Acción Popular busca prohibir ampliación del Reinfo mientras que JP propone extenderlo una vez más
En la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Wilson Soto sustentó su proyecto de ley para frenar nuevas prórrogas del Reinfo. Desde la vereda contraria, Roberto Sánchez defendió la necesidad de ampliar este mecanismo hasta el 2026.
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En el marco de un nuevo emplazamiento del Ejecutivo para que el Congreso apruebe la Ley Mape, la Comisión de Energía y Minas sesionó este martes 9 de septiembre. Durante el desarrollo del debate parlamentario, se evidenciaron dos tipos de planteamientos respecto al plazo de formalización minera. Mientras que Wilson Soto, de Acción Popular, propone ponerle fin al Reinfo; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, plantea una prórroga más.
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Ambos legisladores tuvieron la oportunidad de sustentar sus iniciativas que persiguen objetivos distintos, ad portas de que venza el plazo de vigencia de este mecanismo que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal. Y es que, restan tan solo tres meses para que el Parlamento cumpla con la tarea de legislar el nuevo ordenamiento que regulará las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
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Reinfo bajo la lupa: sustentan proyectos de ley
Por lo pronto, hay varias propuestas sobre la mesa. Una de ellas es la de Soto que busca modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1263 para establecer la prohibición de nuevas prórrogas del Reinfo. Según reflexiona el parlamentario de Acción Popular, las ampliaciones del proceso de formalización minera han ofrecido resultados poco alentadores.
Del total de 87.111 mineros inscritos, solo 2.032 han logrado legalizarse (2,4%), mientras que el 79% ha sido suspendido por no cumplir con requisitos como contar con RUC, instrumento de gestión ambiental y registros ante Sunat. Pese a esta situación, se siguen extrayendo minerales y se adquieren insumos peligrosos como explosivos, lo cual pone en riesgo la seguridad pública.
"Las continuas ampliaciones del plazo de formalización han generado un círculo vicioso que ha debilitado la autoridad del Estado, alentado la informalidad y desvirtuado el objetivo inicial de la norma. "Esta medida busca poner fin a la práctica recurrente de solicitar ampliaciones sin resultados tangibles, obligando al Estado a implementar una política de formalización más realista, eficiente y orientada a resultados concretos", indicó durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas.
A su turno, el congresista Roberto Sánchez expuso los alcances de su proyecto que busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Según dijo, existe un limitado tiempo y una reducida voluntad política para solucionar los problemas de la formalización minera, que encuentra un obstáculo central: la acreditación de un contrato de explotación.
En ese sentido, consideró que sería una tarea "titánica" que se logre aprobar esta norma luego de haber fracasado en la anterior legislatura. Como se recuerda, la propuesta de dictamen que formuló Paul Gutiérrez no pudo ser aprobada en dos oportunidades debido a una serie de desacuerdos por su contenido que arrastraba los mismos problemas del Reinfo.
"Mientras que se trabaje la Ley Mape, hay la necesidad de prorrogar el proceso de formalización minera. Es una medida razonable para trabajar la norma dialogada con los propios actores. Adicionalmente, proponemos que el Minem suspenda las medidas de exclusión del Reinfo y norme la reincorporación de los pequeños mineros. El Estado no puede ser excluyente, debatamos los conceptos de la nueva minería", argumentó el también exministro de Comercio Exterior y Turismo.
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Roberto Sánchez propone revertir concesiones ociosas
Además de esta propuesta legislativa, Sánchez profundizó en los argumentos de su proyecto que pretende desconcentrar la acumulación de extensiones de tierra sin producir "en poder de pocas compañías". Para avanzar en este propósito, platea dos cambios a los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, refrendado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM.
El primero de ellos está relacionado con el pago del derecho a la vigencia por cada hectárea solicitada u otorgada y el segundo con la reducción de tiempo de caducidad de las concesiones ociosas, es decir, aquellas áreas que el Estado ha otorgado a un tercero y que durante 30 años, no han sido exploradas o explotadas.
La iniciativa de Sánchez va en sintonía con la exigencia de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que, en más de una oportunidad, ha enfatizado la necesidad de revertir las concesiones mineras ociosas para solucionar el problema del fracasado proceso de formalización.
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Para atender los dos problemas descritos anteriormente, el legislador de JP busca la modificatoria del artículo 39 del TUO de la Ley General de Minería, de modo que se mantenga el pago de derecho de vigencia en US$3, pero solo sobre 10.000 hectáreas. En caso hayan mayores concesiones, se subirá hasta US$5 para quienes tienen hasta 50.000 hectáreas, US$10 para los operadores con 100.000 hectáreas y US$20 para las compañías con concesiones por encima de esta última cantidad.
En segundo orden, se propone reducir el tiempo de caducidad de las concesiones ociosas de 30 a 15 años. Es decir, si en 10 años no se cumple con la producción mínima anual (PMA) de 1 UIT por año y por hectárea otorgada, se les otorgará solamente un periodo de gracia de cinco años, condicionado al pago de una penalidad equivalente del 10% de la PMA.
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Congreso acuerda citar al ministro de Energía y Minas
En la estación de informes, el presidente de la Comisión de Energía y Minas dio cuenta del oficio del ministro Jorge Montero, quien solicita asistir a la próxima sesión ordinaria de este grupo de trabajo para exponer los lineamientos de política de su sector, que incluye el proceso de formalización minera. Al respecto, Víctor Cutipa indicó que se le extenderá la invitación oficial correspondiente.
Recientemente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró la invocación a la comisión del Congreso para que priorice la aprobación de la nueva Ley Mape, que se encuentra estancada desde la anterior legislatura. Precisamente, el Poder Ejecutivo envió hace algunos días un documento con aportes que servirán como insumo para la elaboración de esta norma que debe reemplazar al Reinfo.
“Es muy importante legislar con un marco normativo que permita a la minería formalizarse. Solo así vamos a acabar con la delincuencia y vamos a permitir que todos los mineros trabajen de manera honesta, en beneficio de sus trabajadores y de sus familias”, dijo Arana a los medios de comunicación.

























