Orgullo en las calles, derechos en disputa: pese a avances, violencia hacia la comunidad LGBTQ persiste

El Pride, una vez más, no solo fue celebración. También fue recordatorio de que la igualdad sigue siendo una tarea pendiente.
La Marcha del Orgullo volvió a concentrar a miles de personas en las calles de Lima en una jornada marcada por la visibilidad, la protesta y la exigencia de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Colectivos señalaron que el escenario político actual mantiene pendientes estructurales en materia de reconocimiento, protección y acceso a derechos básicos.

En el Perú, activistas y organizaciones advierten que, junto con algunos progresos normativos, se ha consolidado un clima político de creciente tensión en torno a los derechos de la diversidad sexual y de género, especialmente en el ámbito legislativo.

PUEDES VER: Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Escenario de tensión política

Uno de los puntos más discutidos recientemente es la aprobación de la Ley N.° 32671, que declara junio como el Mes de la Vida y la Familia. La norma fue impulsada por la congresista y virtual senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. También contó con el apoyo de bancadas conservadoras del Congreso y fue aprobada en el Pleno con amplia mayoría.

La medida fue cuestionada por organizaciones LGBTIQ+, que señalan que ya existen fechas oficiales para la familia —como el Día de la Familia Peruana en septiembre y el Día Internacional de las Familias, promovido por la ONU, en mayo— y que su aprobación en junio tiene una carga simbólica en disputa con el Mes del Orgullo.

En ese contexto, la Marcha del Orgullo funciona como un espacio de denuncia. Para María Fernanda Rey, activista del colectivo organizador, el escenario actual refleja una falta de reconocimiento institucional sostenida.

'Este Congreso nos ha dejado jurídicamente huérfanos. No tenemos ninguna ley que nos reconozca plenamente como ciudadanos', señaló. Desde su perspectiva, uno de los principales problemas es la ausencia de avances en el reconocimiento de las familias diversas y la protección jurídica en ámbitos como salud, herencia y acceso a la justicia.

PUEDES VER: Congreso declara junio "mes de la vida y la familia" entre críticas por opacar el Mes del Orgullo LGBT+

Rey también advierte que el contexto político ha limitado el avance de la agenda de derechos. 'Estamos bastante preocupados porque la oleada política es conservadora. Eso nos quita campo para progresar en leyes', sostuvo, al referirse a las dificultades para impulsar reformas legislativas en el Congreso.

Por su parte, la activista Lesly Quispe, de la organización Féminas, remarca que el actual escenario político no solo impacta en el plano normativo, sino también en la construcción de imaginarios sociales sobre la diversidad.

'Se está tratando de invisibilizar todo lo relacionado con el género, y eso afecta directamente a la comunidad LGBTIQ+, especialmente a las personas trans', afirmó. Según explica, la reducción de contenidos sobre diversidad en espacios educativos y públicos podría tener efectos en las nuevas generaciones.

Ambas activistas coinciden en que las personas trans continúan siendo las más vulnerables dentro de la comunidad LGBTIQ+, pues enfrentan mayores niveles de violencia, exclusión y barreras en el acceso a servicios básicos.

Datos que revelan la violencia

En paralelo, cifras de organizaciones como Promsex y el Observatorio de Derechos Humanos TLGBI reportaron que en 2025 se registraron 54 asesinatos y 171 vulneraciones de derechos contra personas LGBTIQ+ en el país, lo que da cuenta de la persistencia de la violencia estructural.

El Congreso mantiene una dinámica desigual en el tratamiento de iniciativas vinculadas a derechos de la población LGBTIQ+. Mientras algunos proyectos avanzan con rapidez, otros permanecen relegados. El Proyecto de Ley N.° 8294/2023-CR, presentado por la congresista Susel Paredes, plantea incorporar los crímenes de odio en el Código Penal, incluyendo agravantes por orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, la iniciativa permanece estancada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin debate sustantivo.

Según especialistas, la falta de una tipificación específica de crímenes de odio en el sistema penal peruano limita la respuesta del Estado frente a hechos de violencia motivados por prejuicio.

A ello se suma la ausencia de una ley de identidad de género y el hecho de que la violencia no solo es física, sino también institucional y simbólica. La falta de reconocimiento legal de familias homoparentales, por ejemplo, genera situaciones de desprotección en casos concretos como el acceso a documentos de identidad, decisiones médicas o derechos de filiación.

Pese a ello, encuestas recientes muestran que una amplia mayoría de peruanos respalda el trato igualitario ante la ley para personas LGBTIQ+ y rechaza los discursos de odio, lo que evidencia una brecha entre opinión pública y acción institucional.

En ese contraste se resume el escenario actual: una marcha masiva que reafirma la visibilidad en el espacio público, pero que, al mismo tiempo, expone la distancia entre el reconocimiento social y la protección efectiva desde el Estado.

Una lucha que no termina

Más allá del carácter conmemorativo que ha tenido históricamente, las organizaciones insisten en que la Marcha del Orgullo es también una manifestación política.

'No es una fiesta, es una protesta por derechos. Somos ciudadanos, pagamos impuestos y también exigimos igualdad', sostiene Quispe.

En ese sentido, el mensaje del Pride 2026 se articula en torno a la visibilidad de las familias LGBTIQ+ y la resistencia frente a lo que consideran retrocesos en materia de derechos. 'Seguimos existiendo y seguiremos existiendo', resume Rey.