Conductores sancionados por ebriedad podrían recuperar licencia: así avanza la nueva ley del Congreso

El Congreso dio un nuevo paso en una iniciativa que vuelve a generar cuestionamientos en materia de seguridad vial. La Comisión de Transportes aprobó un dictamen que permite, de manera excepcional, que conductores con licencias canceladas —incluidos aquellos sancionados por manejar en estado de ebriedad— puedan iniciar un nuevo trámite para recuperar sus brevetes de conducir de clase A, categoría 1.

La medida amplía hasta el 31 de julio de 2027 el plazo para acogerse a este beneficio, siempre que los solicitantes cumplan requisitos como no tener multas pendientes, acreditar cursos de seguridad vial y no registrar antecedentes penales o judiciales recientes. Sin embargo, el avance de esta propuesta reabre el debate sobre una posible flexibilización del sistema sancionador.

Solo en 2025 se registraron más de 53.000 accidentes de tránsito en Lima Metropolitana, de los cuales más de 480 fueron fatales, con un saldo de 512 fallecidos. En lo que va del 2026, los siniestros mortales suman 159 casos, con 184 víctimas, muchos de ellos asociados a la imprudencia al volante, incluido el consumo de alcohol.

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Alcances del dictamen y antecedentes de la propuesta

El dictamen aprobado tiene como base el proyecto de Ley 9490, impulsado en 2025 y conocido como la 'ley del borrachito'. En su versión inicial, la propuesta planteaba que conductores inhabilitados pudieran recuperar su licencia mediante descuentos en multas y cursos de reeducación, lo que generó el rechazo de especialistas y autoridades.

El nuevo texto mantiene el enfoque de permitir que conductores sancionados accedan a un nuevo trámite para obtener licencia. Entre los posibles beneficiarios figuran quienes la perdieron por la infracción M01, vinculada a conducir en estado de ebriedad.

El dictamen establece que los solicitantes deberán esperar al menos dos años desde la inhabilitación, contar con documentos vigentes, no registrar deudas por multas y presentar constancias de capacitación, además de certificados de no tener antecedentes penales o judiciales recientes. Según el Congreso, estas condiciones buscan garantizar la seguridad vial y la proporcionalidad de las sanciones.

Sin embargo, especialistas advierten que estos requisitos podrían no ser suficientes para evitar la reincidencia. La preocupación radica en que se permita el retorno a las vías de conductores que anteriormente representaron un riesgo para la seguridad de terceros.

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Advierten retroceso en seguridad vial

El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, cuestionó que el Congreso avance en medidas que, a su juicio, priorizan la flexibilización de sanciones en lugar de fortalecer la educación vial, la fiscalización y el cumplimiento efectivo de las normas.

Además, advirtió que las multas elevadas —como las de S/5.500 por conducir en estado de ebriedad— podrían generar incentivos perversos. “Se vuelve una invitación a negociar en lugar de cumplir la sanción”, señaló a Canal N. En esa línea, instó al Pleno a revisar la propuesta: “Se corre el riesgo de debilitar el sistema de control y de enviar un mensaje equivocado sobre el respeto a las normas”, enfatizó.