Guido Valdivia de Capeco: “Hay que promover la vivienda social donde sea posible. Municipios no pueden parar eso”

Este 2025, el sector construcción no recuperará aún la pérdida sufrida en 2023 (-7,9%). En diálogo con La República, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) anota los proyectos de inversión auspiciosos, pero también los costos de la criminalidad al PBI sectorial.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra Miraflores, espera que se destraben los proyectos inmobiliarios y se zanjen los conflictos con la comuna de Carlos Canales. Además, critica la eventual creación del Ministerio de Infraestructura, que el Ejecutivo busca apresurar.

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— El sector construcción creció en 2024, pero muy por debajo de lo esperado. ¿Cómo inician este 2025 y qué perspectivas hay?

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— La perspectiva de un crecimiento algo mayor. Está el promedio de las estimaciones del BCR, MEF, consultoras privadas y nuestra encuesta que nos habla de un crecimiento de alrededor de 3,5%, lo cual es mejor que el año pasado. Recordemos que en 2023 hubo una caída de 7,9%, lo que quiere decir que, aun con este resultado, no estaríamos recuperando los niveles que se tenían en el 2022. Nuestro nivel actual de producción es inferior.

— ¿Cuál sería una tasa de crecimiento saludable y realista?

— Si al año debemos crecer entre 4,5% y 5% en el PBI para reducir pobreza y generar competitividad, tendríamos que crecer por lo menos el doble en inversión. Con el déficit de infraestructura acumulado, necesidad de vivienda reprimida y las potencialidades como carreteras, trenes, energía, obras hidroeléctricas, es una cifra razonable pensar en 9%, pero, lamentablemente, hay un producto potencial que no pasa de las cifras que estamos consiguiendo ahora.

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— La previsión de 3,5% ¿en qué componentes principales vendría apalancada?

— La obra pública, que creció 10,5% el año pasado, va a crecer alrededor de 4,5% este año, y la obra privada, un crecimiento cercano a 3,2%. El consumo interno de cemento debe estar en alrededor de 3,2%.

— Proinversión ha estado dinámico, ¿qué proyectos ven con buenos ojos?

— La cartera que tiene Proinversión para el 2025 es bastante auspiciosa, que bordea los US$8.000 millones, y tiene como puntos importantes la Carretera Longitudinal de la Sierra, que une cinco regiones del centro del país y vincula el eje vial. Es una inversión de US$1.600 millones.

Luego hay un conjunto de corredores viales en varias zonas de la sierra, que cruzan esta carretera longitudinal. Estamos hablando de US$1.100 millones. Hay también proyectos de APP para el tratamiento de aguas residuales en ocho ciudades del país. Es un proyecto de más de US$1.000 millones.

— Se advierte otro incumplimiento de la regla fiscal. ¿Qué impacto podría tener el déficit en materia de financiamiento de infraestructura?

— Corregir el déficit tiene un objetivo fundamental, no aumentar el riesgo de inflación. Tenemos una buena posición financiera, buenas reservas, una gestión del Banco Central muy proactiva, pero no se puede mantener un déficit fiscal fuera de los límites que establecen las propias reglas del Ministerio de Economía.

Eso genera una presión a la inflación y una incertidumbre respecto a la capacidad del país de cumplir sus obligaciones internacionales. Este déficit puede afectar la calificación crediticia y aumentar el costo financiero internacional para proyectos vinculados al Perú, no solamente para préstamos.

— ¿Cuáles son las trabas burocráticas urgentes? ¿Está zanjada la controversia con Miraflores tras el fallo del TC ?

— Hay que promover la vivienda social ahí donde sea posible. Es falso que en distritos como en San Isidro no hay. ¿Qué es el complejo residencial de Santa Cruz, el complejo de Barboncito en Miraflores y las torres de Limatambo en San Borja? Lo que ha hecho el TC es poner orden aquello que ya había dicho: Tiene que haber vivienda social.

Las municipalidades no pueden parar eso y hay que respetar la seguridad jurídica. El alcalde (Carlos Canales) paró obras sin esperar el pronunciamiento en segunda instancia del Ministerio de Vivienda.

— ¿Cuántos proyectos fueron paralizados al cierre 2024?

— No es fácil saber cuántos proyectos están ahora parados, pero el caso más dramático fue el de Miraflores, eran 100 proyectos que estaban en diferentes etapas del proceso de aprobación. Inclusive, no todos estaban vinculados a los programas de vivienda social. Había proyectos aprobados con una legislación de edificación sostenible.

— ¿Cuánto es el perjuicio económico que genera la criminalidad al sector?

— Una estimación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) decía que era 3% del PBI el costo de la seguridad. Si esa cifra se lleva al PBI de la construcción, es de S/1.200 millones al año solamente en seguridad.

— Capeco forma parte del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Confían en el ministro del Interior? ¿Qué planes efectivos les ha dado a conocer?

— El tema no es el ministro. Si se cambia, viene otro, pero si no se fija claramente un plan realizable que entienda que el problema está en las economías criminales y no en los sicarios o los que roban celulares, todo va a fracasar. Nosotros vamos a ir a donde nos convoquen y vamos a exigir que se tenga un plan operativo.

— ¿Confían en un plan efectivo en este gobierno?

— Hay que ver para creer, pero para ver hay que estar. Dialogar no significa claudicar. Tenemos una posición independiente. No es un cheque en blanco. Hay que hacer una reforma fuerte en la Policía.

— ¿Cuál es la principal objeción de la creación del Ministerio de Infraestructura?

— El 60% de la obra pública se hace con Gobiernos regionales y locales, y la gran mayoría de obras son pequeñas. Crear un ministerio para hacer lo mismo que se supone hace la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) no tiene sentido.

Además, no están todas las entidades. Por ejemplo, Sedapal, Essalud o las reguladoras. Estamos haciendo un arroz con mango. En vez de concentrarse en obras, se está tratando de regular la infraestructura en una sola entidad como si fuera lo mismo construir hospitales que trenes. Eso es volver al siglo XIX, al Ministerio de Fomento.