
La Contraloría General de la República informó que, tras una auditoría de cumplimiento, identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que habrían gestionado de manera irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante 2023 y 2024. Según el reporte, los trámites favorecieron a conocidos, terceros y también a personal de la propia entidad.
Las observaciones se concentraron en dos prácticas: registros de emisión de DNI sin sustento de pago y el uso de la gratuidad del DNI sin cumplir requisitos o sin adjuntar la documentación correspondiente, pese a que el beneficio está dirigido a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe de control citado por la Contraloría, se detectaron 436 trámites de DNI ingresados en el Sistema Integrado Operativo (SIO) sin que se acreditara el pago exigido en el TUPA. Para permitir el avance del proceso, algunos usuarios del sistema seleccionaban la opción de pago “pérdida”, como si se hubiese extraviado la constancia, y el campo “recibo de banco” quedaba completado con ceros, lo que evitaba que el sistema solicitara vincular un comprobante válido.
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Bajo esa modalidad se registraron gestiones para trabajadores, compañeros de oficina y otras personas. La entidad fiscalizadora señaló que la mayor cantidad de casos se ubicó en la oficina descentralizada de San Pablo (Loreto) y en la Oficina Registral de Lurín (Lima). En esta última, se advirtió un ejemplo con cuatro trámites para un mismo servidor. Además, los registros pasaron por revisión y aprobación sin que se detectara la falta de pago, en procedimientos cuyas tasas pueden llegar hasta S/41, según el tipo de trámite.
La auditoría también reportó 266 casos vinculados al uso indebido o sin sustento de la gratuidad del DNI destinada a sectores vulnerables. En estos expedientes, se habrían ingresado solicitudes en el SIO amparándose en resoluciones internas que habilitan exoneraciones de manera excepcional y temporal para supuestos como discapacidad, afectación por desastres o siniestros, adultos mayores y personas en pobreza o extrema pobreza, pero sin adjuntar los documentos que respalden esa condición.
Entre los ejemplos, se mencionó que en la Oficina Registral de Chosica dos trabajadores habrían tramitado DNI gratuitos para compañeros sin acreditar afectación por emergencias. En Huancayo (Junín), se advirtió un caso similar en beneficio propio sin sustento. También se identificaron debilidades en la evidencia de trámites por discapacidad: en algunos registros no figuraban documentos como el carné del Conadis o no quedaba respaldo ni en el sistema ni en el archivo físico. La Contraloría informó que halló indicios de presunta responsabilidad penal en tres trabajadores y responsabilidad administrativa en 69 servidores.
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