Ministro de Energía y Minas deberá responder por posibles consecuencias del decreto sobre Petroperú en escuelas
El Decreto de Urgencia 010-2025 fue publicado el 31 de diciembre último y permite que Petroperú deje de operar como empresa integrada y sea fragmentado. La Comisión de Educación espera detalles sobre el posible impacto en el canon y regalías recibidos por el Estado y que son destinados a escuelas.
La República en GoogleLa Comisión de Educación del Congreso citó al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, para que informe sobre el impacto del decreto de urgencia 010-2025 en los colegios nacionales que reciben canon y regalías por parte de Petroperú. Asimismo, piden que presente el estudio socioeconómico del impacto en la educación.
El referido decreto, emitido el 31 de diciembre último, autoriza que Petroperú sea fragmentado y deje de operar como una empresa integrada. La reorganización puede incluir uno o más bloques patrimoniales.
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Tal fragmentación podría impactar en los recursos transferidos por canon y regalías al Estado, insumos que se usan en proyectos de inversión pública, lo que incluye: construcción de nuevos colegios; ampliación o reparación de aulas, servicios higiénicos, comedores escolares; compra de equipamiento básico, mobiliario, conexiones de agua y saneamiento.
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Si bien estas empresas continuarán siendo oficialmente de propiedad del Estado, sus activos dejarán de contabilizarse dentro del balance principal de la petrolera, lo que abre la posibilidad de que algunos de ellos sean transferidos en el futuro, dado que ProInversión tiene la facultad de definir su asignación.
Al respecto, Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, explicó a este medio que se trata de un proceso de privatización por partes, ya que el decreto faculta a ProInversión a conducir dicho proceso. Además, consideró que al contextualizarse en un gobierno de transición, la adopción de decisiones de esa naturaleza es sumamente riesgosa.
Titulares de Economía y Educación también fueron citados
Del mismo modo, se ha convocado a la ministra de Economía, Denisse Miralles, y al ministro de Educación, Jorge Figueroa, para que expliquen la situación de incertidumbre que enfrentan miles de jóvenes respecto a la continuidad y viabilidad del programa Beca 18.
Asimismo, se les ha requerido precisar qué medidas concretas se están adoptando para asegurar la protección integral de los estudiantes de universidades públicas que acceden a las diversas modalidades de becas otorgadas por el PRONABEC.
Finalmente, la Comisión de Educación del Congreso también solicitará a la ministra Miralles que sustente las razones del incumplimiento en la asignación del 6 % del Producto Bruto Interno al sector Educación, tal como lo establece el último párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Perú, requerimiento que viene siendo formulado desde el año 2020 hasta la actualidad.
