IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal
Un estudio del Instituto Peruano de Economía revela que los proyectos mineros en el país tardan más que el promedio mundial por trámites, conflictos y permisos, lo que frena inversiones y abre espacio a la informalidad.
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En el Perú, poner en marcha un proyecto minero puede tomar hasta 40 años desde que se descubre un yacimiento hasta que empieza a producir.
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El dato, revelado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), supera con creces el promedio global de 28 años calculado por S&P Global. Y en el caso del cobre, la espera es aún más dramática: 62 años.
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Stephani Maita, economista senior del IPE, explicó a La República que “el proyecto que más tiempo tardó en desarrollarse fue Las Bambas, en Apurímac, con 105 años; le siguieron Quellaveco, en Moquegua, con 83 años, y Antamina, en Áncash, con 76 años”.
Trámites, conflictos y minería ilegal: un triángulo que frena inversiones
De acuerdo con el IPE, el 60% del tiempo total se consume solo en pasar de la exploración a la factibilidad. El resto se va en obtener permisos ambientales, autorizaciones y construir la mina. Maita detalló que la tramitología incluye procedimientos secuenciales que no pueden avanzarse en paralelo, trámites redundantes —como dos procesos de consulta previa en distintas etapas— y permisos fragmentados para agua, restos arqueológicos o combustibles.
La propuesta del instituto incluye implementar una ventanilla única digital, integrar procedimientos, y fortalecer instituciones como el SENACE y la ANA, que hoy enfrentan cuellos de botella por falta de recursos. “SENACE maneja una cartera de US$ 62.000 millones con apenas S/50 millones de presupuesto”, precisó Maita, advirtiendo que esto genera retrasos que superan ampliamente los plazos legales.
A ello se suma la necesidad de mejorar la relación con las comunidades, reforzando equipos de participación ciudadana y ajustando la distribución del canon minero para que realmente cierre brechas. “Distritos como San Marcos reciben los mayores montos de canon, pero no los ejecutan de forma eficiente, lo que frustra a la población”, señaló.
En paralelo, la minería ilegal no solo invade operaciones activas —como Patáz—, sino también proyectos en cartera, como Michiquillay (Cajamarca), Los Chancas y Haquira (Apurímac). Maita advirtió que la propuesta de reducir plazos de concesiones en el marco del debate por la Ley MAPE “es un despropósito”, pues no resuelve los cuellos de botella y abre la puerta a más ocupaciones ilegales.
Un costo económico y social millonario
La minería formal genera 2,1 millones de empleos y puede transformar economías regionales: Apurímac pasó de ser la región más pobre a ocupar el puesto 16 en PBI per cápita tras el inicio de operaciones, mientras que Cajamarca, con su producción de oro reducida en 64%, volvió al último lugar.
Según el IPE, si se ejecutara toda la cartera de proyectos, el impacto económico sería más del doble del PBI actual, con un efecto social capaz de reducir la pobreza en niveles similares a los de 2007-2019.
Mientras Chile y el Congo aprovechan los precios récord de los metales para aumentar su inversión minera, en el Perú esta permanece estancada en 2% del PBI desde 2020, menos de la mitad del pico alcanzado en el ciclo anterior.
