El fondo Brookfield reclama US$2.700 millones por proyecto vial en crisis financiera en Lima

En 2016, el gigante canadiense de infraestructura pagó US$430 millones para quedarse con la mayoría de la concesión de Rutas de Lima, un proyecto vial que prometía ingresos predecibles por peajes durante tres décadas.

La economía peruana crecía, el tráfico era intenso y el contrato garantizaba subidas periódicas en el cobro. Todo pintaba bien, hasta que todo salió mal.

Hoy, Brookfield no puede cobrar en algunos de los tramos más lucrativos, pierde dinero cada día y enfrenta un arbitraje internacional en el que exige US$2.700 millones al Estado peruano, una cifra que equivale a casi el 1% del PBI nacional. En paralelo, la concesionaria ha sido degradada a nivel “basura” por S&P Global Ratings y está al borde del default.

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¿Qué ocurrió? Una mezcla explosiva de indignación ciudadana, acusaciones de corrupción, arbitrajes internacionales y un alcalde populista apodado “Porky”, decidido a anular el contrato.

Un reportaje reciente de Bloomberg (junio de 2025) revela nuevas cifras y tensiones legales que complican aún más el caso y podrían tener repercusiones en el clima de inversión del país.

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Cuando las autopistas se convierten en trincheras

Brookfield adquirió la mayoría del proyecto cuando su socio original, la brasileña Odebrecht, todavía no se había hundido en el escándalo de corrupción más grande de América Latina.

Menos de un año después, en diciembre de 2016, la constructora admitió ante un tribunal de EE.UU. haber pagado sobornos en al menos 12 países, incluido Perú.

El contrato de Rutas de Lima, firmado durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, no tardó en quedar bajo sospecha.

Villarán será juzgada en septiembre por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de otorgar la concesión. Ella lo niega, aunque admite que recibió aportes de Odebrecht para una campaña política.

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Años después, las consecuencias se sienten en cada cabina de peaje desmantelada y en cada arbitraje internacional perdido por la Municipalidad de Lima.

“Ratas de Lima”, dice sin rubor el alcalde Rafael López Aliaga, quien ha hecho del conflicto su bandera política. En su narrativa, la defensa de los más pobres pasa por rechazar el pago de compensaciones millonarias a empresas extranjeras que, según él, se beneficiaron de contratos corruptos.

Pero el enfoque combativo tiene consecuencias.

La deuda no paga peaje

Desde 2022, la empresa Rutas de Lima acumula flujo de caja negativo, de acuerdo con personas citadas por Bloomberg. El reportaje también señala que, tras la cancelación de peajes clave, el proyecto recauda aproximadamente la mitad de los ingresos que originalmente se proyectaron, lo que ha afectado su sostenibilidad financiera.

El deterioro operativo es tal que S&P ha rebajado cuatro veces su calificación crediticia en los últimos dos años, la más reciente en mayo, cuando pasó a CCC-, un nivel cercano al default. Según la agencia, la empresa podría dejar de pagar su deuda este mismo año.

Brookfield sostiene que la ciudad de Lima y el Estado peruano violaron un contrato válido, refrendado por paneles arbitrales. Dos tribunales ya fallaron a favor del gestor canadiense, otorgándole más de US$200 millones en compensaciones, sumados a intereses.

En marzo pasado, una jueza federal de Washington, Ana Reyes, ratificó ambas decisiones. En la audiencia, Reyes ironizó que la situación era como en El día de la marmota: “Lo único que han hecho [Brookfield] es presentar un caso y ganarlo, y ganarlo, y ganarlo...”.

Pero Lima no paga. Y por eso, en una escalada reciente, Brookfield ha llevado el caso directamente contra el Estado peruano, invocando el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. El argumento: que el Estado no garantiza la ejecución de laudos arbitrales reconocidos por cortes estadounidenses.

Brookfield aún mantiene en su balance una participación del 57% en Rutas de Lima, valorada en US$1.300 millones, según su último informe anual, y no ha descontado el valor del activo, según fuentes de Bloomberg. La empresa considera que la ciudad le debe a sus socios todos los años de peajes no recaudados.

López Aliaga contrató al abogado Martin De Luca, vinculado al entorno del presidente Donald Trump, y ha utilizado sus vínculos con círculos conservadores de EE.UU. para posicionar el caso como una lucha del “pueblo de Lima contra la corrupción”. Brookfield, por su parte, contrató al excongresista Connie Mack IV, también republicano, quien acusa al alcalde de “frivolidad legal”.

Mientras tanto, la ciudadanía paga el costo invisible de la incertidumbre. Sin ingresos completos, sin mantenimiento garantizado, sin mejoras sustanciales en la infraestructura vial.

¿Y el Estado peruano?

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aseguró que el caso debe resolverse “en las instancias judiciales y arbitrales correspondientes”. Asegura que otros inversionistas no han manifestado preocupación alguna por el caso Rutas de Lima.

Pero no todos comparten su optimismo. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, advirtió que si Perú incumple el pago de laudos arbitrales, “se sentaría un muy mal precedente” para futuros inversionistas.

Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, va más allá: “Este caso deteriora la reputación que el país ha construido como destino de inversión en infraestructura”.

Y es que si una empresa internacional —que ya ganó dos arbitrajes— no logra cobrar lo que se le reconoce por vía legal, ¿qué señales se le están dando a los fondos globales que buscan invertir en proyectos similares?

Una advertencia para los fondos globales

El nuevo arbitraje de Brookfield reclama el valor total del proyecto: US$2.700 millones, lo que lo convierte en una de las disputas internacionales más grandes por infraestructura en Perú. La empresa ha dicho públicamente que su confianza en el país “se ha visto sacudida” y que no considerará nuevas inversiones si no se resuelve el caso.

Como han advertido analistas de Aberdeen Investments, el interés global por infraestructura sigue siendo alto, pero las apuestas en economías en desarrollo deben ser más que cálculos financieros. También son apuestas jurídicas, sociales y, en casos como el de Lima, profundamente políticas.

Al final del día, lo que Brookfield creyó que era un contrato sólido y blindado, resultó ser una vía con más baches de los previstos.

Claves de Bloomberg

• Confirma pérdidas millonarias sostenidas: Bloomberg revela que Rutas de Lima ha registrado flujo de caja negativo desde 2022, según fuentes cercanas al caso. Es la primera vez que se detalla con claridad el deterioro financiero sostenido de la concesión.
• Estima que se ha perdido cerca del 50% de los ingresos previstos: como consecuencia de la cancelación de peajes por decisión del municipio y protestas ciudadanas, la concesión recauda solo la mitad de lo proyectado inicialmente.
• Advierte posible default en el corto plazo: S&P Global rebajó en mayo la calificación crediticia de Rutas de Lima a CCC-, lo que la coloca oficialmente en territorio especulativo y en alto riesgo de impago, algo que no se había mencionado con tanta claridad antes.
• Muestra el contexto político más polarizado: el reportaje amplía el conflicto con el alcalde Rafael López Aliaga, quien se niega a acatar laudos arbitrales, tilda el arbitraje de “fraude” y ha convertido la eliminación de los peajes en bandera política. Se exploran también sus nexos con abogados cercanos a Donald Trump.
• Se destaca la escalada a nivel del Estado peruano: aunque los arbitrajes iniciales eran contra la Municipalidad de Lima, Bloomberg informa que Brookfield ha escalado el conflicto directamente contra el Estado peruano, invocando el Tratado de Libre Comercio con Canadá, aludiendo a falta de pago e incumplimiento de laudos arbitrales ya validados en cortes de EE.UU.

*Toda la información le pertenece a Bloomberg