Intento de golpe al Ministerio Público buscaría afectar las Elecciones 2026

La irrupción de Patricia Benavides en el Ministerio Público para intentar tomar ilegítimamente el cargo de fiscal de la Nación significó para Delia Espinoza el primer paso de un golpe a la democracia. Especialistas consultados por La República coinciden con dicha postura y agregan que pretender capturar esta y otras instituciones tiene como fin dar un golpe de Estado blando direccionando las próximas elecciones.

No es un sinsentido. Sucede que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está integrado por cinco miembros. Estos son representantes de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial), la Junta Nacional de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las universidades privadas y públicas, respectivamente.

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Es el JNE es el ente que se encarga de organizar las elecciones generales y, además, de garantizar su legitimidad. Un ejemplo cercano de la importancia de ello son las elecciones del 2021, en el que Fuerza Popular y sus aliados instauraron la narrativa del fraude, negando la victoria en las urnas de Pedro Castillo.

Fue la máxima instancia electoral, en ese entonces precedida por el magistrado Jorge Salas Arenas, la que analizó el pedido de nulidad de 802 mesas de sufragio y apelaciones solicitado por el partido naranja, las cuales no procedieron y se declaró ganador a Castillo Terrones. He ahí la importancia de que cada uno de los miembros del JNE no tenga motivaciones políticas.

La toma del sistema de justicia y su relación con el sistema electoral

Pues bien, la Junta Nacional de Fiscales Supremos forma parte del Ministerio Público, institución que el JNJ intentó desestabilizar al reponer a Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

“Si ellos (grupos de poder) hubieran tomado la Fiscalía, hubieran podido finalmente elegir como representante en el JNE a alguien funcional a sus intereses”, alerta Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en temas de magistratura.

La misma dinámica aplica a las otras instituciones con representación en la máxima instancia electoral.

En el caso de la representación de las universidades públicas y privadas, el Congreso ha venido legislando reformas y leyes afines a los intereses económicos de las casas superiores de estudios.

Por otro lado, en cuanto a la representación de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero último, la JNJ intentó destituir a la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, al recibir y tramitar una denuncia de un coronel en retiro. La denuncia también acusaba a otros cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia por un supuesto error al resolver un proceso de carácter laboral como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Finalmente, tras una fuerte defensa de Tello y el apoyo del Colegio de Abogados de Lima (CAL), el tema no prosperó.

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De la misma forma, respecto al miembro de la JNE elegido por el CAL, desde el 15 de mayo de este año, se ha iniciado una campaña de ataques contra el decano de esta institución, el abogado Raúl Canelo. Se trata de un proceso aperturado por el Consejo de Ética del mismo Colegio que acusa al letrado.

En declaraciones a este medio, Canelo señaló que la medida tiene tintes políticos, pretendiendo silenciar a la actual gestión y obtener el manejo total de la institución.

Asimismo, precisó que el actual representante del CAL en el JNE es Willy Ramírez, quien culmina su gestión el 28 de febrero del 2026, por lo que en diciembre de este año se realizarán las elecciones de su sucesor.

“En efecto, el Colegio de Abogados tiene que llevar adelante la elección de un miembro ante el JNE. Entonces hemos resultado hartos e incómodos a estos grupos de poder porque ellos consideran que deberían estar a cargo de la elección. Habían intentado que la Junta de Decanos de los Colegios esté a cargo, pero como eso necesitaba ser aprobado en dos legislaturas y nos les dio el tiempo, entonces, se ensañan con nosotros y cuestionan mi directiva en el CAL”, anotó Canelo.

Captura del sistema de justicia viene desde el 2022

Ante esto, la letrada Cruz Silva enfatiza en que, en realidad, la captura al sistema de justicia inició en el año 2022 cuando se eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional y continuó el 2023 y 2024 cuando los integrantes de la JNJ que investigaban a Patricia Benavides fueron retirados.

“Se trata de un golpe lento soterrado a la estructura del Estado de derecho que se ha venido dando desde el 2022. Se ha tomado el TC, la JNJ, la Defensoría y el Congreso, que mantiene alianza con el Ejecutivo, ha reactivado el uso de las denuncias constitucionales para criminalizar a los actores de justicia”, anotó.

En este sentido, Silva alertó: “Estamos ante algo grave porque ya no solo estamos hablando de perjuicio al derecho de acceso a la justicia ni transparencia, sino de que no habría libertad para elegir a los gobernantes. Las elecciones estarían maniatadas para promover que gane quien luego no respete la regla democrática de los cinco años, la salida del poder, el respeto a las otras instituciones y la separación de poderes”.