Ley Chlimper 2.0 bajo presión: MEF respalda beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras

A pocos días de que venza el plazo para que el gobierno decida el destino de la Ley Chlimper 2.0, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez defendió los beneficios tributarios otorgados a las grandes agroexportadoras que han contribuido al crecimiento del sector desde su promulgación en la década de los 90. Dicha declaración la dio en el marco de su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Si bien el titular del MEF fue citado para sustentar el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, también respondió las interrogantes de los legisladores. Ante la consulta del congresista Edgar Reymundo sobre el perjuicio fiscal de S/20.000 millones que generaría esta norma, Pérez-Reyes dijo que el análisis debe comprender también el impacto directo e indirecto que ha generado esta actividad.

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"Por ejemplo, genera empleo con efectos multiplicadores porque hay consumo. Ese consumo se refleja en mayores ventas y mayor IGV. Si miramos el nivel de recaudación tributaria del sector agrícola en el tiempo, la verdad es que se ha mantenido estable, a pesar de la caída en el Impuesto a la Renta. Si valorizamos todo lo que se ha agregado en términos de consumo, generación de empleo en la costa norte, el impacto es claramente mucho mayor", analizó.

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MEF resalta beneficios tributarios en agroexportación

Si bien los beneficios tributarios refrendados por normas del Congreso representan alrededor de S/26.350 millones, lo cual equivale al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), el titular del MEF consideró que el sector agrario se ha visto favorecido en cuanto al crecimiento de las exportaciones.

“Hemos pasado de exportar aproximadamente US$680 millones en el 2000 a un nivel de más de US$12.000 millones el año pasado. Parte de ese crecimiento viene con un dinamismo de la época en la que justamente las exportaciones tenían un beneficio tributario. No era que no pagaban impuestos, ya que pagaban un impuesto a la renta del 15%”, explicó a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que preside Alejandro Soto.

Lo que sí reconoció el ministro Pérez-Reyes es que en los últimos dos o tres años, hay un menor dinamismo en la contratación laboral dentro de la industria agroexportadora. A ello habría que sumarle que el 94% de los trabajadores tienen contratos temporales, pese a que la mayoría realiza labores de naturaleza permanente. Esta situación genera una restricción a la inversión en capacitación laboral, limita el acceso al sistema financiero y desincentiva el ejercicio de derechos ante el temor a la no renovación.

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Durante su alocución, el ministro alertó que este tipo de incentivos tributarios no pueden ser aplicados de forma indiscriminada a cualquier actividad. En su análisis, deben priorizarse aquellas industrias con ventaja competitiva y que aseguren un éxito exportador. Luego de ello, se debe complementar su acompañamiento a través de medidas que permitan su despegue.

"Si le damos una ventaja a una industria que va a seguir produciendo lo mismo y generando la misma cantidad de empleo, no le estamos haciendo ningún bien al país. Solo estamos reduciendo impuestos y no generando ni empleo ni actividad productiva”, anotó.

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Ley Chlimper 2.0 en manos del Ejecutivo

En más de una oportunidad, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y la Convención Nacional del Agro (Conveagro) han advertido acerca de las implicancias fiscales que traería la restitución de exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras. Se trata de un perjuicio de S/20.000 millones a las arcas públicas en en el lapso de 10 años, recursos que podrían destinarse a educación, salud y seguridad ciudadana.

Pero, la presión política y empresarial desató una campaña mediática que no se ajusta a la evidencia empírica, sino que busca mantener las tasas de ganancias de un sector de compañías ya consolidado. A la par, la Ley Chlimper 2.0 limita la fiscalización de Sunafil a las grandes agroexportadoras, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos laborales en dicho rubro.

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Teniendo en cuenta la complicidad del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para avalar esta norma, el panorama se muestra poco favorable. Desde Fentagro han realizado acciones de protesta para emplazar a Dina Boluarte a que observe la nueva ley agraria, aunque los dirigentes reconocen que es poco probable este escenario.

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo tiene hasta el 10 de septiembre para devolverla al Congreso o promulgarla en el diario oficial El Peruano. Si tomamos en cuenta las declaraciones de los titulares del MEF y del Midagri, es evidente la acérrima defensa a estos beneficios tributarios en el sector agroexportador.