Perú tuvo resultado adverso en solo 3 de 16 casos ante el CIADI
Controversias. En los casos perdidos, el pago efectuado por el Estado fue menor al que pedía el demandante. Califican como saludable el comportamiento del país de cara a la inversión.
Por: Israel Lozano G.
Cuando una empresa que invierte en Perú siente que se han vulnerado sus derechos, puede acudir ante una entidad supranacional para resolver la controversia.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una de ellas y para Perú, al cierre del 2018, son 16 los casos que han llegado hasta estas instancias de los cuales en solo tres se consiguieron resultados desfavorables para el país.
Así lo remarca el recientemente publicado Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. “De la totalidad de los casos concluidos se observa una porción pequeña de casos desfavorables (3 casos) de los cuales solo se ha dado una materialización que representa el 0,09% del total de la exposición histórica”, se lee en el documento.
El exministro de Economía Alonso Segura explicó que con exposición histórica se refiere a cuánto representaría para Perú asumir lo que pide el demandante como indemnización, independientemente de si esta tiene sustento o no.
"En realidad es saludable porque es parte de las reglas de juego de ser un país con grado de inversión. Los casos en que hemos perdido efectivamente había argumentos para perder, pero hemos ganado la mayoría. Esa es la forma como funciona", dijo a este diario.
Como se observa en la gráfica, los casos en promedio demoraron entre 5 y 6 años para conseguir una respuesta.
"Asimismo, los pagos que se han originado por sentencias desfavorables, se han encontrado en niveles muy inferiores a las pretensiones de los demandantes (por ejemplo, EN el caso Beer Creek el monto de la sentencia representó 3,5% de la pretensión)", sostiene el Marco Macroeconómico.
Mina Santa Ana
El caso Bear Creek está relacionado con el proyecto minero Santa Ana en Puno. El economista Humberto Campodónico recuerda que fue en noviembre del 2007 cuando el gobierno de Alan García promulgó un decreto supremo que declaraba de necesidad pública la inversión de la minera canadiense Bear Creek en la región Puno y la autoriza a poseer concesiones mineras dentro de los 50 km de la frontera con Bolivia.
Pero en junio del 2011 derogó dicho decreto argumentando que "habría circunstancias que implicarían la desaparición de las condiciones exigidas legalmente".
Además, prohíbe las actividades mineras en la zona “para resguardar las condiciones ambientales y sociales”, eufemismo para referirse a las fuertes protestas sociales que desembocaron en el 'aimarazo'", recordó Campodónico.
Bear Creek fue al CIADI amparándose en el TLC con Canadá y en noviembre se obtuvo el fallo. “El laudo acogió el pedido de Bear Creek, pero no aceptó el pedido de indemnización por US$ 297 millones. Esta debía limitarse a los montos invertidos –US$ 18 millones, más intereses y gastos– porque si bien tenía la concesión, le faltaba aún obtener varios permisos para poder viabilizar el proyecto”, recuerda el economista.
Un caso donde Perú evitó el pago fue con Renco Group, relacionado con las operaciones y medidas de remediación ambiental en La Oroya. La empresa, que se amparó en el TLC con EEUU, pedía una indemnización de US$ 800 millones que el CIADI desestimó en el 2016.
"El Perú ha mostrado una conducta transparente, asegurando los principios rectores sobre promoción de la inversión”, dijo el MEF en aquel entonces.
“Es saludable porque es parte de las reglas de juego de ser un país con grado de inversión. Los casos que hemos perdido efectivamente había que perder, pero hemos ganado la mayoría”. Alonso Segura, exministro de Economía.
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Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024