El deber de proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial
Diego Saavedra.
En junio de este año, el Congreso de la República desestimó y archivó el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, que proponía modificar la Ley N° 28736 para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Este proyecto de ley no solo buscaba que sean los Gobiernos Regionales los que decidan la creación de reservas PIACI, sino que pretendía sostener que los PIACI no existen, y que crear reservas para estos pueblos limita el acceso a proyectos y servicios a las poblaciones locales; en consecuencia, que no se pueden aprovechar dichos territorios para la extracción de recursos. Es decir, para quienes impulsaron este Proyecto de Ley, los PIACI representan un problema para el desarrollo.
Todos estos argumentos fueron desmentidos al punto de dejar en evidencia que las motivaciones estaban más ligadas a intereses económicos. De hecho, la Ley N° 28736 no limita ni impide que las poblaciones cercanas a territorios PIACI accedan a servicios y derechos. Si el desarrollo o los servicios básicos no llegan, no es por los PIACI, sino por décadas de incapacidad en la gestión estatal. Es innegable la precariedad en la que se encuentran muchas poblaciones en la Amazonía, pero esto no es exclusividad de zonas cercanas a territorios PIACI.
Los pueblos en aislamiento y contacto inicial habitan territorios y bosques amazónicos con altos niveles de biodiversidad. Territorios que se ven amenazados por el incremento de actividades ilegales, la deforestación, la promoción de proyectos de infraestructura vial sin análisis de que sus impactos negativos representan una amenaza real sobre la que deberíamos centrar el debate.
No debería existir un debate sobre la existencia de los PIACI. Los estudios y documentos oficiales señalan la existencia de 25 pueblos en aislamiento y contacto inicial solo en el Perú. Cuestionar la existencia de los PIACI, no solo es un sinsentido frente a la información oficial y estudios con los que se cuentan, sino que es un atentado contra los pueblos indígenas. Debemos fijar el debate en identificar formas para fortalecer el marco institucional, sus capacidades y los sistemas de protección en favor de los PIACI. Existe una brecha presupuestal en el sector cultura que termina debilitando los esfuerzos para dicho fin. Además de la Ley N° 28736, también existe un régimen transectorial especial que cuenta con mecanismos de sanción que aún no ha sido implementado. Debemos cerrar esa brecha presupuestal y de capacidades que permitiría mejorar la operatividad de los puestos de control. Aquí la articulación entre sociedad, organizaciones indígenas y el Estado debe partir de la complementariedad y no de la desconfianza.
Asimismo, los PIACI representan una población vulnerable, no solo por su vulnerabilidad frente a enfermedades foráneas, sino por la presión que se vienen manifestando sobre sus territorios. Además, debemos reconocer la importancia de los PIACI y sus territorios para la Amazonía. En ese ejercicio, la articulación entre las ciudades amazónicas, y la agenda PIACI, es un pendiente ciudadano, así como un ejercicio pedagógico y político que debemos atender para que no se imponga una primacía de interés económicos contra derechos fundamentales de nuestros compatriotas.
En tiempos de efectos terribles del cambio climático, la protección y defensa de los bosques amazónicos es un deber. El modelo de desarrollo no puede continuar aferrado al extractivismo, debemos construir alternativas sostenibles, y eficaces que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Proteger a los PIACI y sus territorios, es sumar en la esperanza de mantener una Amazonía viva, sostenible, una esperanza de que podamos mantener la vida en el planeta.
[PUBLIRREPORTAJE]
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024