema está atravesado por el tema de los cuidados, que no ha sido visibilizado. La formalización del empleo pasa por cambiar la matriz productiva, algo que no se ha hecho ni parece haber voluntad política para hacerlo”, sostuvo.

Economía del cuidado y productividad

Desde una perspectiva económica, la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado tiene efectos directos sobre la productividad del país. Lavado subrayó que existe un amplio grupo de mujeres profesionales que salen del mercado laboral al asumir responsabilidades de cuidado, especialmente tras el nacimiento del primer hijo.

“Es un costo económico importante, porque se ha invertido en su formación —educación superior e incluso posgrado— y esa fuerza de trabajo deja de aportar”, explicó. Añadió que un sistema formal de cuidados tendría efectos multiplicadores: permitiría que más mujeres retornen al empleo, reduciría la precarización de cuidadoras en situación de pobreza y ampliaría la base de aportantes al sistema de salud y pensiones.

“Hoy hay cuidadoras que cumplen jornadas completas por estipendios mínimos”, sostuvo. En programas sociales como Cuna Más o el Inabif, estos pagos pueden llegar apenas hasta S/500 mensuales, pese a tratarse de labores intensivas en tiempo y responsabilidad. Lavado subrayó que sin el trabajo de estas mujeres —mayoritariamente de barrios empobrecidos— el Estado no podría hacer operativos sus programas sociales, ya que buena parte de su implementación descansa en esta mano de obra prácticamente no remunerada.

“Formalizar estos servicios dinamizaría la economía y fortalecería las finanzas públicas”, añadió, al recordar que los programas sociales no se sostienen solo con la entrega de insumos, sino con el trabajo cotidiano de mujeres que cocinan, atienden y cuidan. Sin ese trabajo, cualquier política social fracasaría, advirtió.

Los estudios sobre el impacto del Sistema Nacional de Cuidados, precisó, se realizaron en el marco del Ministerio de la Mujer, aunque el proyecto de ley quedó entrampado en el Congreso.

Participación femenina en política

En materia de empoderamiento político, las mujeres alcanzaron el 40,0% de los escaños en el Parlamento en 2024, un avance frente a periodos anteriores, aunque todavía insuficiente para una representación paritaria.

Sin embargo, Lavado cuestionó que esta dimensión se limite a medir escaños. “La paridad y alternancia han terminado funcionando como una cuota, pero no como un proceso real de formación política. No se mide la militancia activa ni la participación sostenida de hombres y mujeres dentro de los partidos”, afirmó. Esta masculinización de los espacios políticos, añadió, termina traduciéndose en propuestas y normas sin enfoque de género.

La economista también advirtió vacíos en la medición del nivel educativo. “No se analiza la deserción ni sus causas, que son distintas entre hombres y mujeres. Eso es clave para entender por qué las brechas reaparecen más adelante en el mercado laboral”, señaló.

En el ámbito económico, el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo sigue siendo limitado. Solo el 35,7% de las mujeres ocupadas se desempeña en cargos directivos, aunque esta proporción ha aumentado 5,6 puntos porcentuales respecto a 2019.

Para Maita, cerrar estas brechas no es solo una cuestión de equidad. “Es también una condición para la competitividad y el desarrollo del país. Mantener estas desigualdades implica desaprovechar una parte clave del capital humano y profundiza las brechas económicas y territoriales”, concluyó.