
El exceso de velocidad y la informalidad en el transporte siguen cobrando vidas en las pistas del Perú. Solo entre enero y abril de 2026, el país registró 1.126 muertes por accidentes de tránsito, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), mientras especialistas alertan que diariamente ocho personas fallecen y otras 150 resultan heridas en siniestros viales.
El problema, advierten expertos, se agrava por la imprudencia de conductores, el incumplimiento de las normas de tránsito y la escasa fiscalización en calles y carreteras. De acuerdo con Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el 62% de los accidentes está vinculado directamente al exceso de velocidad.
'Mientras mayor es la velocidad de impacto, más graves son las consecuencias. Si no se respetan los límites permitidos, aumentan exponencialmente las probabilidades de un choque fatal', sostuvo.
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Las recientes tragedias ocurridas en la Panamericana Sur evidencian la gravedad de la crisis vial. En los últimos días, al menos cinco personas murieron en violentos accidentes registrados en Villa El Salvador y Chorrillos, donde estuvieron involucradas combis, minivanes y vehículos de carga pesada.
Durante recorridos por distintas avenidas de Lima también se identificaron constantes infracciones: colectivos informales circulaban con puertas abiertas, había maniobras temerarias, vehículos estacionados en zonas prohibidas y choferes que aceleraban incluso con la luz ámbar del semáforo.
Para Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), la situación requiere cambios urgentes en el Código Penal y sanciones más severas para conductores que ocasionen muertes bajo agravantes como manejar ebrios, exceder la velocidad o pasarse la luz roja. 'Las personas que causan accidentes graves siguen manejando como si nada. Las sanciones existen, pero no se aplican', cuestionó.
Villegas también señaló que el incremento de papeletas no ha solucionado el problema y, por el contrario, alimenta actos de corrupción. En ese sentido, planteó reducir el costo de las multas y reforzar las sanciones penales efectivas contra los infractores reincidentes. Especialistas coinciden en que el país necesita fortalecer la educación vial, combatir la informalidad en el transporte y aumentar la fiscalización para frenar el aumento de víctimas en las carreteras y calles del país.
Recientemente, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó un dictamen que permite, de manera excepcional, que conductores con licencias canceladas —incluidos aquellos sancionados por manejar en estado de ebriedad— puedan iniciar un nuevo trámite para recuperar sus brevetes de conducir de clase A, categoría 1.
La iniciativa amplía hasta julio de 2027 el plazo para acceder a este beneficio y exige que los solicitantes no tengan multas pendientes, acrediten cursos de seguridad vial y no registren antecedentes penales o judiciales recientes. Sin embargo, expertos consideran que estas condiciones podrían resultar insuficientes para evitar la reincidencia de conductores que anteriormente pusieron en riesgo la vida de pasajeros y peatones.
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