Doe Run: extrabajadores rechazan elección de nueva empresa liquidadora por conflicto de interés

Los acreedores laborales enviaron una carta a la PCM, en la que advierten un presunto conflicto de interés de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., que tendría vínculos con Doe Run Cayman, otra de las partes interesadas en el proceso de liquidación.

Los extrabajadores de Doe Run evalúan la convocatoria a protestas en caso se confirme la designación de Alva Legal como liquidador. Foto: Archivo LR
Los extrabajadores de Doe Run evalúan la convocatoria a protestas en caso se confirme la designación de Alva Legal como liquidador. Foto: Archivo LR

A través de una carta remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los extrabajadores de Doe Run cuestionaron la eventual elección de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva liquidadora de la empresa minera. Su principal argumento para oponerse a esta decisión, que aún no se oficializa, radica en que existiría un conflicto de interés e incumplimiento de requisitos por parte de la postulante.

Y es que esta firma, representada por Sonia Alva Rodríguez, mantiene un vínculo laboral con AYS S.A.C., acreedor de Doe Run Perú que tiene derecho a voto en el proceso concursal, lo que la convertiría en una especie de juez y parte. Dicha relación se ha puesto en evidencia en las últimas sesiones de la Junta de Acreedores cuando Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. se abstuvo o votó en contra de ratificar el convenio de liquidación.

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Como se recuerda, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi decidió enviar a Bolsa de Liquidación este caso que lleva más de 14 años con deudas impagas que perjudican a cerca de 3.500 trabajadores y sus familias. De esta manera, la entidad busca elegir a una nueva empresa que asuma el proceso de disolución de activos.

Extrabajadores de Doe Run denuncian conflicto de interés

Para los extrabajadores de la empresa minera, un acreedor que ha votado dos veces en contra del liquidador propuesto por ellos, no puede pretender postular y ser nombrado por Indecopi en el mismo caso. Además, cuestionan que Sonia Alva Rodríguez, representante de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi.

A renglón seguido, aducen que Alva Legal mantiene estrechos vínculos con el estudio Muñiz, una firma de abogados que representa a Doe Run Cayman, otra de las partes interesadas en el proceso. Pero, no solo es ello. También existe una relación con el Estudio Grau, defensa legal de Depósitos Químicos Mineros S.A.C.

Según los argumentos de los extrabajadores mineros, estos acreedores intentan recuperar las deudas millonarias antes que los empleados, Además, los acusan de resistirse a la conclusión del proceso de liquidación, así como a la venta de la Unidad Minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

"Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros y Alva Legal Asesoría Empresarial a través de AYS S.A.C. en liquidación, son los acreedores que se oponen a la culminación de la liquidación, desconociendo la prevalencia del crédito laboral de primer orden de pago, en un caso en el que no existen activos suficientes para pasar a pagar a los acreedores de tercer, cuarto y quinto orden de preferencia, tal como ha sido reconocido por los mismos acreedores de quinto orden distintos a los tres acreedores que denunciamos", se lee en el oficio que firman los representantes de los acreedores laborales.

Finalmente, solicitan una reunión urgente con la PCM y exigen su intervención en el caso, de modo que se garantice el respeto a sus derechos. Para ellos, los mismos acreedores mediante una Junta Única debería elegir al liquidador con el propósito de velar por el cumplimiento del pago a los extrabajadores.

"La designación de un liquidador por acción de los funcionarios públicos de la Comisión no es el más conveniente a los intereses de los acreedores laborales (...) De lo contrario, nos veremos obligados a tomar acciones radicales movilizando a los trabajadores tanto de la Unidad Minera Cobriza como del Complejo Metalúrgico de la Oroya", sentenciaron.

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