Obras paralizadas superan los S/44.000 millones en el Perú a junio del 2025
Inversión comprometida se concentra en gobiernos regionales y en proyectos de transporte y comunicaciones, según datos de la Contraloría difundidos por ComexPerú.
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A junio del presente año, el Perú acumula más de S/44.298 millones en inversión comprometida en 2.428 obras públicas paralizadas a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República recogida por ComexPerú.
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El mayor monto de inversión en proyectos detenidos corresponde a los gobiernos regionales, con S/17.339 millones distribuidos en 327 obras. Le siguen el Gobierno Nacional, con S/17.252 millones en 369 proyectos, y los gobiernos locales, con S/9.707 millones en 1.732 iniciativas sin avances.
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“De las más de 2.400 obras paralizadas, alrededor de 1.700 corresponden a gobiernos municipales y casi 1.000 se concentran en los sectores de Transportes y Saneamiento”, detalló Miguel Alzamora, economista senior del IPE, a La República. “En gran medida, esto puede explicarse por las limitadas capacidades técnicas de muchas autoridades en la elaboración de contratos y expedientes, lo que finalmente impacta en la ejecución del gasto y termina derivando en la paralización de los proyectos”.
Regiones más afectadas
El impacto es heterogéneo, pero cinco regiones concentran los montos más altos. Arequipa lidera la lista con S/7.742 millones y 133 obras detenidas, seguida de La Libertad (S/5.675 millones y 86 obras), Lima (S/4.742 millones y 196 obras), Piura (S/3.928 millones y 128 obras) y Cajamarca (S/2.830 millones y 132 obras).
Al respecto, Alzamora explicó que este panorama debe analizarse desde dos ángulos: el costo de la inversión comprometida y la cantidad de proyectos detenidos.
“Cuando se observa por montos, destacan regiones como Arequipa y Lima, que manejan presupuestos más altos; mientras que, si se mide por número de obras paralizadas, son Cusco (320 proyectos) y Puno (casi 300) las que encabezan la lista", precisó.
Esto refleja, continuó el economista, que no solo importa cuánto dinero está comprometido, sino también cuántas intervenciones se ven afectadas, pues en zonas como Puno la mayoría está vinculada a Saneamiento y agua potable.
En cuanto a sectores, Transportes y Comunicaciones concentra el mayor número de proyectos paralizados, con 694 obras (28,6% del total nacional) y un monto comprometido de S/11.811 millones. Le siguen Vivienda, construcción y saneamiento (S/8.182 millones), Agricultura (S/7.582 millones), Salud (S/5.460 millones) y Educación (S/1.628 millones).
Causas de la paralización
De acuerdo con la Contraloría, las principales razones detrás de la paralización de obras son: incumplimientos contractuales (25,1%), falta de recursos financieros (21,3%), y deficiencias en los expedientes técnicos (10,3%). A esto se suman causales como abandono de obras, controversias legales, arbitrajes e incumplimiento de pagos.
Como bien señaló Alzamora, estos problemas reflejan dos momentos críticos: por un lado, el expediente técnico —que se elabora de manera ex ante, en la etapa de planificación— y que requiere acompañamiento técnico adecuado para evitar errores que luego detengan la obra; y por otro, los incumplimientos contractuales que se presentan durante la ejecución, cuando es fundamental que los contratos definan con claridad los tiempos y los recursos necesarios para evitar paralizaciones.
La magnitud de los proyectos detenidos no solo refleja un serio problema de eficiencia en la ejecución pública, sino que también representa un alto costo de oportunidad para el crecimiento económico y el bienestar ciudadano, dado que los recursos comprometidos no se traducen en infraestructura ni en servicios básicos para la población.
En este contexto, Alzamora destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las autoridades —en especial de las municipalidades distritales, que son responsables de gran parte de estas obras— y valoró los esfuerzos recientes del Ministerio de Economía y Finanzas para brindarles acompañamiento técnico. Si bien los avances aún no son significativos, representan un paso hacia una ejecución más eficiente del gasto público.























